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La ministra de Trabajo alemana, Andrea Nahles, y el ministro de Interior durante una reunión del Gabinete este miércoles en Berlín. / FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

El Gobierno federal alemán, que este miércoles cumplió 100 días en el poder, ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso que busca implementar una serie de medidas destinadas a impedir que la llamada “inmigración de la pobreza”, que protagonizan los trabajadores rumanos y búlgaros -y, sobre todo, las etnias gitanas sinti y roma que viven en esos dos países-, utilice la libertad de circulación que garantiza la Unión Europea y se aproveche así del generoso sistema social que impera en el territorio germano.

Durante una reunión del gabinete federal y más tarde ante la prensa, el ministro del Interior, Thomas de Maizière y su colega del Trabajo Andrea Nahles, presentaron un informe de 133 páginas elaborado por un panel de expertos de varios ministerios donde se propone conceder un plazo de entre tres y seis meses para que los inmigrantes de otros países de la Unión Europea puedan encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no han encontrado un empleo deberán regresar a sus respectivos países.

La controvertida medida, si finalmente se implanta como fue anunciada por el ministro de Maizière, además de frenar la inmigración de trabajadores búlgaros y rumanos, también afectará al resto de los inmigrantes europeos, incluidos ciudadanos españoles, que llegan a Alemania a buscar trabajo.

“Esta medida no es compatible con el derecho de la Unión”, explica a este diario, Volker Beck, portavoz de política interior de los Verdes. “Los ciudadanos de la UE no necesitan un permiso de residencia alemana, ya que solo necesitan registrarse en las oficinas correspondientes. En una Europa libre y democrática no se puede limitar el derecho de residencia de los ciudadanos de la UE para la búsqueda de empleo”.

La norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de manera ilimitada. La mayor parte de las medidas recogidas en el informe son compatibles con la literalidad de la directiva de libre circulación, aunque según cómo se trasladen a la legislación nacional pueden contravenir el espíritu de la norma.

El marco comunitario reconoce a los europeos el derecho a entrar y residir libremente en cualquier Estado miembro durante tres meses. A partir de ahí, los Estados pueden decidir otorgar este derecho únicamente a quienes tengan un trabajo, quienes dispongan de medios suficientes par vivir (y un seguro de salud) o a estudiantes que acrediten también recursos suficientes para mantenerse. En el caso de trabajadores que hayan quedado en paro, se les debe dar un mínimo de seis meses para encontrar otro empleo. Fuera de esa casuística, las autoridades pueden expulsar al trabajador, una posibilidad apenas utilizada hasta que llegó la crisis (y a la que ahora están recurriendo de manera significativa algunos países como Bélgica).

Más dudosa es la legalidad de poder prohibir la entrada a quienes hayan sido expulsados por supuestos abusos al sistema social. Tanto la norma europea como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia establecen que esos vetos deben estar muy motivados y con un análisis individual del riesgo que presenta un determinado ciudadano para el sistema. Se trata, por tanto, de prohibiciones excepcionales que, de extenderse, vulnerarían el derecho comunitario.

El informe de los sabios alemanes, que lleva por título “Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE”, y que recibió la bendición del Gabinete, también pone énfasis en la lucha contra el fraude social que llevan a cabo en Alemania los inmigrantes que llegan desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que las personas que cometan el delito de fraude social deben ser expulsadas y castigadas con una prohibición temporal para poder volver a ingresar a Alemania.

Para evitar el fraude, las autoridades alemanas pedirán a los que soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante. El panel de expertos descubrió que varios inmigrantes han registrado varias veces a sus hijos e incluso han inventado su existencia para poder cobrar el llamado Kindergeld, una ayuda de 184 euros mensuales que paga el Estado a las familias por cada hijo.

La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como “turistas sociales” nació a comienzos de año en Baviera, el Estado federado más rico de Alemania, que decidió rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del populismo de derecha para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan viajar a Alemania para buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del generoso sistema social que ofrece al país a sus trabajadores.

Ante el temor de que los habitantes de estos dos países, que desde el 1 de enero de este año tienen derecho a circular libremente y solicitar trabajo en el resto de los países que integran la Unión Europea, deseen emigrar a Alemania para aprovecharse de las ayudas sociales, la CSU de Baviera y actual socio del Gobierno de gran coalición, redactó un explosivo documento donde propuso medidas que excluyan a los futuros inmigrantes del sistema social germano, una medida que podría frenar la llegada masiva de trabajadores