Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

"Vendo mi riñón, lo hago por el bienestar de mi hija". Esta es la oferta que ha colgado Luis (nombre ficticio) en la web Campusanuncios. El colombiano, de 23 años, cuenta por teléfono que llegó al País Vasco hace cinco en busca de una oportunidad en la construcción, pero la burbuja inmobiliaria estalló y, al perder su empleo, se quedó también sin permiso de residencia. "Estoy pagando mis deudas, pero con retraso", se lamenta. "No tengo para el pasaje de vuelta ni puedo mantenerme en España. Necesito dinero", explica como una retahíla que ha repetido mil veces. Su riñón lleva a la venta tres meses durante los cuáles ha recibido ofertas de varios interesados; ninguno le ha enviado los 8.000 euros que pide para rematar esta venta completamente ilegal en España. Él prefiere llamarlo "una donación que requiere gratificación".

No es el único que ha puesto precio a sus órganos. Un compatriota suyo, Pablo Andrés, cuenta una situación límite: "Necesito 100.000 dólares [65.000 euros] para la operación de mi madre. Ese es el precio que marco". Se define como un hombre sano y envía por correo electrónico unos análisis de sangre para refrendarlo. Ofrece una cita al presunto comprador para tratar el asunto cara a cara en su casa de Vinaroz (Valencia), pero le surgen dudas: "Mi mujer no está de acuerdo. Dice que puedo enfermar". No le falta razón. La operación conlleva los riesgos de cualquier cirugía con anestesia: problemas respiratorios, hemorragias e infecciones.

España alcanza los 32 donantes renales por millón de habitantes, según el Registro Mundial de Trasplantes. Es líder mundial, pero la cifra se queda pequeña si se tiene en cuenta que la lista de espera es de 5.000 personas. Ningún país tiene suficientes donaciones. Hay más de 1,6 millones de personas en el mundo sometiéndose a diálisis, pero solo se realizan 67.000 trasplantes al año. Esto ha generado una demanda creciente de pacientes con recursos dispuestos a conseguir un órgano. El precio medio de un riñón en el mercado negro son 120.000 euros, según el informe Organ Trafficking de la ONU.

La Declaración de Estambul trata de poner freno a esta variante del tráfico de seres humano pidiendo a los Gobiernos que legislen al respecto. Más de 78 países lo han hecho, entre ellos España. Tanto el Código Penal, como la directiva del Parlamento Europeo sobre trasplantes establecen que las donaciones se fundamentan en los principios de voluntariedad, gratuidad, finalidad terapéutica y anonimato. De hecho, la reforma del Código Penal clarifica y tipifica por primera vez la comercialización de órganos como delito.

Esto no ha impedido que la asociación de consumidores Facua haya denunciado en 2009 anuncios de españoles que ofrecían riñones a cambio de dinero [entre 15.000 y 100.000 euros] en Madrid, Castellón, Málaga y Sevilla. "Es fácil encontrar ofertas de este tipo en la Red y la crisis no ha hecho más que aumentar el problema, pero las autoridades siguen sin solucionarlo", se queja el portavoz, Rubén Sánchez.

Un capitán de la policía judicial de la Guardia Civil explica que la ley "prohíbe hacer publicidad sobre la necesidad de un órgano o sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración a cambio". Los infractores se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión aunque, en la práctica, admite el capitán, es muy difícil perseguirlos. "El Código Penal señala que solo es delito negociar con órganos ajenos. Si alguien pone a la venta su propio riñón, solo cometería una infracción administrativa. Tampoco es sencillo averiguar si el intercambio se ha producido en España y depende de nuestra jurisprudencia, ya que la mayoría de los anuncios han sido colgados por extranjeros en páginas radicadas en otros países", argumenta. Los administradores de los portales se escudan en que es imposible controlar el flujo de mensajes.

A pesar del argumento del capitán de la Guardia Civil, también hay españoles que han optado por este comercio ilegal. Como Manuel (nombre supuesto), que vive en Navarra y pide una compensación económica por su riñón en el portal Casi nuevo, donde también se alojan anuncios de vientres de alquiler. "No quiero engaños, sé lo que me juego", dice por teléfono.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) no dispone de una unidad para perseguir estos delitos. Sin embargo, su director, Rafael Matesanz, está convencido de que el negocio es inviable en España. "Ningún facultativo de este país va a extraer un órgano comprado", defiende Matesanz.

Quizá por eso los vendedores de órganos ofrecen vías alternativas: "Me he tomado tiempo para instruirme en los aspectos legales y lo mejor es hacerlo en Venezuela", propone por correo electrónico Ricardo Antor, de 48 años. Explica al presunto comprador que en su país hay "formas de convencer a los médicos". "Si queremos que autoricen el procedimiento, tenemos que conocernos a fondo para pasar la entrevista. Aquí se requiere un lazo familiar o una amistad de más de 20 años". Antor planea la junta médica como un matrimonio fraudulento: "La imagen que demos es importante. Estás tratando con alguien maduro, universitario y de clase media".

El pago también está estipulado. El comprador debe hacerse cargo de las pruebas previas de compatibilidad sanguínea y preoperatorio, el coste de la intervención quirúrgica, la hospitalización y los desplazamientos. "Realizarás el ingreso cuando me hospitalicen, pero con tiempo suficiente como para que pueda verificarlo antes de que me operen", exige el venezolano. A cambio ofrece supuestas garantías a su interlocutor: "Puedes enviar a alguien de tu confianza para que esté conmigo y controle que todo va según lo convenido". También pide un documento firmado que certifique el acuerdo, un asunto ilegal y por tanto, no reclamable. .

Matesanz cree que la materialización de esta negociación es "ciencia ficción" en España, ya que receptor y donante no pueden conocerse para que se autorice el trasplante de un órgano de un buen samaritano -donante altruista sin parentesco con el paciente-. Los jueces entrevistan a los candidatos y rechazan a aquellos cuyas condiciones económicas pudieran ser sospechosas de fraude. "Nuestro sistema es el mejor recurso inmunológico contra el virus de la desesperación que puede llevar a alguien a intentar pagar por un aliento de vida", concluye.