Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Es difícil encontrar un tema sobre el que Gobierno, sindicatos, empresarios y trabajadores estén de acuerdo. Pero hay uno en el que todos coinciden: los servicios públicos de empleo necesitan un cambio. Con más de cuatro millones de parados en busca de un contrato el melón se ha abierto: ¿sirven las oficinas públicas para encontrar trabajo o solo para sellar la cartilla del paro? Gestionan pocas ofertas y, en general, para puestos de baja formación. Están desbordadas y no siempre llevan el control que deberían sobre las prestaciones por desempleo. La solución: más recursos, más empleados y, sobre todo, un nuevo modelo más eficaz.

La legislación española indica que todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo, que paga el Estado, están obligados "a buscar activamente empleo", en oficinas gestionadas por las comunidades autónomas. Si no lo hacen, perderán la asignación mensual. El año pasado, por rechazar los trabajos que ofrecían los servicios públicos de empleo, solo 1.450 personas sufrieron dicho castigo. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, planteó hace una semana la posibilidad de endurecer la vigilancia. El PSOE, en esa misma línea, ha presentado una enmienda en el Senado a la reforma laboral en vías de tramitación. Exigen acabar con el plazo de 100 días de margen que tienen los nuevos parados antes de estar obligados a empezar a formarse. Deberán ser "activos" desde el primer día de paro.

Pero el problema, dicen sindicatos y expertos, no es que los parados rechacen muchos trabajos y cursos o que las comunidades no controlen suficientemente a sus parados. El problema es que los desempleados reciben muy pocas ofertas del sistema público, y no suelen encajar con sus perfiles. De cada 100 contratos que van a parar a manos de los desempleados, solo en tres ha tenido algo que ver las oficinas de empleo autonómicas, dicen los sindicatos. "Nuestro Barometro del Empleo indica que el 10,5% de los trabajadores logran su empleo a través de los Servicios Públicos de Empleo", corrige Javier Orduña, director general del Servicios Público de Empleo Estatal (SPEE).

El pasado julio, las oficinas de trabajo autonómicas registraron en España y en todos los sectores 60.141 ofertas de empleo. 52.390 fueron cubiertas el mismo mes. En total, el sector servicios concentró el 60% de las propuestas de empleo. Solo el 1% (1.897 puestos) eran ofertas que pedían titulados superiores de segundo y tercer grado. 79 peticiones estaban destinadas a dirección de empresas de más de 10 trabajadores, el 0,01%.

"¿Por qué una persona con un buen currículum no puede encontrar trabajo en la oficina de empleo? Porque en España el servicio público ha quedado prácticamente destinado a la marginación. Es un caos. No están claras las normativas, hay puestos directivos en las oficinas sin función real y muy pocos trabajadores de atención al desempleado. Casi nadie se ocupa a las empresas que deben poner ofertas... Hace falta un nuevo modelo que convierta las oficinas en instrumentos útiles para lograr un trabajo", repasa tajante María Salas.

Esta doctora en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social acaba de terminar una tesis en la que analiza el proceso jurídico de la colocación en España, mediante su comparación con el modelo de Italia, Francia, Reino Unido y Holanda. El modelo español sale perdiendo, de lejos.

"No se trata de extrapolar a España modelos extranjeros. No funcionarían. Pero sí de observarlos y ver en qué podrían ayudarnos a mejorar", justifica. Francia, por ejemplo, tiene una realidad parecida a la de España. Sin embargo, dice, mientras en España el servicio público intermedia en un 3% de los trabajos, allí llega al 25%.

"Hay muchos motivos, pero uno muy evidente es por ejemplo que en Francia cada trabajador del sistema de empleo atiende a 12 personas. Son su responsabilidad. Se ocupa de cada una de ellas. Y solo cuando uno consigue trabajo incorpora a otro a su cartera. Esto le permite hacer un seguimiento cercano, conocer sus necesidades, controlar que se forma o hacer entrevistas... En España cada empleado de una oficina atiende de media a 250 parados. ¿Qué va a poder hacer por ellos? Muy poco", explica.

"El problema principal es que no hay trabajo, pero también, que el sistema necesita mejorar mucho. Sobre todo de cara a las empresas. Pero está mermado. No hay ni personal ni recursos", resume Paloma López, secretaria confederal de Empleo de CC OO.

"Las ofertas que gestionan las oficinas de empleo son las que nadie en el negocio de la intermediación quiere. Hay un problema de gestión y sobre todo de personal que hace que los universitarios ni se acerquen a apuntarse. Saben que no habrá nada para ellos", incide Pedro Gallego, técnico de empleo de UGT.

"El Gobierno apuesta por los Servicios de Empleo. Se han reforzado las oficinas, con 1.500 orientadores, y los servicios de prestaciones con 2.000 técnicos. Es cierto que aún existe distancia con la media europea. En España hay un trabajador cada 189 desempleados y en la UE, uno cada 50, pero avanzamos notablemente", se defiende Orduña, del SPEE.

Marcelo Castello lleva 20 meses buscando trabajo. Cuando se le acabó el contrato de diseñador gráfico que tenía en una revista y no le renovaron, no pensó lo que se le venía encima. "Justo antes de quedarme sin trabajo tocaba el cielo con las manos. Y entonces me dijeron que me iban a sustituir por una persona sin contrato", recuerda con amargura.

Este argentino de 47 años afincado en Palma desde 2001 no se arrugó. Cobraba una prestación, así que aprovechó para hacer un curso de diseño de páginas web a través del servicio público de empleo. Quería renovarse. "El curso no me sirvió de nada. Las herramientas que me enseñaron estaban obsoletas. Ninguna empresa las usa ya", recuerda. "Cuando vi que nadie me llamaba como diseñador, cambié mi currículum en la oficina. Puse que tenía dos manos, dos piernas y un cerebro. Con eso, soy capaz de trabajar en lo que sea". Asegura que el servicio de empleo de Baleares nunca le ha ofrecido nada.

