Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

elpais.com

Unos 5.000 ecuatorianos se han quedado sin los bienes que habían enviado a su país a través de la empresa de paquetería OGC en los últimos tres meses. La firma, con su sede central en Madrid, permanece cerrada desde el lunes. Ninguno de sus 30 empleados fue advertido de la decisión y hoy descubrieron sorprendidos que se habían destruido documentos y desaparecido bienes de los almacenes. Los propietarios “se han esfumado”, dicen los trabajadores. Algunos perjudicados se concentraron esta mañana ante la oficina. Quieren interponer una denuncia con la ayuda de su embajada. Algunas pertenencias alcanzan los 35.000 euros, ya que el peso mínimo de cada envío es de 30 kilogramos.

OGC tiene su sede central en Madrid, en la calle de la Batalla del Salado 37, pero también tiene delegaciones en Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Todas permanecían hoy cerradas. Cuenta, además, con una oficina en Bruselas (Bélgica), donde se recogen paquetes procedentes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Luxemburgo. Llegan en un camión, en cuyo interior hay una báscula, se pesan las cajas y se envían a Madrid. De aquí, al puerto de Valencia. Se calcula que más de 5.000 personas se han visto afectadas, de ellas 3.000 residentes en Madrid.

Esta mañana, apostada en el cierre de la oficina central de OGC, Vicente Franco, un ecuatoriano en paro de 62 años —40 de ellos en España—, tomaba los datos y el teléfono de los compatriotas que iban llegando. Lo hacían según conocían la noticia de que la empresa de paquetería había cerrado de la noche a la mañana, sin previo aviso, dejando en el limbo los miles de envíos que se habían realizado en los últimos tres meses, tiempo máximo por contrato de llegada de un envío a Ecuador.

Mónica Piedra, de 52 años —23 en Madrid—, hizo un envío de cristalería el 26 de agosto, pero el paquete no había llegado ayer todavía. Pagó por él 254 euros. Superaba los 30 kilos, que es la cantidad mínima que la empresa admite para mandarla a Ecuador, el único país al que se enviaban las remesas. Cada kilo tenía un precio de 4,5 euros y era obligatorio especificar que los objetos eran usados, con el fin de evitar el pago de tasas de aduana, por lo muchos carecen de facturas para demostrar la propiedad de sus bienes.

El goteo de personas pidiendo explicaciones fue constante en la sede de OGC. Un joven llegó llorando porque lo “había perdido todo”. Llevaba días llamando y nadie le cogía el teléfono. Aseguraba que la habían “estafado” 35.000 euros y consideraba a los propietarios de la sociedad, los hermanos Óscar y Edward Z., los responsables.

Víctor Bustán, de 40 años —17 en Madrid— se acercó a la sede de OGC tras recibir un Whatsapp de su cuñado, que leyó la noticia en Facebook, donde los afectados han creado un grupo para comunicarse e iniciar acciones legales de forma conjunta. “Las facturas de mis envíos ascienden a 4.000 euros, a los que hay que sumar los 2.000 que me cobraron por los portes”.

"Estoy desesperada, he perdido todo"

Víctor envió ventanas de aluminio, cerámica y dos cabinas de hidromasaje para la casa que se construye en Loja, una ciudad al sur de Ecuador. “Estoy desesperada, he perdido todo. Enviaba mis pertenencias para volver a mi país”, relata Jacqueline Alfaro, de 45 años. Desde octubre a febrero realizó seis envíos. Pagó más de 2.610 euros por los portes, pero no puede cuantificar el valor de los objetos. “Como madre, no he podido criar a mis hijos para venir a trabajar y darles un futuro. Ahora nos estafan, pero lo que más me duele es que sean ecuatorianos como nosotros”.

Un empleado asegura que aún le siguen llamando clientes de toda España, ya que la empresa operaba en todo el territorio nacional y Europa. Los trabajadores de la compañía, 90 en total, aseguran ser también víctimas de este engaño: llevan tres meses sin cobrar y nadie les avisó de que no podrían acudir a sus puestos. Ayer, 25 de ellos, casi todos los que operaban en Madrid, se reunieron con UGT para que este sindicato les ayudara a tramitar una denuncia para recuperar los salarios que se les adeudan.

Uno de esos empleados resalta que tenían un contrato de solo cuatro horas, aunque trabajaban casi 20, sábados, domingos y festivos incluidos. “Solo librábamos un día entre semana. Nos pagaban una nómina de 700 euros y otros 1.300 en negro”, todo ello en bruto, destaca.

Una nave en Villaverde 

Este trabajador, acompañado de otros compañeros, pasó el sábado por la nave que OGC tiene alquilada en Villaverde. Pudieron entrar porque tenían una llave. Para su sorpresa, faltaban los ordenadores y habían destruido toda la documentación. Realizaron la primera denuncia. El lunes, dicen, lo entendieron todo cuando no apareció nadie para abrir las sedes. Se intentaron poner en contacto con sus jefes, pero fue imposible. Nadie sabe dónde están. Otro empleado asegura que entre el sábado y domingo cinco camiones se llevaron del almacén los objetos más preciados, como plasmas o lavadoras.

Fuentes de la Embajada de Ecuador explican que se han reunido con algunos de los afectados para intentar buscar una solución. Indican que la mayor parte de los envíos que los ecuatorianos hacen a su país se realizan a través de un convenio entre la embajada y Correos. Estos portes no tienen ningún coste para quienes los ordenan, pero son más lentos que los que realizan empresas privadas como OGC, si bien esta no es la operadora principal y sus precios, alertan, son más elevados que los de la competencia.

La embajada de Ecuador señala que la empresa, al haber sido creada en Madrid, se rige por las leyes españolas.