Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

María Eugenia Arias, boliviana de 43 años, no sabe cuánto va a cobrar este mes. Desde que llegó a Madrid, hace cuatro años, trabaja 15 horas a la semana en casa de una familia con tres hijos. Su sueldo es de 400 euros mensuales, pero le han advertido de que va a bajar “un poco” para compensar lo que a partir de ahora deben pagar por ella a la Seguridad Social. Ella, que tiene siete hijos y un marido que no cotiza, no se ha quejado. “Hace tres meses, otra familia para la que trabajaba me despidió cuando les pedí que me dieran de alta. Ni me avisaron. Lo dije un viernes y, al volver el lunes, me pagaron lo que me debían y me dijeron que no regresara”, recuerda.

La incorporación de todas las trabajadoras domésticas al régimen general de la Seguridad Social, obligatoria incluso para las discontinuas que acuden por horas a distintos domicilios, ha servido para mejorar las condiciones laborales del colectivo, pero ha traído también consecuencias negativas para miles de mujeres como María Eugenia, que han visto sus sueldos mermados o han sido despedidas porque sus empleadores no han podido (o querido) asumir el sobrecoste de las cotizaciones.

Ante la amenaza del despido, la mayoría se ven obligadas a aceptar una rebaja de salario, especialmente las inmigrantes que al no cotizar pueden perder su permiso de residencia y, aún peor, la tarjeta sanitaria, a la que no tendrá derecho ningún extranjero que no cotice a partir del 1 de septiembre. “Mi marido cuida a una persona mayor seis horas todos los días, pero él no ha conseguido que le hagan contrato. Así que yo no tengo más remedio que seguir trabajando por menos dinero. Eso ahora no me importa. Solo me importa que mis hijos puedan ir al médico”, dice María Eugenia.

Las alternativas que este martes propuso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, para que las trabajadoras que no han conseguido ser contratadas puedan seguir cotizando no convencen a los colectivos. Darse de alta como autónoma, suscribir un convenio especial con la Seguridad Social o recurrir a empresas de servicios domésticos son propuestas caras, complejas y que incluso pueden conducir a abusos. “Las ETT [empresas de trabajo temporal] y las agencias de colocación se están aprovechando de esta situación y precarizando aún más los sueldos. Han reducido el valor de la hora de trabajo de 10 a 5 euros”, denuncia el sindicato Sindihogar, que el sábado organizó una concentración en Barcelona para exigir soluciones para las discontinuas.

La nueva regulación ha traído también consecuencias negativas para las extranjeras sin permiso de trabajo, a las que no se les puede hacer contrato aunque se quiera. “Cada vez menos personas quieren emplearnos porque el Gobierno nos va a quitar la tarjeta sanitaria. Las familias tienen miedo de que nos pase algo en sus casas y luego tengan que pagar ellas los gastos del médico”, explica Rosemarie, otra boliviana de 46 años.

Rosemarie lleva trabajando como interna en España desde 2007, tras dejar en su país a cuatro hijos, pero nunca ha cotizado. Podría haber conseguido un permiso de trabajo por arraigo a los tres años de su llegada, pero ninguno de los empleadores que ha tenido desde entonces ha querido hacerle los papeles. “Y eso que era interna y ya antes estaban obligados”, lamenta. Ahora, tras perder su último trabajo hace un mes, ha llamado a todas las puertas que conoce sin encontrar nada.

“Es una pena que una ley que en teoría es positiva tenga consecuencias tan negativas en su aplicación a causa de las políticas de extranjería y sanitaria. Estamos condenando a la exclusión social a miles de inmigrantes”, advierte María Alexandra Vásquez, abogada del centro Pueblos Unidos de Madrid que asesora a extranjeros. Su propuesta: que para conseguir el permiso de trabajo baste con demostrar un arraigo social de tres años, sin necesidad de presentar una oferta de trabajo como obliga ahora la ley.