Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Los "fundamentos" que respaldan esta medida, ha enfatizado la presidenta argentina, son "claros y precisos". Entre las 50 páginas de la norma que habilita al Estado a tomar el control de la empresa se afirma que "a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF". El texto entrará este mismo lunes en el Parlamento.

La mandataria argentina ha citado durante su discurso a EL PAÍS —en concreto, un artículo titulado El trampolín argentino de Repsol— para declarar inmediatamente a continuación que "esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza ni va a responder ningún exabrupto". También, durante su intervención, ha afirmado que la curva de la desinversión de Repsol se parece mucho a la trompa de un elefante.

Con vistas al futuro, la presidenta ha garantizado desde la Casa Rosada que su Gobierno impondrá en YPF, que gestiona un tercio de la producción de hidrocarburos del país, "una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada". Actualmente, el Estado ya tenía un representante en la dirección de la empresa. Sin embargo, Fernández de Kirchner ha confirmado la "remoción" de todos los directores de YPF, "titulares y suplentes" una vez se apruebe la nacionalización.

Según ha continuado, el ministro de Planificación, Julio de Vido, el que dijo que nadie le iba a pasar por la izquierda, estará al frente de YPF, junto a Axel Kicillof, cuya experiencia en la industria petrolera es nula. Sin embargo, era el que llevaba la voz cantante en las negociaciones del Gobierno argentino con el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Tras amenazar con la expropiación de YPF durante semanas, el Gobierno argentino al final ha anunciado la medida pese a la ofensiva diplomática iniciada por el Ejecutivo español. Desde el gabinete de Mariano Rajoy, quien esta misma semana viaja a Latinoamérica para participar en la cumbre del G20 de México, su titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, advirtió de que la nacionalización de la petrolera supondría una ruptura entre ambhos países, y "no solo en términos económicos". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció "medidas" si optaban por la expropiación y el ministro de Industria, José Manuel Soria, con "represalias".

Hasta ahora, Repsol controlaba el 53,47% de YPF, mientras que el grupo argentino Petersen tiene otro 25,46%. La presidenta argentina ha alentado desde hace meses la escalada contra Repsol, a quien acusa de no invertir lo suficiente, lo que según su versión ha hecho bajar la producción y está forzando a Argentina a importar petróleo. Repsol se había comprometido a más inversiones sin llegar a convencer al Ejecutivo de Fernández de Kirchner, con quien se quiso reunir Brufau en las pasadas jornadas sin éxito. En función de la compensación que Argentina entregue por la petrolera, que no está aclarada, la expropiación provocaría graves pérdidas para la española, quien tiene el control de YPF desde 1999.

Precisamente, Fernández de Kirchner ha explicado que los orígenes del conflicto que ha llevado a la expropiación surgieron cuando se "desnacionalizó" YPF en 1998.

YPF supone la mitad de la producción de Repsol (472.000 barriles día); algo menos de la mitad de sus reservas (en torno a los 1.000 millones de barriles de un total de 2.180 millones) y un tercio del beneficio bruto (1.230 millones de euros). Según datos de la petrolera, en el último lustro, el total de las inversiones realizadas por YPF en Argentina ha sido de 11.000 millones de dólares (8.330 milones de euros) y ha triplicado la cifra de dividendos repartidos por la empresa (3.500 millones de dólares).

Tras conocerse la intención del Gobierno argentino, que ha tenido lugar con el mercado español ya cerrado, las acciones de YPF se han desplomado en la Bolsa de Nueva York. Los inversores estadounidenses tienen unos 4.000 millones en la filial de Repsol. No obstante, parece que la expropiación no afectará a este capital.