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Hollande anuncia un cambio de la constitución para dar más poderes al ejecutivo

elpais.com

Francia se dispone a lanzar un paquete de medidas de excepción sin precedentes en la reciente historia de Europa para combatir el terrorismo. El presidente François Hollande anunció este lunes un cambio drástico de la Constitución para defender a un país que, como insistió, “está en guerra”. El estado de emergencia, que ya prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, será prolongado tres meses. La batería incluye tres capítulos en el exterior: reclamar la ayuda al resto de la UE porque el país ha sido "atacado", promover una coalición única -incluida Rusia- contra el ISIS en Siria y pedir una resolución del Consejo de Seguridad contra los yihadistas. "Esta guerra afecta a todo el mundo, no solo a Francia".

El cambio constitucional anunciado prevé dar más margen policial para perseguir y vigilar a los sospechosos, endurecer las penas y dar más competencias al Ejecutivo para situaciones de excepción sin llegar al estado de sitio, que implicaría ceder el poder a los militares. Es la legislación sobre el estado de emergencia la que se modificará con ese cambio constitucional. Necesitará el apoyo de tres quintos del Parlamento. A la vista de debates recientes para aprobar medidas contra el terrorismo, el Ejecutivo no tendrá problemas para sacar adelante el nuevo paquete.

En su discurso ante el congreso extraordinario —la Asamblea Nacional y el Senado—, celebrado con toda la solemnidad imperial en el palacio de Versalles, Hollande ha desgranado las medidas que van a reforzar la capacidad de defensa y protección interior de Francia. El cambio constitucional que propone tenderá a adaptar la Carta Magna a la realidad. Para Hollande no tiene sentido que en un estado de emergencia se traslade la autoridad al Ejército y que solo se contemple una guerra exterior contra el país. “Estamos en una nueva era”, ha dicho.

El presidente socialista asume la necesidad de agilizar la retirada de la nacionalidad -hoy existe esa opción aplicada en escasas ocasiones- a los terroristas que dispongan de doble nacionalidad y amenacen a la seguridad de la república. También, la opción de no permitirles el regreso en caso de que se hayan entrenado fuera para el terror. Además, las fuerzas del orden y la justicia van a conocer un refuerzo sin precedentes. En dos años, habrá 5.000 policías y gendarmes suplementarios, 2.500 funcionarios de justicia, mil más en los servicios aduaneros y, finalmente, se cancela el plan de reducir los efectivos militares. Los magistrados tendrán un mayor acceso a los datos que manejen las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia.

A nivel internacional, François Hollande ha lanzado el guante al resto del mundo. “Este no es solo un ataque a Francia”, ha dicho. “La necesidad de destruir al ISIS es de toda la comunidad internacional”. Francia quiere una sola y fuerte coalición internacional contra el yihadismo. Hablará en los próximos días con el presidente norteamericano, Barack Obama, pero también con el ruso, Vladímir Putin. Pedirá la solidaridad de la Unión Europea en base al Tratado de la UE que obliga a asistir a un socio atacado y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

A corto plazo, el presidente Hollande ha anunciado la intensificación de los bombardeos en Siria, el envío el jueves del portaaviones Charles de Gaulle, que triplicará la potencia de fuego de las operaciones y la extensión del estado de emergencia tres meses más, es decir, hasta finales de febrero.

Al resto de la UE también ha pedido Hollande que se replanteen los controles fronterizos exteriores de la Unión. Varios terroristas, entre ellos uno de los suicidas del viernes, ha llegado a Francia utilizando las vías habituales de los refugiados. "Si Europa no controla sus fronteras exteriores, como ya lo hemos visto, habrá un retorno a las fronteras nacionales con la consecuente deconstrucción de la Unión Europea".

Hasta ahora, el excepcional estado de emergencia decretado el viernes ya autoriza día y noche las actuaciones policiales administrativas, es decir, sin orden judicial previa. De acuerdo con la legislación actual, estará en vigor 12 días. Para prorrogarlo como quiere Hollande, el Parlamento debe aprobar una ley específica. El miércoles se presentará el correspondiente proyecto de ley.

El estado de emergencia se aplica, de acuerdo con la legislación actual, cuando existe un peligro inminente y grave contra el orden público. Cuando entra en vigor, como se ha hecho, el ministro del Interior puede fijar zonas de residencia obligadas a sospechosos (lo ha hecho con 104 individuos), la policía puede registrar domicilios día y noche sin orden judicial (ha entrado en 168 casas en los últimos días), los prefectos pueden fijar zonas de seguridad prohibidas al tránsito de personas y vehículos (se ha hecho en zonas de París) y se pueden practicar detenciones sin orden judicial.

Las nuevas medidas que prevé el Gobierno afectarán a los sospechosos fichados como tales. La policía francesa tiene fichados como sospechosos de actividades ligadas al radicalismo islamista a 10.500 personas. La cifra es demasiado elevada como para poder vigilar permanentemente a todos sus integrantes. Hasta ahora, la cifra oficiosa que se manejaba era de 4.000 personas en esa lista. En los últimos meses, ha crecido. Valls ha dicho que, a veces, se incluye a sospechosos por un solo dato que llega a la policía.

El expresidente Nicolas Sarkozy ha dicho que a esos sospechosos habría que fijarles zonas determinadas de residencia (lo permite el estado de emergencia) y colocarles brazaletes electrónicos de geolocalización. Laurent Wauquiez, secretario general del partido de Sarkozy, Los Republicanos, ha propuesto incluso encerrar a esos sospechosos en campos especiales de internamiento. El Ejecutivo, en efecto, no descarta obligarles a portar algún sistema para tenerlos localizados en todo momento.

Los líderes políticos también se han referido estos días a la conveniencia de actuar frente a los discursos radicales en las mezquitas francesas. La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, es partidaria de cerrar aquellas donde se registren sermones violentos. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo el domingo que hay que clausurar las que "prediquen el odio". Este lunes, Valls afirmó que "hay que expulsar a los que mantienen discursos insoportables contra la República".

Otra medida que plantea el Ministerio del Interior consiste en ampliar las opciones de que los policías utilicen sus armas de fuego en casos de "legítima defensa". Hoy, la ley indica que solo pueden usarlas en ese caso y solo si la respuesta es proporcional a la agresión. Es decir, si también son atacados con armas de fuego. Interior quiere que la norma sea menos restrictiva.