Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El mayor problema es el riesgo de acceso fraudulento a la prestación

En el camino que va de la servidumbre al desempeño de un trabajo como otro cualquiera, con garantías y derechos sociales, los empleados del hogar en España se encuentran ya casi en la última fase. Casi, porque la mejora de sus condiciones laborales incluida en la reforma de las pensiones mantiene una singularidad para este colectivo: no pueden cobrar prestaciones por desempleo. Esto, sin embargo, podría cambiar a partir de 2013, ya que durante el próximo año una comisión de expertos estudiará una fórmula para incluir este derecho en la normativa del sector, según dijo ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Acompañado por los líderes de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, el ministro aseguró que confía en que sea posible encontrar la forma de instaurar ese elemento de protección social. Para Gómez el principal problema radica en que es difícil establecer mecanismos de inspección y control en los hogares -como se hace en las empresas- para evitar el cobro fraudulento de la prestación, si bien afirmó que en absoluto es "una tarea imposible". Cándido Méndez coincidió en señalar esa dificultad, a la que añadió, no obstante, lo que a su juicio ha sido también causa de que no esté en la recién aprobada normativa: las dificultades económicas.

Méndez dijo que los sindicatos intentarán "sin pausa y con cierta prisa que se defina el sistema a lo largo de 2012", ya que para ellos "sigue siendo un aspecto fundamental".

Ministro y líderes sindicales hablaron de estas cuestiones durante la presentación de la nueva regulación laboral para empleados del hogar, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, a diferencia de la mayoría de los aspectos que modifica la reforma del sistema de la Seguridad Social, que se aplicarán a partir de 2013. Los tres coincidieron en referirse a este cambio normativo como un paso "histórico" en los derechos de los empleados del hogar. La principal novedad del reglamento -introducido como una enmienda en la reforma de las pensiones- es la inclusión de estos trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social, de forma que sus empleadores deberán cotizar por ellos desde la primera hora de servicio. Actualmente solo cotizan a partir de 20 horas de trabajo semanales, y si el empleado hace al menos 72 horas mensuales para más de un hogar ha de pagarse él mismo las cuotas (146 euros al mes).

La reforma establece 15 tramos de cotización, que van desde los 19,84 euros mensuales por 20 horas de trabajo, hasta 164,6 euros por 40 horas. Pero además de esta protección para sus pensiones futuras, la normativa acaba también con muchas prácticas más propias de épocas pasadas, como que se pudieran formalizar los contratos de forma verbal o que hasta el 45% del salario pudiera pagarse en especies (alojamiento y comida, principalmente).

Toxo recordó que se aspira también a incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Actualmente se estima que hay 700.000 empleados del hogar, de los que solo unos 300.000 cotizan acogiéndose al régimen especial, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El 94% son mujeres; el 60%, inmigrantes.