Los grupos políticos han manifestado esta mañana en la comisión de justicia del Congreso una sólida unión al condenar el robo y las adopciones irregulares de niños cometidos entre los años 40 y 90. "Es una vergüenza". "Es indignante". "Un atentado contra la dignidad y una muestra de la miseria humana muy difícil de digerir" se les oyó a los diputados decir en la cámara tras escuchar a las víctimas exponer sus casos.

Enrique Vila, abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), aseguró que 1000 personas quieren sumarse a la denuncia presentada el pasado 27 de enero en la Fiscalía General del Estado con 261 casos de robo de niños. "Y serán más porque tenemos casi 5.000 correos electrónicos de afectados que todavía no hemos podido responder", ha añadido Antonio Barroso, presidente de Anadir. Vila ha pedido a los diputados presentes en la comisión de justicia que tomen medidas urgentes: "¿Cuántos españoles han muerto ya o van a morir sin saber si son hijos robados por sus padres adoptivos?".

Mar Soriano, presidenta de la plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España y hermana de una niña supuestamente sustraída en la clínica de O'Donnell de Madrid en 1964, ha relatado "lo fácil que resultaba inscribir como hijo biológico a un hijo adoptado" en España durante la dictadura franquista. Soriano ha pedido al Ministerio del Interior que inscriba a estos niños robados en la base de datos del programa Fénix de desaparecidos en condiciones violentas y que se declare un día especial dedicado a los afectados por el robo de niños. "Propongo el 18 de julio por ser el día en que comenzó la pérdida de libertades".

Tras escuchar sus intervenciones, los portavoces de todos los grupos en la comisión de justicia, han mostrado su repulsa a los hechos denunciados y han pedido que se persiga y se condene a los culpables. "Que salga a la luz todo lo que tenga que salir", declaró Susana Camarero, del PP. "Las personas que cometieron estos gravísimos delitos, médicos, matronas, religiosas...desafortunadamente, siguen gozando hoy de honorabilidad. Hay que quitársela y castigarles", opinó Emilio Olabarria, del PNV. "Desde mi grupo lanzamos una súplica para que se busque la verdad por todos los medios y se depuren responsabilidades", añadió Jordi Jané (CiU). "Vamos a hacer todo lo que haga falta para que se haga justicia", declaró Carmen Juanes, del PSOE. El diputado de ERC Joan Tardá se felicitó por el hecho de que el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se hubiera "puesto las pilas", a su juicio, en este asunto, al ordenar a todas las fiscalías provinciales que investiguen a fondo los casos recibidos.

Todos los grupos se han comprometido a convocar nuevas comparecencias relacionadas con el robo de niños en esta comisión, a intentar remover los obstáculos que se presenten en las búsquedas y a presionar a las instituciones a ayudar a los afectados.