Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Con los clarines del miedo anunciando todo tipo de plagas sobre el sistema financiero español, el gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha decidido tomar una medida revolucionaria, la primera en mucho tiempo, quizá la única en todo su mandato. Bancos y cajas de ahorro tendrán que provisionar hasta el 20% del valor de los inmuebles que lleven más de un año en sus balances, recurso que las entidades utilizan para frenar el meteórico in crescendo de los créditos fallidos y el paralelo ascenso de la morosidad. El endurecimiento de las provisiones para los inmuebles que bancos y cajas se “comen” –en lugar de sacarlos al mercado con el debido descuento-, podría ser considerada, aunque tímida, la única medida sensata que se ha adoptado en la buena dirección de obligar al sistema financiero a sanear de verdad sus balances, condición sine qua non para que el crédito a familias y empresas empiece a fluir y se pueda empezar a hablar del inicio de la recuperación económica. 

Es cierto que ni bancos ni cajas quieren convertirse en inmobiliarias, porque su negocio es otro, pero su negativa a aceptar la dura realidad de que es imposible vender esos pisos al precio de adjudicación, es en gran parte responsable de que España no salga de la crisis hasta que la vivienda no baje de forma contundente. Standard & Poor's ha sido la última agencia en afirmar que, por esta razón, la crisis se prolongará en España como mínimo hasta 2012, aunque harán falta entre seis y siete años para absorber el stock de viviendas no vendidas. La decisión de aumentar las provisiones supone un cambio notable en  la política del BdE, que contrasta con el compadreo cómplice que ha mantenido con cajas y bancos a la hora de tratar de ocultar el impacto de la crisis en sus cuentas. Los ejemplos son abundantes, y van desde la laxitud en las tasaciones de los inmuebles que se han apuntado las entidades, hasta el cambio en la normativa de provisiones –julio pasado- que permitió no apuntarse como pérdida el 100% de un crédito moroso sino sólo el 30%, pasando por la tolerancia con las refinanciaciones de empresas inviables, o el tuneo de las cuentas para no tener que provisionar el deterioro real de los activos.

La responsabilidad del BdE en la prolongación en el tiempo de la crisis económica española parece incuestionable. La consigna política era que ningún banco quebrara para sostener esa leyenda según la cual tenemos el sistema financiero más sólido del mundo. Todo apunta a que el daño ya está hecho. El cáncer tiene ya demasiadas metástasis, y es cuestión de tiempo que los cadáveres empieces a flotar sobre el barro, de modo que esta medida en la buena dirección llega tarde. Baste decir que este aumento de las provisiones, que además tiene carácter retroactivo, pondrá a no pocas entidades contra las cuerdas, al forzarles a provisionar de golpe el 10% (ya estaban obligadas a hacerlo en el mismo porcentaje desde febrero) de todos los inmuebles que lleven más de un año en balance. "Esto va a crujir a muchos, porque todo el mundo tiene al menos 1.000 millones en inmuebles. Y tener que provisionar de golpe 100 millones puede acabar con los beneficios de bastante gente y abocarla a pérdidas”. El director general adjunto de La Caixa, Juan Antonio Alcaraz, afirmaba el miércoles que el sector acabará colocando activos inmobiliarios y de vivienda en el mercado con descuentos de alrededor del 30%, lo que supondrá para cajas y bancos tener que asumir pérdidas de hasta 90.000 millones. 

Los frutos de un crecimiento basado en el ladrillo

En el horizonte del horribilis 2010 se yerguen nuevas amenazas para el sector, tal que las posibles pérdidas derivadas de las carteras de deuda pública que almacenan las entidades, ello en cuanto el mercado empiece a anticipar una subida de tipos (el sector se ha dedicado con fruición al llamado carry trade, arte consistente en tomar prestado dinero al 1% en el BCE -aprovechando la barra libre de liquidez- para invertirlo en deuda pública al 4%). A ello se sumarán las provocadas por la segunda -y más grande- oleada de morosidad, la caída en picado de los márgenes, el aumento de las exigencias de capital y la presencia amenazadora de esos balances repletos de activos inmobiliarios sobrevalorados. Según la estimación realizada por Moody's hace 15 días, la banca española tendrá que financiar unas provisiones de 57.000 millones de euros para afrontar pérdidas esperadas de 108.000 millones, pérdidas que, en un escenario menos conservador, podrían llegar incluso a los 225.000 millones, “una cifra inasumible para el sector”, lo que en la práctica equivaldría a la quiebra de la mitad del sistema.

