Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Imagen de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá (Reuters)

El silencio ha sido la forma en la que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la ACP han escenificado las distantes posiciones en las que han concluido el plazo que se dieron el pasado viernes, cuando venció la primera prórroga, para alcanzar una solución a un conflicto empresarial que amenaza con convertirse en una confrontación entre países. Entre Panamá, España, Italia y Estados Unidos, el principal cliente del Canal.

Fuentes oficiales de Sacyr han confirmado que las reuniones acabaron sin acuerdo y que ahora es la ACP quien tiene la sartén por el mango. El gestor de la infraestructura portuaria podría decidir hoy mismo que se hace cargo de la obra, que está realizada en un 72%, y que la termina ella sola, con la ayuda de una nueva constructora.

Pese al compromiso de todas las partes de negociar hasta el último extremo, con especial hincapié por parte de Sacyr, las diferencias económicas son insalvables, según indican fuentes próximas a las conversaciones. Se desconoce exactamente dónde está el punto de fricción debido al mutismo oficial, pero las mismas fuentes señalan que el gran obstáculo es la petición de GUPC de la no devolución de los 784 millones de dólares de adelantos concedidos por la ACP hasta que concluya el proyecto.

Panamá ha desembolsado al consorcio 2.831 millones de dólares, 784 millones en anticipos reembolsables, además de unos 160 millones en costos adicionales que si ha reconocido. Pero Sacyr y sus socios le han pedido que la cantidad más gruesa no sea devuelta hasta mediados de 2015, cuando se terminen las obras y siempre y cuando un tribunal de arbitraje se pronuncie a favor de unos o de otros. La ACP se ha negado en rotundo porque dicho importe ya tenía que haber sido entregada en 2013, pero los problemas de tesorería de las constructoras les impidió cumplir con su obligación contractual.

Ahora, la Autoridad portuaria puede ejecutar los avales concedidos por Scotiabank y HSBC sobre dichos adelantos, así como el seguro de protección de Zurich, y seguir adelante con la construcción de las terceras esclusas del Canal. La ACP obtendría entre unos contratos y otros más de 750 millones de dólares para financiar la finalización de unas obras que son vitales para el país  y para el transporte marítimo internacional.

Estados Unidos, que hasta hace menos de veinte años gestiona el paso entre el Pacífico y el Atlántico, es el más interesado en aumentar el flujo de barcos y el que más ha presionado desde el punto diplomático. La visita del vicepresidente Joe Biden el pasado mes de noviembre a Panamá, cuando las tensiones ya eran públicas, y la reunión que Jorge Quijano, el director general de la ACP, mantuvo el último viernes con el embajador americano en el país, no han hecho más que acrecentar las sospechas de que se han ofrecido para finalizar el proyecto.

Hay que recordar que el consorcio que perdió el contrato ante Sacyr e Impregilo fue el liderado por Bechtel, una constructora estadounidense que estimó la ampliación del Canal en 1.000 millones de dólares más de los que ofreció el GUPC. Ahora, como es sabido, la española y la italiano dicen que solo pueden terminar el macrocontrato si la ACP les paga 1.600 millones de dólares más a los 3.180 proyectados.

Un conflicto internacional que ahora ya solo está a expensas de la decisión que hoy adopte la Autoridad del Canal y que ya ha erosionado de forma muy grave la credibilidad de la Marca España. Sacyr, que este martes se disparó un 6% en bolsa ane la posibilidad de un acuerdo que no ha llegado, mantiene su postura de seguir negociando.

Como adelantó El Confidencial, la española comunicó a la ACP el pasado 31 de diciembre que no estaba dispuesta a seguir con las obras si no recibía una aportación adicional de dinero por unos sobrecostes que convertían el proyecto en una ruina. El 21 de enero acabó el primer plazo dado por el consorcio para detener la construcción si no conseguían 1.600 millones de dólares  Al no llegar a un acuerdo, las negociaciones se extendieron hasta el 1 de febrero y después hasta el 4 del presente mes.