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La ONU dice que el Gobierno español trata de forma ilegal a los menores extranjeros solos PDF Imprimir E-mail
Escrito por editor   
Jueves, 18 de Febrero de 2016 08:33

Lejos de los focos de la atención mediática, los niños de la calle de Melilla viven una realidad diaria llena de abusos e injusticias. Son niños y adolescentes, en su mayoría de origen marroquí, que migraron solos, y que, una vez en Melilla, huyen o son expulsados del sistema de protección de menores. Sobreviviendo en la calle esperan la oportunidad para colarse, desde el puerto, en alguno de los barcos que zarpan casi a diario hacia la Península //FOTO: Robert Bonet

eldiario.es

La ONU echa un buen rapapolvo a España por su atención a los menores extranjeros que llegan solos al país. Una carta del representante para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, condena las pruebas médicas de edad a las que se somete a los menores migrantes "indiscriminadamente". Estos exámenes, que limitó el Tribunal Supremo, adolecen "de un margen de error muy alto", critica. Jarab apunta también que el protocolo marco que el Gobierno aprobó en 2014 para estos niños "parece contener instrucciones contrarias a la doctrina de los Derechos Humanos".

La misiva del representante de la ONU, que publica completa eldiario.es y que adelantó La Vanguardia, denuncia el trato de las autoridades españolas a través del caso de un menor al que defendió Fundación Raíces. Ibrahim (nombre ficticio) se quedó en la calle después de que la Fiscalía de Menores no se creyese que era menor de edad –"sin verle", añade Jarab– y le sometiera a unas pruebas médicas que concluyeron que tenía más de 18 años.

Como indica la ONU, "el de Ibrahim no es un caso aislado". Cuando las autoridades encuentran a un menor de edad desprotegido, sin estar a cargo de ningún adulto, su obligación es cuidar y velar por él a través del sistema de protección de menores. Es igual si el menor ha nacido en España o si procede de otro país y ha llegado hasta aquí en su proceso migratorio: España debe garantizar la atención a cualquier menor indefenso, como marca la legislación nacional e internacional, como la Convención de los Derechos del Niño.

La Ley de Extranjería determina que cuando las autoridades hallan a un adolescente, sin documentación, cuyo aspecto físico haga dudar de su minoría de edad, se le practicarán unas pruebas médicas de determinación de la edad. Si el resultado es superior a los 18 años, esa persona se queda en la calle, sin ninguna protección.

Jan Jarab condena en su escrito que las garantías reconocidas a los niños no se cumplen siempre, ni en España (país en el que se centra su carta) ni en otros países europeos. "La crisis actual a la que se enfrenta Europa conlleva la pérdida de miles de vidas humanas, incluidas las de muchos menores, en su desesperada búsqueda de una vida mejor", indica. La Interpol calcula que unos 10.000 menores refugiados han desaparecido tras llegar a la UE. España pierde el rastro sistemáticamente a menores migrantes que llegan solos al país. En opinión de Jarab, los marcos legales en la UE son garantistas pero el problema radica en que los poderes públicos no los cumplen.

Crítica a las pruebas médicas de edad

El representante de las Naciones Unidas centra gran parte de su carta en criticar las pruebas médicas de determinación de la edad que aplica España, que consisten en radiografías de muñeca y molares, pero también en la exploración de genitales. "Las técnicas médicas no pueden considerarse pruebas irrefutables de edad, puesto que determinan una probabilidad y no una certitud, adoleciendo de un margen de error muy alto", apunta.

Jarab cita una investigación en Italia en la que "jóvenes identificados como de 18 años tenían en realidad desde menos de 16 hasta más de 20". Estas pruebas ya han sido criticadas en España por la defensora del pueblo y diversas ONG.

Jarab, además, recuerda que el Tribunal Supremo de España sentó jurisprudencia y  prohibió estos exámenes médicos a los menores migrantes que cuentan con documentación legal (como pasaportes y partidas de nacimiento). Según la ONG Fundación Raíces y Noves Vies, la Fiscalía sigue ordenando estas pruebas a jóvenes con documentos de identidad, como  a Adika y a Toumani.

El Supremo dictó también que estas pruebas no pueden "aplicarse indiscriminadamente" por su carácter invasivo, dice la ONU, algo que las autoridades españolas tampoco cumplen, según la información recogida por el representante de Naciones Unidas. "El uso de técnicas médicas para la determinación de la edad continúa indiscriminadamente", denuncia.

Fundación Raíces destaca la importancia del escrito de la ONU. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, traduce las críticas a las pruebas médicas de edad en un caso real. "A un chico de Camerún le hicieron las pruebas en Almería el 28 de febrero de 2014, en las que dio que tenía 17 años. La policía no creyó este examen, porque decían que tenía apariencia de mayor de edad y sometieron al chaval a otras pruebas, cinco días después, en las que el resultado fue de 19 años. En cinco días había crecido dos años y, claro, estas pruebas sí que las creyeron", lamenta Reyzábal.

Desde entonces, el chico ha conseguido el pasaporte en la embajada de Camerún en España, que acredita que nació en octubre de 1998. Tiene 17 años y cuando le sometieron a los primeros exámenes tenía 15 años. "Y lleva todo este tiempo fuera del sistema de protección porque los juzgados de familia no acuerdan medidas cautelares con estos menores y se quedan en la calle". Fundación Raíces supo de su caso porque les dieron un aviso de que un chico con apariencia de menor estaba dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, esperando una expulsión como si fuera un adulto. Y consiguieron sacarlo apelando al juez de vigilancia del centro.

Un protocolo contrario a la ley

Otra de las denuncias más contundentes de la ONU apunta al 'Protocolo Marco para los Menores Extranjeros no Acompañados' que aprobó el Gobierno en 2014. "Parece contener instrucciones contrarias a la doctrina de los Derechos Humanos, a la opinión mayoritaria de jueces europeos y a las sentencias del Tribunal Supremo", expresa Jan Jarab. La ONU considera que el protocolo "se excede de lo que la propia Ley tiene establecido al reglamentar la realización de pruebas a menores extranjeros, aunque estos tengan acreditada su minoría de edad a través de documentos de registros civiles, consulados y embajadas de sus países de origen".

Esta queja coincide con uno de los motivos por los que Fundación Raíces ha recurrido el protocolo ante los tribunales. "Ahora la denuncia está admitida en la Audiencia Nacional", dice Lourdes Reyzábal, que cree fundamental la crítica de las Naciones Unidas a este protocolo porque no prevé "la posibilidad de que el menor discuta los resultados de las pruebas con apoyo de asistencia letrada". Reyzábal lo resume con otro ejemplo: "¿Cómo es posible que un menor que se niegue a hacerse estas pruebas sea decretado por la Fiscalía mayor de edad sin la asistencia de un abogado?".

Jarab cierra su texto expresando la "preocupación" con la que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Europa sigue este tema. Y añade: es "vital" que los protocolos y normas "cambien si no son coherentes con las normas internacionales y con las más altas instancias del poder judicial".

El Tribunal Supremo afirmó en octubre de 2014 que el Gobierno debía modificar este protocolo, para ajustarlo a su jurisprudencia en lo relativo a las pruebas de edad cuando los menores tienen sus pasaportes o partidas de nacimiento. Entonces, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado de coordinar este protocolo, afirmaron que aún estaban "analizando la sentencia y que, en general, el documento se ajusta a la ley". Las ONG denuncian que las pruebas de edad se siguen realizando de manera sistemática a menores migrantes documentados.

 

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