Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Correa espera firmar en las próximas semanas dos grandes contratos con mineras internacionales dentro de los cinco megaproyectos, todos al sur del país, que el Gobierno tiene previstos. Se trata de los proyectos Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Kinrros Aurelian, y Mirador, concesionado a la china ECSA (Ecuacorriente), los cuales buscan explotar reservas de oro y cobre, respectivamente, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

El viceministro de Minas de Ecuador, Federico Auquilla, asegura a EL PAÍS que los dos contratos citados se suscribirían “en este primer trimestre” de 2012, y significarían en los primeros dos años una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.

Auquilla prevé que se firme un tercer proyecto este año, denominado Río Blanco, concesionado a la canadiense San Luis Minerales (International Minerals Corporation) para la extracción de oro en la provincia del Azuay, en la sierra sur del país.

Los otros dos megaproyectos que impulsa el gobierno ecuatoriano son Quimsacocha, con la canadiense Iamgold, para la extracción de oro en Azuay, y San Carlos Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a cargo de la china ECSA. A este último proyecto se refirió el presidente Correa al hablar de la segunda mina de cobre más grande del mundo, pues tendría unos 6,3 millones de toneladas.

Para el analista económico Walter Spurrier, Ecuador ha estado rezagado en comparación con otros países andinos en cuanto a la minería. “Ecuador tiene buenas reservas petroleras, pero que se van a agotar en un lapso relativamente corto. Y por ello dentro de la estrategia de crecimiento de largo plazo del país, la actividad minera es muy importante”, opina Spurrier.

Las autoridades ecuatorianas habían anunciado la firma de los primeros contratos mineros para fines del año anterior, en especial el relacionado al proyecto Fruta del Norte, que presenta reservas certificadas de 6.4 millones de onzas de oro, una inversión inicial de 1.100 millones de dólares y una renta minera para Ecuador del 52%. Sin embargo, la revisión de detalles contractuales y técnicos ha demorado la firma.

Spurrier señala que uno de los temas sensibles sería la determinación de los mecanismos de arbitraje en caso de que se produjeran controversias. El viceministro Auquilla, no obstante, asegura que las mineras han aceptado el cumplimiento de la disposición constitucional que prohíbe celebrar contratos internacionales “en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Pero el principal reto que tendrán los planes mineros del Gobierno de Rafael Correa será la oposición de organizaciones indígenas y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la cual ha expresado su preocupación por que la minería a gran escala genere contaminación del agua, alto impacto ambiental y afectación de derechos colectivos.

“Para nosotros esto es el continuismo de un modelo extractivista, que destruye la naturaleza y no está dando respuesta a la humanidad”, dice el presidente de Conaie, Humberto Cholango.

Frente a ello, el viceministro Auquilla afirmó que los proyectos mineros que prepara Ecuador contemplan estudios ambientales y de utilización del recurso hídrico, y señaló que existe “la garantía del Estado de que las tecnologías utilizadas por las empresas sean las menos contaminantes, y que los impactos que se van a dar sean corregidos en el tiempo”.

La controversia entre el Gobierno del llamado socialismo del Siglo XXI y varios dirigentes indígenas y sociales además tiene que ver con la disposición que establecen la Constitución ecuatoriana y la Ley de Minería de que las comunidades y los pueblos indígenas ubicados en los sitios donde se ejecutarán los proyectos mineros sean consultados sobre dichos planes.

Al respecto, el viceministro de Minas señala que el Gobierno ha efectuado “procesos de información”, como talleres y mesas de diálogo, en las zonas de influencia directa de los proyectos, y afirma que la Constitución habla de consultas, no de un consentimiento previo.

Humberto Cholango, sin embargo, afirma que las comunidades involucradas no han sido ampliamente consultadas y que ningún representante del Gobierno se ha acercado a la dirigencia indígena para hablar del tema minero. Su organización se declarará, junto a dirigentes sociales, en “resistencia” frente “a los planes extractivistas del Gobierno”. “Nosotros vamos a ir a la resistencia. Esto va a generar conflictos muy grandes, movilizaciones y protestas”, advierte el presidente de la mayor organización indígena del país.