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El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. La solicitud fue presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú.

El Gobierno peruano ha añadido este viernes al expresidente a la lista de los delincuentes más buscados del Ministerio del Interior y ofreció una recompensa de 30.000 dólares (100.000 soles) por información sobre su paradero. El ministro de Interior, Carlos Basombrío, ha informado que Toledo se encuentra fuera del país, probablemente en Francia, y que no tiene intención de volver a Perú.

Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. La audiencia que decidió su suerte comenzó a las 10.00 de este jueves, en el Cercado de Lima. Se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

El fiscal Castro inició su intervención reseñando los datos recopilados en sus investigaciones, a partir de las revelaciones hechas por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, convertido en colaborador de la Fiscalía peruana. A finales de 2014, Toledo y su amigo íntimo Joseff Maiman —un empresario que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos— se reunieron en un hotel de Brasil con Barata. Según Castro, aquella vez se pactó que la empresa pagara 35 millones de dólares al expresidente.

Las condiciones de aquella negociación cambiaron con el tiempo, y al final el soborno se redujo a 20 millones de dólares. Hasta ahora, se ha logrado identificar casi la mitad de este dinero, entregado en 18 pagos y repartido en las cuentas de tres empresas offshore que Maiman tiene en Londres, lo que lo convierte en testaferro de Toledo.

Para Castro, la detención del expresidente se justificaba por su falta de arraigo familiar y laboral en el Perú —pasa la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, porque trabaja en la Universidad de Stanford—, y por argumentar que el proceso judicial es, en realidad, una "persecución política".

Alejandro Toledo estuvo representado por los abogados Paolo Aldea y Heriberto Benítez. Aldea había adelantado que pediría la prescripción del delito de tráfico de influencias, y Benítez cuestionó la solicitud de prisión preventiva, exigiendo que primero se concluya la investigación. 

Finalizados los alegatos de la Fiscalía y la defensa, el juez Concepción aseguró que Odebrecht obtuvo la licitación de la Carretera Interoceánica gracias a un cambio en las reglas de juego de la concesión, y que Alejandro Toledo no mantuvo su neutralidad como presidente de la República. Además señaló que existe la posibilidad de que sostuviera un acuerdo ilícito con Jorge Barata, con la participación de Maiman como testaferro. También defendió que no estaba claro su arraigo en el Perú y que las múltiples declaraciones que dio en los últimos días constituían un desafío a la justicia, además de una muestra de su poca voluntad de comparecer ante ella.

A continuación, desestimó la petición de arresto domiciliaria, porque no garantiza la continuidad de Toledo en el proceso. Finalmente, dictó los 18 meses de prisión preventiva y dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente.

De continuar las cosas como hasta ahora, Alejandro Toledo podría convertirse en el segundo presidente peruano preso, después de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y está prisión desde 2007 por delitos contra los derechos humanos y corrupción. Aunque participó en las elecciones generales de 1995, Toledo alcanzó notoriedad en los años finales del fujimorismo, al que enfrentó en las urnas y las calles, enarbolando las banderas de la democracia y la honradez. Con ese capital político, ganó la presidencia en 2001, tras el desmoronamiento del régimen de Fujimori.