Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Rosa Ordónez García, afectada por participaciones preferentes. / CARLOS ROSILLO

La madre de Rosa Ordóñez García enviudó hace cuatro años, desde entonces vive con una pensión de 500 euros mensuales. Sus padres emigraron a París en plena posguerra española. Allí trabajaron duramente y ahorraron todo lo que pudieron con mucho sacrificio. En 1969, regresaron a Madrid, y el padre de Rosa trabajó como ortopedista en un negocio del centro de la capital, donde se pasó media vida confeccionando fajas, plantillas y corsés. Gracias a este trabajo y a la espartana economía doméstica de la madre, la familia logró hacerse con un colchón familiar de 95.000 euros.

Hasta la fecha, la familia no ha necesitado tocar este dinero, pero ahora el hermano de Rosa atraviesa una difícil situación financiera y necesita utilizar estos ahorros. Sin embargo, el banco donde guardan el dinero ha trastocado sus planes y no les dejan sacar ni un euro porque han invertido su dinero en participaciones preferentes.

Rosa Ordóñez tiene 40 años y vive en el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid. Esta mujer menuda, de pelo corto y ojos alegres, confiesa que en los últimos meses ha hecho un cursillo acelerado de economía. Madre e hija no se pierden ni una de las reuniones que organiza una de las asociaciones de usuarios de cajas y bancos en su minúsculo despacho del barrio Delicias. “Ya no sabemos dónde recurrir, estamos desesperadas. Por culpa del banco, a mi madre se le ha ido el sueño. No sabemos qué hacer para que nos devuelvan lo que es nuestro”, se lamenta.

La relación de la familia Ordóñez García con las participaciones preferentes comenzó una mañana en 2003. El padre de Rosa bajó a su entidad de la calle del Marqués de Corbera y depositó los ahorros de toda su vida en un mismo producto. El director, con el que tenía confianza, le vendió el producto remarcándole que era tan bueno que solo tenía ventajas. Las condiciones le parecieron atractivas: un alto interés del 4% y lo que más le convenció era que podría disponer de su dinero en el momento que quisiera, tan solo pagando seis euros. No dudó ni un segundo en firmar el contrato.

Rosa no se explica cómo han llegado a esta situación. “Cuando vamos a preguntar, nos dan largas. No nos ofrecen ninguna solución que nos convenza. En todas las posibles alternativas somos nosotras las que salimos perdiendo”. Rosa añade que tampoco ayuda que los dos empleados que les vendieron las participaciones preferentes ya no trabajen en esta sucursal del barrio de La Elipa.

“Está claro que los bancos hacen negocio con nosotros, pero a ellos les interesa cuidarte para que sigas siendo su cliente. El empleado te conoce, sabe a qué te dedicas y tu nivel de conocimientos sobre el tema. Al igual que otro comercial debe informarte bien del producto”, razona Rosa.

Muchos afectados por las participaciones preferentes se sienten indefensos y no saben qué hacer para recuperar el dinero. La mayoría no se encuentra con ánimo para denunciar a los bancos. Creen que si estas entidades han conseguido engañarles, también serán capaces de ganarle en el juicio. Sin embargo, desde hace unos meses algunos tribunales de Murcia, Valencia, Zaragoza o Mallorca están fallando a favor de los pequeños ahorradores.

El caso de la familia Ordóñez García comparte muchas similitudes con el de Marta, nombre ficticio, una pequeña ahorradora de 66 años que este mes ha ganado la batalla a su banco para recuperar el dinero que invirtió en participaciones preferentes. Su particular lucha empezó en septiembre de 2011 cuando asesorada por su abogado, Jaime Navarro García, demandó a su banco. En menos de un año, la inversora ha conseguido que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) le devolviera los 45.504 euros que había colocado en este producto financiero.

La primera vez que Marta tuvo contacto con las preferentes ni siquiera sabía el tipo de producto que le estaban ofreciendo. El 26 de octubre de 2006, en una de sus visitas al banco, preguntó a un empleado dónde podía invertir el dinero que tenía en otro depósito cuyo plazo vencía. Este trabajador le recomendó que colocara sus ahorros en un producto seguro y rentable, garantizándole que podía retirar el dinero cuando quisiera. Salvo esta información, el empleado no le dio más detalles. Tres años después, Marta quiso retirar su dinero, pero en el banco le informaron de que no era posible que retirara sus ahorros porque el producto que había comprado era de carácter perpetuo; es decir, que había adquirido un compromiso de inversión para toda la vida.

El caso de Marta no es el único. En España, al menos una veintena de clientes ha ganado el pulso al banco. Todos los afectados han ganado por la misma causa: al tratarse de pequeños inversores no daba con el perfil adecuado y los bancos no les informaron adecuadamente de las condiciones del producto.

“Estos procesos llevan su tiempo, no hay que desesperar”. Es el primer consejo que da a todos los afectados Jaime Navarro García, el abogado valenciano que defendió a Marta ante la CAM. Cuando Marta se animó a denunciar, entregó al abogado todos los contratos que había firmado con esta entidad. Uno de los documentos más importantes es el llamado test Mifid, que evalúa los conocimientos financieros de cada inversor. Navarro estudió toda la documentación, consideró que Marta tenía “bastantes posibilidades de poder ganar el juicio al no tener los conocimientos financieros y económicos suficientes para comprar un producto tan complejo”.

Ante el juez, el representante de la CAM alegó que el empleado que la atendió fue un intermediario de la empresa y le que informó perfectamente de las características del producto a su clienta. La ahorradora aclaró que nadie le advirtió de los riesgos que asumía, ni siquiera le dijeron que se trataban de participaciones preferentes. El juez dio la razón a la afectada al considerar que el banco no le había dado información clara y completa para que pudiera tomar una decisión libre y consciente.

Las entidades financieras españolas comenzaron a emitir y vender participaciones preferentes en 1999. Este producto, un instrumento complejo y de riesgo elevado para pequeños y medianos inversores, fue ofrecido a los clientes a través de sucursales de 52 cajas y bancos, en muchas de ellas hasta principios de 2011. Hasta 2011 las colocaron por un valor total de 31.634 millones de euros entre 700.000 clientes.

El mayor volumen de emisión de participaciones preferentes a minoristas se produjo entre 1999 y 2004, con el Gobierno del PP. En estos años se suscribieron participaciones por valor de 18.300 millones de euros. En noviembre de 2004 cambió la normativa y se endurecieron las condiciones por lo que el ritmo de suscripción cayó drásticamente. Pero en 2009, otra vez la emisión se disparó (11.300 millones) como consecuencia de que los bancos volvieron a recurrir con fuerza a estos productos porque necesitaban recapitalizarse.

La mayoría de los afectados son jubilados. Muchos de ellos fueron educados en la cultura del ahorro. Los bancos ofrecen algunas posibilidades como canjear las participaciones por acciones en el caso de Bankia, Santander o la CAM. Otros como BBVA, el Banco Popular o Caixabank ofrecen bonos convertibles a sus clientes. Otras entidades han optado por cambiar las participaciones por depósitos a largo plazo como CajaSur o BBK.

La sentencia que ganó Navarro a la CAM abre una esperanza a miles de pequeños inversores que, como Rosa, se sienten estafados. “Son buenas noticias que te hacen pensar que no todo está perdido”, comenta. En las asambleas, un grupo de jóvenes abogados asesora a los pequeños ahorradores. Dentro de poco la asociación de afectados presentará una demanda conjunta. Todavía ninguna asociación ha ganado una demanda múltiple. Habrá que esperar