El Ministerio de Trabajo e Inmigración se vio ayer sometido a una catarata de críticas sobre el nuevo Reglamento de Extranjería por parte de representantes de la judicatura y de la diplomacia latinoamericana en Madrid, presentes en un debate de Casa América sobre el contenido de esta norma, actualmente en fase de borrador. Las quejas más amargas, sin embargo, se centraron en la práctica policial de identificar extranjeros por la calle por sus características físicas para iniciar procedimientos de expulsión, algo que el Ministerio del Interior niega y a lo que Trabajo no pudo dar respuesta.

Abrió el fuego el consejero de la Embajada de Ecuador en Madrid, Leopoldo Rovayo, quien denunció públicamente que la norma deja la puerta abierta a situaciones de "irregularidad sobrevenida". El diplomático explicó que, al estar la renovación del permiso de residencia ligada a cierta situación económica, algo tan habitual en estos tiempos como quedarse en paro puede hacer que una persona que estaba en situación regular se encuentre de pronto en situación irregular al no poder demostrar ingresos en el momento de renovar su permiso. "No veo justo que se trate a los inmigrantes de manera utilitarista", añadió Robayo, quien aseguró que existe un "profundo vacío" en el Reglamento para este tipo de casos, cada vez más frecuentes como consecuencia de la crisis económica y el desempleo masivo.

La secretaría de Estado de Inmigración, representada en el debate por el director general de Inmigración, Markus González, aseguró que este tipo de casos están regulados desde las modificaciones introducidas en 2009, fruto del pacto social entre empresarios y sindicatos. Preguntado posteriormente, Markus aseguró que no hay una relación directa entre la falta de ingresos y la expulsión y que "depende de otras circunstancias". El consejero ecuatoriano se reafirmó en su denuncia. El asunto de la irregularidad sobrevenida ha sido denunciado también públicamente por abogados especialistas en extranjería.

Los grupos políticos han manifestado esta mañana en la comisión de justicia del Congreso una sólida unión al condenar el robo y las adopciones irregulares de niños cometidos entre los años 40 y 90. "Es una vergüenza". "Es indignante". "Un atentado contra la dignidad y una muestra de la miseria humana muy difícil de digerir" se les oyó a los diputados decir en la cámara tras escuchar a las víctimas exponer sus casos.

Enrique Vila, abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), aseguró que 1000 personas quieren sumarse a la denuncia presentada el pasado 27 de enero en la Fiscalía General del Estado con 261 casos de robo de niños. "Y serán más porque tenemos casi 5.000 correos electrónicos de afectados que todavía no hemos podido responder", ha añadido Antonio Barroso, presidente de Anadir. Vila ha pedido a los diputados presentes en la comisión de justicia que tomen medidas urgentes: "¿Cuántos españoles han muerto ya o van a morir sin saber si son hijos robados por sus padres adoptivos?".

Mar Soriano, presidenta de la plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España y hermana de una niña supuestamente sustraída en la clínica de O'Donnell de Madrid en 1964, ha relatado "lo fácil que resultaba inscribir como hijo biológico a un hijo adoptado" en España durante la dictadura franquista. Soriano ha pedido al Ministerio del Interior que inscriba a estos niños robados en la base de datos del programa Fénix de desaparecidos en condiciones violentas y que se declare un día especial dedicado a los afectados por el robo de niños. "Propongo el 18 de julio por ser el día en que comenzó la pérdida de libertades".