Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

A Cristian Mercado la policía le atrapó el pasado octubre en una boca de metro de la localidad madrileña de Coslada. Este sin papeles boliviano de 35 años acababa de salir del trabajo cuando se topó con una de esas redadas que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que no existen.

Sandra Silvestre. | EL MUNDO

A Cristian le hicieron un juicio rápido y le mandaron al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche mientras esperaba a ser expulsado de España. Sandra Silvestre, la madre de su hija de nueve años, fue a visitarle y no pudo darle ni un abrazo.

"Antes de entrar, los policías me dijeron que no podía tocarlo, que no debía entregarle nada, que tenía que apagar el móvil...", cuenta Sandra Silvestre. "Él me contaba que les levantaban a las 2.00 de la madrugada para cachearles; que a las 6.00 les mandaban a las duchas... Había días en que me dejaban verlo y otros no".

Mes y medio se pasó Cristian en el CIE, hasta que un día, sin avisar, le llevaron al aeropuerto de Barajas para enviarle de vuelta a casa. Él se resistió a subir al avión. "Le dieron una paliza en el calabozo para que no lo volviera a hacer", sostiene Sandra. Los mismos malos tratos que, según denunció Cristian, "recibieron mujeres embarazadas que también se resistieron a subir al avión y que no tuvieron asistencia médica tras ser golpeadas".

"En el CIE se tapa todo", lamenta Sandra, que ahora tiene a su pareja a miles de kilómetros de distancia, con la orden de no pisar nuestro país en un plazo de tres años.

Peores que cárceles

El testimonio de esta sin papeles boliviana de 37 años pone cara al manifiesto que cerca de 350 colectivos sociales han presentado esta mañana en rueda de prensa para denunciar la "opacidad" y el "secretismo" que rodea a los CIE y pedirle a Rubalcaba que los regule "con transparencia", mediante un reglamento de funcionamiento "que garantice los derechos" de los extranjeros recluidos.

La falta de una normativa específica para estos centros ha provocado que en ellos se cometan irregularidades que ni siquiera se ven en las cárceles (a diferencia de los CIE, éstas sí están reguladas).

"Abusos", "malos tratos", "deficiencias de higiene", "dificultades para acceder a los centros", "atención médica insuficiente", "castigos generalizados", "falta de respeto a los visitantes", "elevada desinformación", "traslados ilegales"... son algunas de las deficiencias que han denunciado las asociaciones que trabajan con los inmigrantes, así como instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Parlamento Europeo y otras entidades europeas.

"Pedimos participación"

«Pedimos que se pongan márgenes a esta discrecionalidad», ha afirmado la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, miembro del Grupo Inmigración y Sistema Penal.

Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos, ha explicado que esta mañana han presentado en la Delegación del Gobierno de Madrid una petición formal para que Interior les permita la "participación" en la elaboración del Reglamento de los CIE. El manifiesto también se entregará en otras delegaciones y subdelegaciones de España, en ciudades donde se han convocado manifestaciones de 'indignados' este fin de semana.

El manifiesto lo suscriben también colectivos como Cear, Sos Racismo, Médicos del Mundo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ferrocarril Clandestino, la Parroquia San Carlos Borromeo, Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras, IU, Jueces para la Democracia o las Comunidades de Vida Cristiana de España.