"Hay que lograr vincular más las prestaciones con las políticas activas de empleo, tal y como ocurre en la mayoría de la Unión Europea", reconoce Orduña, y añade: "Ese es el objetivo en el que estamos trabajando, y para lo que colaboraremos con las comunidades autónomas". Algunas, atendiendo a las cifras, se toman su función más en serio que otras.

"Cataluña es la comunidad que más propuestas de sanción eleva, con mucha diferencia", recuerda Mireia Ràfols, directora de la red ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). En los últimos seis meses han doblado el número de orientadores y creado un servicio para convencer puerta a puerta a empresarios para que confíen sus ofertas al SOC, y al tiempo, controlan más férreamente a los parados que no cumplen con sus obligaciones.

"Todo es mejorable, es cierto. Pero al menos estamos esforzándonos", justifica Ràfols. ¿Y si no lo hicieran? ¿Les sancionarían? No. Nadie premia ni castiga la labor de las comunidades. "Debería existir un reconocimiento por parte del Estado a las comunidades que cumplimos con nuestra labor. Aunque fuera en forma de más ayudas económicas", exige.

Fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo aseguran que el Gobierno trabaja en esa dirección: la calidad del control (que permite ahorrar al Estado dinero) y la mejor aplicación de políticas activas, se premiará.

El decreto de la nueva reforma laboral incluye la posibilidad de que empresas de colocación privadas colaboren con el servicio público de empleo, si llegan a un acuerdo con la comunidad autónoma donde operen. Para los sindicatos: privatización. Para la patronal de las empresas de trabajo temporal, AGETT: colaboración público-privada por el bien del desempleado.

"Solo en Grecia, Noruega y Luxemburgo se mantiene el monopolio con las oficinas al estilo de España. En el resto de países hace años que funciona el sistema mixto de oficinas públicas y privadas", asegura Francisco Aranda, presidente de la asociación. La idea, al igual que ocurre con la sanidad o la enseñanza concertada, sería que se transfirieran a algunos parados a oficinas de empresas privadas de colocación. Estas podrían realizar ofertas de empleo y ofrecer cursos de formación. Si un trabajador rechazara ofertas, deberían advertir al servicio público para que tomara medidas. Las empresas, cobrarían del Estado cuando lograran colocar al parado. Mejor trabajo, más compensación económica.

Los sindicatos, dice Gallego, de UGT, no están en contra de la colaboración público-privada. "Pero debe llegar cuando se haya potenciado el sistema público de empleo, como se ha hecho en el resto de Europa. Cuando se creen verdaderos esfuerzos, puede haber empresas privadas. Si se hace ahora, tal y como está el sistema, el servicio público se convertirá en una sucursal de los servicios sociales: solo irán los que tengan problemas que les impiden trabajar, aquellos que no interesen a ninguna empresa, porque con ellos no se pueda hacer negocio", vaticina.

Los sindicatos temen además que sea un organismo con ánimo de lucro quien determine cuál es la oferta de empleo adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la pérdida de las prestaciones por desempleo.

"Cuando te quedas en paro, si cobras al principio eres selectivo", valora María C., una desempleada de Valencia de 27 años. Estudió relaciones laborales pero lleva años trabajando de contable y administrativa. Se quedó sin trabajo hace un año. "Me apunté en la oficina mi pueblo y empecé a cobrar. Me han llamado para tres entrevistas. No me cogieron en ninguna. No me preocupó, pero ahora que me quedan solo seis meses de prestación, sí estoy nerviosa. Ahora me da igual de lo que me llamen. Cogería un empleo de lo mío, de dependienta o de lo que me saliera", dice.

María no llegó a rechazar ninguna oferta de las que le hizo la oficina de empleo, pero Carmen R., de 32 años, sí lo hizo. Estudió publicidad y mercadotecnia, vive en Madrid y busca empleo. "Trabajaba en publicidad. Se me acabó el contrato, y como estaba muy desesperada, acepté un trabajo de teleoperadora que vi en Internet. Se me acabó también, pero entonces tenía derecho a cobrar el paro", recuerda. De eso hace ocho meses. La oficina de empleo le llamó hace uno por primera vez. Le ofrecían ser otra vez teleoperadora. "No lo cogí. Odio ese trabajo. No es para lo que he estudiado. Y encima me pagaban una miseria. El problema es que como es de lo último que tuve un contrato, según la oficina, era un puesto adecuado para mí. Me advirtieron de que quizá me vuelvan a llamar para lo mismo", dice amargada. "No me siento culpable por no coger la oferta por mucho paro que haya. ¿Tengo que aceptar un puesto mal pagado y que odio, después de haberme matado a estudiar durante años para otra cosa? Creo que no", zanja resulta.

¿Son las prestaciones culpables de que algunos parados se vuelvan pasivos? Según señaló en abril The Economist, las prestaciones en España son demasiado "generosas" y empujan a la economía sumergida.

María Salas se enerva con solo escuchar este tipo de críticas. La mano dura no la necesita el parado, la necesita el sistema, defiende. "Las prestaciones no son excesivas. Son una ayuda para evitar la marginación del que se queda sin empleo. Estar en paro conlleva una lacra social que nadie quiere. Y si hay alguien que se aprovecha del sistema es un caso aislado. Basta de decir que el trabajador es muy flojo. Lo que no funciona es el sistema de empleo público. Y por eso las empresas no ponen ofertas. Hay que conseguir reformarlo, porque no está muerto. Necesita un empujón. Uno grande. Pero sólo un empujón".