Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

"Sufrimos demasiado con tanta violencia. No pedimos, exigimos derechos: la demarcación de nuestras tierras con urgencia para que nuestro pueblo vuelva a vivir en paz, con felicidad y dignidad".

Las palabras escritas en una carta por el pueblo indígena brasileño Guarani-Kaiwoá para el ex presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, en agosto de 2010, podrían trasladarse al presente y traducir la realidad no sólo de Brasil, sino de otros países vecinos del gigante sudamericano.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha emitido un informe este viernes denunciando algunos de los proyectos de desarrollo de los Gobiernos del continente americano por amenazar la supervivencia de estas comunidades.

El documento, cuyo nombre es "Sacrificando Derechos en Nombre del Progreso", estudia la situación de los pueblos originarios en toda América y fue presentado como una alerta para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto.

Según el informe, los indígenas siguen siendo "uno de los grupos más marginados y más afectados por las violaciones de los derechos humanos" en todo el continente. Además, enfrentan una "creciente amenaza" debido a la construcción de centrales hidroeléctricas, de carreteras y la expansión de la agricultura.

El reto de la supervivencia

La supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del continente es algo preocupante. La AI denuncia que hay una "voluntad política insuficiente" para asegurar dicha supervivencia, ya que sus derechos "están considerados como obstáculos para el crecimiento económico".

En el caso de Brasil, el informe retoma el criticado plan de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la zona del río Xingu, en la Amazonia brasileña. Está previsto que la gigantesca planta empiece a funcionar en 2015 y se convertiría en la mayor del país y la tercera del mundo, con capacidad para generar 1,6 millones de kilovatios de energía.

El obispo austríaco Erwin Kräutler, que vive en la zona desde hace casi medio siglo, comparte la opinión de que la obra sería un riesgo para los habitantes de la zona. Kräutler, según ha declarado a los medios locales, cree que "podría faltar agua al desviar su curso para alimentar diques y para mover las turbinas, además de sacar a los indígenas de su lugar de origen y de duplicar la población de pequeñas ciudades".

Además de la planta de Belo Monte, el investigador de Amnistía Internacional para temas brasileños, Patrick Wilcken, ha declarado que el gobierno tiene otros "planes ambiciosos", como construir "cientos" de centrales hidroeléctricas en zonas donde vive la mayoría de las naciones indígenas del país. Según el activista, las obras podrían generar "enormes problemas para la supervivencia de estos pueblos".

Desplazamiento, enfermedades y violencia

Según un profesor de la 'Universidade Federal do Pará' (UFPA) y doctor en ecología, Hermes Fonsêca Medeiros, la hidroeléctrica podría afectar a 30 zonas indígenas y 12 espacios naturales de gran importancia.

Una de las críticas de la AI es que la construcción de Belo Monte atraería a la región de Xingu a miles de trabajadores, lo que significaría un desplazamiento de más de 20.000 habitantes.

Para ilustrar la situación que viven los grupos indígenas en Brasil, el documento menciona al grupo Guarani-Kaiwoá del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Según el informe, el pueblo sufre "persecuciones de pistoleros contratados por hacendados locales".

"Muchos de los líderes ya fueron asesinados. Este quizás es el caso más serio en lo que se refiere a la violencia sistemática contra los pueblos indígenas en Brasil hoy", expresó el activista de la AI Patrick Wilcken para el portal brasileño UOL.

El pueblo contra el proyecto

Debates, conflictos y escenas de tensión pública acompañan la historia de la idealización del proyecto de Belo Monte. El asunto fue tema de debate de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha solicitado a través de una carta a la presidenta Dilma Rousseff la suspensión inmediata de la concesión de la obra. Según la OEA, el proyecto presenta serios riesgos para los indígenas que habitan la región del río Xingu.

Riesgos que se presentan antes y después de la instalación de la planta. En agosto de 2011, el coordinador del 'Movimento pela Transamazônica e do Xingu', Ademir Federicci, fue asesinato de un tiro en la boca mientras dormía con su esposa y su hijo, después de haber participado en un debate de resistencia contra la construcción de la hidroeléctrica.

La violencia también llega a las mujeres. Amenazada de muerte desde 2004, la coordinadora del 'Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do Pará e do Movimento Xingu Vivo para Sempre', Antonia de Melo, también se opone a la instalación de la planta y no sale de su casa. Según Melo, el proyecto es un "crimen contra la humanidad". La alternativa, para ella, son proyectos sostenibles que no impacten negativamente en la comunidad y el medio ambiente.

En 2009, un grupo de 40 investigadores de distintas universidades e institutos brasileños y del mundo publicaron una investigación que demuestra la inviabilidad de proyecto, sus excesivos costos sociales y ambientales.

El profesor Hermes Fonsêca Medeiros defiende que la construcción de la central hidroeléctrica generaría millares de empleos pero, una vez finalizada, sobrarían unos 900 puestos de trabajo, lo que llevaría a los habitantes que se trasladaron a la zona a desforestar la selva, ya que no existen otras alternativas laborales en la región.