13 DE NOVIEMBRE SE CUMPLEN  18 AÑOS DE SU ASESINATO

Lucrecia Pérez Matos dejó la República Dominicana buscando una vida mejor. Llegó a Madrid con la esperanza de encontrar un trabajo y pagarle una carrera a su hija Kenia. Tras pasar veinte días trabajando en casa de un matrinomio, la dueña la despidió porque Lucrecia no sabía cómo poner una lavadora, ni siquiera cómo se usaba un grifo. Fue entonces cuando buscó refugio en una discoteca abandonada en Aravaca, donde ya dormían unos cuantos inmigrantes. Nunca imaginó que días más tarde un grupo skin-neonazi capitaneado por un guardia civil la mataría a tiros.

Sus asesinos pasaron el día bebiendo. Alguno de ellos propuso “dar un susto a los sudacas” que vivían en el local abandonado. Esa misma noche Lucrecia Pérez Matos fue asesinada, y otro de sus compañeros dominicanos, César Augusto Vargas, resultó herido grave. Los cuatro asesinos (tres menores de edad) fueron detenidos a los 14 días y lo confesaron todo ante la policía. Uno de ellos aseguró que tras el asesinato, el guardia civil (el único mayor de edad) dijo refiriéndose a los dominicanos: “Se han comido tres plomos como tres chuletas de cordero. Que se los repartan como puedan”. Lo cuenta el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, en su libro ‘Los crímenes del odio‘, que debería ser de lectura obligada en todos los colegios.

“Los asesinos no buscaban a Lucrecia Pérez Matos, sus disparos fueron indiscriminados contra los dominicanos que cenaban una sopa a la luz de una vela. El objetivo era cualquier inmigrante que tuviera el mismo color de piel que Lucrecia. Ella había nacido en la República Dominicaba treinta y tres años antes y su muerte fue el primer asesinato xenófobo oficialmente reconocido en España, aunque con toda seguridad hubo otras víctimas anteriores. Sencillamente la mataron por ser inmigrante, pobre y negra; el odio, albergado en gente desalmada, era la pólvora del crimen” (Pág. 114 de ‘Los crímenes del odio’).

El guardia civil que los comandaba, Luis Merino Pérez, fue condenado (como autor responsable) por un delito de asesinato y otro en grado de frustración, con la concurrencia en ambos de las circunstancias agravantes de disfraz y allanamiento de morada, a un total de 54 años de prisión, 30 y 24 años por cada delito respectivamente. En calidad de coautores de ambos delitos, la sentencia condenó a Felipe Carlos Martín Bravo, Víctor Julián Flores Reviejo y Javier Quílez Martínez a 24 años de prisión a cada uno. Aunque se les aplicaron los mismos agravantes, el hecho de que fueran menores se consideró atenuante.