Nada preocupa tanto ahora mismo como el riesgo inmobiliario embalsado en los balances. Asistimos a la recogida de los frutos de una disparatada política de crecimiento especulativo basado en el ladrillo, que no hubiera sido posible sin el concurso necesario del sistema crediticio a través de prácticas cada vez más agresivas en la concesión de préstamos hipotecarios. Cajas y bancos coadyuvaron al impulso de la demanda no solo con la bajada de los tipos de interés de los préstamos, sino con una política de generosidad en las tasaciones y en las condiciones de importe y duración de esos préstamos. Mientras la burbuja crecía sin cesar, los poderes públicos miraban hacia otro lado, encantados de haber encontrado por fin un inextinguible maná del crecimiento gracias al ladrillo. A pesar de las proclamas en contrario de un insolvente como Rodríguez Zapatero, la crisis terminó por hacerse presente en forma de ruina colectiva: camino de los 5 millones de parados, con el urbanismo convertido en la imagen más lacerante de la corrupción política, y con nuestro sistema crediticio seriamente tocado, y ello con la connivencia o, al menos la tolerancia, de la autoridad de supervisión.

El Banco de España, en efecto, abdicó de sus competencias en los días de vino y rosas de la burbuja, permitiendo todo tipo de excesos hipotecarios, así como la financiación de operaciones corporativas con garantía de acciones. En su primera intervención en el Congreso (10 de octubre de 2006), el señor Fernández Ordóñez afirmó que el extraordinario endeudamiento de familias y empresas no le preocupaba “dado lo saneado de su patrimonio” y puesto que ese dinero era invertido en bienes que no paraban de revalorizarse. Siendo cierto que obligó a las entidades a realizar reservas anticíclicas, no lo es menos que fue incapaz de imponer disciplina para evitar tales excesos. La llamada fortaleza del sistema español es, por ello, más aparente que real, porque la depreciación de los activos mobiliarios e inmobiliarios de sus balances es de tal magnitud que su descapitalización resulta extrema, aunque se siga negando. Las reservas anticíclicas sólo han servido de excusa para embalsar un problema de cuyo reconocimiento todos huyen.

La crisis de liquidez ha devenido en crisis de solvencia

Tanto el BdE como el Ministerio de Economía (Pedro Solbes) patrocinaron desde el verano de 2007 la idea de que la crisis no era de solvencia, sino de liquidez y, en todo caso, transitoria. En realidad, y hasta que en fecha reciente empezara a criticar el mercado laboral o la viabilidad de las pensiones, los discursos de Fernández Ordóñez siempre han estado impregnados de una actitud de respaldo y defensa de las posiciones del Gobierno, por peregrinas que fueran. El argumento de la tormenta pasajera le vino de perillas a un Ejecutivo en la inopia, solo preocupado por la intención de voto. La realidad ha demostrado que la crisis de liquidez ha devenido en crisis de solvencia, y la anunciada brevedad se ha transmutado en un horizonte largo e inquietante de parálisis económica. España ha retrasado dos años el reconocimiento de lo que otros países hicieron en el verano/otoño de 2007.

Para intentar detener la riada, el pasado verano se creó el FROB, cuya gestión ha quedado en manos del propio BdE. El organismo, que tiene evidentes limitaciones políticas para acometer reformas en el subsector de Cajas a causa de la negativa radical de CC. AA. a ceder competencias, tiene además una limitación más grave, si cabe, que la anterior: sus máximos responsables son los que desde el BdE han tolerado, por negligencia o desconocimiento, el desaguisado actual. Hablamos del presidente de la Comisión Rectora, Javier Aríztegui, ex director general de Supervisión, ahora subgobernador del BdE y mano derecha de Ordóñez. Como vicepresidente, Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión. Y como primer ejecutivo, Julián Atienza, ex responsable de supervisión de Cajas. Parece lógico pensar que el instinto de conservación profesional de todos ellos les restará la energía requerida para denunciar ahora lo que antes toleraron y, desde luego, para sanear y reestructurar el sistema financiero. Demasiado arroz. De momento no han adoptado iniciativa alguna y el deterioro crece. Aterrorizados por el episodio de la CCM, se limitan a esconder la cabeza bajo el ala y esperar que escampe.