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MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro comunidades autónomas --Aragón, País Vasco, Cataluña y Andalucía-- tendrán que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, tal y como prevé el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado por el Gobierno, a partir del mes de septiembre.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, quien ha señalado que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría ser inconstitucional porque afecta a estos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico aprobadas con doble tramitación parlamentaria que un Real Decreto Ley no puede derogar.

Según ha señalado, aunque en su opinión, lo más adecuado hubiera sido que el Ejecutivo cursara una reforma de la Ley de Extranjería por la vía parlamentaria dado que la modificación emprendida afecta al derecho fundamental a la salud de las personas que viven en España, el Real Decreto Ley aprobado sí puede reformar esta norma directamente, porque el artículo al que se refiere "no tiene carácter orgánico".

Cosa distinta ocurre con los estatutos de autonomía, ya que según el jurista, "el Real Decreto Ley no parece un vehículo suficiente para poder modificarlos" y, en cualquier caso, "resulta altamente problemático" desde el punto de vista jurídico. "El Tribunal Constitucional ya se pronunció en su día y fue en el sentido de fijar que en las cuestiones básicas como estas, Gobierno puede regular, pero no cuando está afectando a derechos fundamentales y, sobre todo, cuando entra en contradicción con un estatuto de autonomía", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que si las comunidades autónomas afectadas no modifican sus normas, podría darse el caso de que un extranjero en situación irregular reclamase ante la justicia su derecho a acceder a una tarjeta sanitaria amparándose en el estatuto de autonomía de su territorio de residencia, obviando el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Aguelo ha avanzado que la Abogacía estudiará "al detalle" el contenido del Real Decreto Ley publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado así como las implicaciones de su aprobación y, en su caso, darían traslado al Defensor del Pueblo instando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

En cuanto a la reforma en sí, que dejará a unas cien mil personas sin tarjeta sanitaria a partir del próximo 31 de agosto, Aguelo plantea la necesidad de "examinar si garantiza el contenido esencial del derecho a la salud de todas las personas tal como el mandato constitucional lo garantiza" ya que "se está restringiendo directamente" el acceso de los inmigrantes a la atención primaria, "afectando a sus derechos fundamentales".

Según ha explicado, no es cierto que los extranjeros sin permiso de residencia "se traigan a sus familiares" para que se beneficien del sistema español de salud. En primer lugar, los inmigrantes en situación irregular acceden a la tarjeta sanitaria en calidad de personas sin recursos y, como no cotizan, no tienen posibilidad de introducir en ella a ningún familiar, ni hijos ni ancianos.

"Si se trata de inmigrantes de países no europeos en situación irregular, esto no es posible porque no pueden ejercer ningún derecho a la reagrupación familiar. No sé a qué se puede referir (el Gobierno)porque parece improbable que una persona en situación irregular pueda traer a alguien a España para aprovecharse del sistema, cuando esta persona está en una situación jurídica muy precaria y expuesta continuamente a la expulsión del territorio", ha explicado.

Cuando se trata de extranjeros que sí tienen permiso de residencia, Aguelo también descarta el planteamiento de que traigan a familiares para que se beneficien del sistema, porque para que un extranjero traiga a España a sus padres mayores de 65 años o a sus hijos menores de edad --los únicos que se pueden reagrupar--, debe cursar un proceso de reagrupación, que tiene que ser autorizado por la Administración y que está sujeto a muchos requisitos.

Si la persona que trae a su hijos a España está trabajando y cotizando en el país, podrá incorporar a los niños a su tarjeta sanitaria, igual que hacen el resto de los españoles, porque "a mismas obligaciones, mismos derechos", conforme recuerda el experto en extranjería.

Respecto a los posibles abusos cometidos por los europeos, a quienes no se restringe el acceso a la tarjeta sanitaria, Aguelo incide en que "podrá regularse desde un punto de vista organizativo acorde con el mandato europeo y analizar cómo ordenar el pago de esas prestaciones sanitarias" que reciben en España pero que debería pagar la Seguridad Social de sus países de origen.

Para Aguelo, en cualquier caso, "estas limitaciones en la gestión no tienen nada que ver con restringir la asistencia sanitaria" a las personas que hasta ahora tenían derecho a recibirla.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, afirmó el pasado viernes tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros hay "personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

"Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", dijo la ministra.