No hay presupuesto para el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes. El Consejo de Ministros acordó en marzo dejarlo a cero. En 2011 contaba con solo 67 millones de euros, fruto de las reducciones que ha venido sufriendo desde que llegara a alcanzar en la pasada Legislatura una dotación de hasta 200 millones de euros en 2009.
No es de extrañar, por tanto, que la Conferencia Sectorial de Inmigración que presidió ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, estuviera marcada por la extinción presupuestaria del Fondo.
«Nos ha limpiado el fondo entero. Ellos dijeron que iban a mantenerlo y a dialogar con las comunidades autónomas y la ministra ha llegado, ha soltado su rollo y se ha ido», se quejaba el consejero de Justicia e Interior de Andalucía, Emilio de Llera —según recogía Europa Press—, quien ante «esta merma brutal» de las partidas destinadas a inmigración ha avisado de que Andalucía verá «afectados» sus servicios en este ámbito. «La ministra ha dejado en solitario a las comunidades autónomas», sentenciaba.
Al malestar andaluz se unía el Gobierno catalán, cuyo conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, explicaba la «asfixia económica y social» del Ejecutivo regional después de incrementar en 1,2 millones de euros el presupuesto en integración tras la eliminación del fondo de acogida por parte del Gobierno.
El Español retornado
En la Sectorial, que a partir de ahora tratará también temas de Emigración, han participado la secretaria General de Emigración e Inmigración, Marina del Corral; y consejeros autonómicos de Madrid, Andalucía, Asturias, Cataluña y Ceuta, mientras el resto de gobiernos regionales envió directores generales al encuentro, que coincidió en fecha y hora con el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Respecto a los emigrantes, Báñez presentó en la Conferencia el borrador de Real Decreto para redefinir la figura del Español Retornado que ya anunció su departamento el pasado mes de febrero y que aspira a clarificar y unificar los requisitos que se exigen en las distintas comunidades autónomas a quienes regresan para acceder a las prestaciones a las que tienen derecho.
«Nace con la ambición de articular un documento único que permita el acceso a todas las prestaciones relacionadas con el retorno de un español, sea cual sea la Administración responsable de las mismas», apuntó Báñez, para explicar que la intención es colaborar con las autonomías «para que sea válido este certificado».
En declaraciones a los medios y recogidas por Ep, Del Corral ha concretado la necesidad de adoptar esta medida como marco estatal porque la normativa vigente puede permitir que se trate como emigrante retornado a un español que «nunca ha vivido en el país», y que en función de la comunidad autónoma de residencia, quien haya regresado tenga limitado su acceso a unas prestaciones u otras.
Menor, extranjero y no acompañado
El Gobierno ofreció también a las comunidades autónomas un proyecto de protocolo para dar una respuesta integral a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España o viven ya en el país.
Este protocolo, pendiente de elaboración desde la aprobación en 2009 de la Ley de Extranjería, marcará las pautas que deben seguir las administraciones públicas desde la detección del menor hasta su documentación o deportación.
No obstante, Del Corral puntualizó que «no impondrá nada» a los gobiernos regionales, sino que ofrecerá instrucciones sobre «qué se debe hacer y quién debe hacerlo» ante situaciones como la determinación de la edad del menor, su derivación a servicios sociales o su tutela por parte de una comunidad autónoma. «Está aún en una fase muy embrionaria», añadió.
