Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite un recurso del Gobierno federal--el equivalente de la Administración central en España--contra el Estado de Arizona por la controvertida ley de inmigración de ese Estado.

El recurso supone una escalda en las relaciones entre los Estados y el Gobierno federal de EEUU, una cuestión de eterno debate en EEUU (y una de las razones por las que ese país pasó por una guerra civil con motivo de la abolición de la esclavitud) y pone una vez más la inmigración en la primera línea del debate en ese país.

El Supremo--que es el equivalente del Constitucional en España--deberá pronunciarse sobre estos apartados de la ley de inmigración de Arizona: la exigencia de que todos los extranjeros en el Estado lleven siempre consigo documentos que acrediten su situación legal en EEUU; la autorización a la policía a exigir los papeles a todos aquellos que los agentes consideren sospechosos de ser ilegales; la calificación de la contratación de un ilegal como delito penal; y el arresto inmediato de los 'ilegales', que permanecerán en prisión hasta que sean capaces de atestiguar la legalidad de su estancia en Arizona o, en caso contrario, serán deportados. El Tribunal de Apelaciones de San Francisco ya ordenó la suspensión de esos cuatro aparatados hace varios meses.

La norma--cuyo rocambolesco nombre original es Ley de Apoyo a la Apelación de la Legalidad y Apoyo a la Seguridad Nuestros Vecindarios ('Support our Law Enforcement and Safe Neighborhood')--fue la más dura en inmigración de EEUU hasta que este año el Estado de Alabama aprobó una todavía más estricta, que por el momento ha provocado la detención en ese Estado hasta de un directivo de la multinacinal alemana BMW por no llevar encima los papeles.

En principio, cabe suponer que el Supremo se pronunciará al término de su actual periodo de sesiones, al principio del verano. Una de las juezas del Tribunal, Elena Kagan, no participará en el juicio por problemas de conflicto de intereses, ya que trabajó en el Gobierno de Obama en cuestiones de inmigracioon.

Más allá del conflicto legal, la disputa tiene una clara connotación política en un año electoral en el que los candidatos republicanos han hecho, en general, bandera de la dureza en materia de inmigración ilegal. Por su parte, los demócratas, con Obama a la cabeza, están tratando de recuperar el voto de los inmigrantes latinoamericanos, a pesar de que no sólo no han hecho nada por esa comunidad, sino que durante la actual presidencia el número de deportaciones de ilegales se ha multiplicado.

Acaso lo más espectacular de todo sea que todo el debate es ficticio: la inmigración ilegal a EEUU se está desplomando, debido a la combinacion de medidas de seguridad estrictas-un tercio de la frontera está vallada-y la crisis en EEUU, que ha disminuido el atractivo de ese país en favor de economías dinámicas de Latinoamerica, como Brasil y Perú.