Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

La indignación ha llegado a las calles de Paraguay. Así como en otros países latinoamericanos la población ha comenzado a protestar últimamente por motivos que van desde la educación hasta el transporte público, miles de paraguayos se manifestaron el pasado viernes y este miércoles en Asunción para repudiar el nepotismo y la corrupción de su país.

Las prácticas corruptas han sido históricamente un asunto pendiente de solucionar en Paraguay, al igual que la desigualdad, la distribución de la tierra y el desarrollo económico. Esta vez los ciudadanos reaccionaron porque, el pasado día 14, más de una veintena de senadores votaron en contra del desafuero de un colega suyo acusado por la prensa de contratar como empleadas del Congreso a su niñera y a una excandidata a Miss Universo.

El senador rescatado es Víctor Bogado, del conservador Partido Colorado, al que pertenece el presidente paraguayo, Horacio Cartes. Los 23 senadores que lo salvaron son una mezcla de su partido, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE, que fundó el fallecido general golpista Lino Oviedo) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tradicional rival del Colorado, pero que se alió con él para destituir el año pasado al entonces jefe de Estado, el exobispo socialista Fernando Lugo. No participaron de la defensa de Bogado ni el ahora senador Lugo ni sus cuatro compañeros de grupo del Frente Guasú (Grande).

Esta vez han sido los ciudadanos de diversas clases sociales los que se han levantado contra la corrupción. Todo comenzó a principios de octubre con denuncias periodísticas contra legisladores que repartían contratos entre familiares y allegados. Por ejemplo, la apodada niñera de oro de Bogado cobraba 1.800 dólares mensuales y la aspirante a Miss Universo, unos 1.300, además de que estaba contratada en otra dependencia del Ejecutivo. El escándalo fue tal que el Senado debatió su desafuero por las acusaciones de estafa, pero la mayoría de los legisladores lo rechazó.

Al día siguiente de esa votación, unos 3.000 paraguayos se concentraron frente al Congreso en una manifestación organizada por las redes sociales bajo el lema del #15NPY, el 15 de noviembre paraguayo. Los participantes portaban rollos de papel higiénico, como símbolo de que querían limpiar el excremento de los políticos. “Dipuchorros”, gritaban unos. Chorros es una manera de llamar a los ladrones en Paraguay y Argentina. “Senarratas”, escribían otros en carteles. “Víctor Bogado, devuelve lo robado”, cantaban mientras esparcían por las calles el papel higiénico. Jubilados, madres de familia y jóvenes estudiantes participaron de la primera marcha y algunos de ellos recordaban que desde tiempos de la dictadura - cuando la población comenzó a manifestarse contra Stroessner -, no se movilizaba tanta gente.

La protesta callejera evolucionó a varios escraches o señalamientos. Uno de los 23 senadores involucrados, Óscar González Daher, fue a cenar esa misma noche con una mujer a una pizzería y el camarero lo invitó a retirarse por su voto a favor de Bogado. “¡Fuera, ladrón!”, le gritaron los comensales.

A partir de entonces, más 100 de comercios anunciaron que no atenderían a Bogado y sus 23 salvadores. Ya no podrán acudir a ciertos restaurantes, bares, cines, gasolineras, negocios, clínicas privadas, agencias de viajes, centros comerciales, heladerías, gimnasios, supermercados –sitios donde quizá nunca vayan porque envían a sus asistentas para la compra- y el famoso Yacht y Golf Club Paraguayo. La candidata a Miss Universo sufrió un escrache en un restaurante. Otro senador lo padeció en un funeral. Sindicatos y patronales rurales e industriales también se fueron sumando con el correr de los días a las reclamaciones de honestidad en la política.

Y así fue que los ciudadanos volvieron a ser convocados por redes sociales para este miércoles. La prensa informó de que una caravana de tres kilómetros de largo se formó con coches y motos a lo largo de la avenida Costanera de Asunción, frente al río Paraguay. De nada sirvieron algunos intentos de diputados colorados por prohibir la manifestación. Otros manifestantes fueron a pie al Congreso. Algunos llegaron en bicicletas y forcejearon con policías. Había quienes no solo pedían el final de la corrupción sino un cambio político, cuando Cartes lleva solo tres meses en el poder. Unos reclamaban una bajada de salarios para los legisladores y otros, una reforma electoral.

Estas no son las únicas manifestaciones que enturbian el nuevo Gobierno colorado. El pasado sábado, dos labriegos fueron heridos de bala en una represión policial contra una manifestación de campesinos que rechazaban la fumigación de plantaciones de soja con agrotóxicos en Colonia Maracaná, a 250 kilómetros al noroeste de Asunción. El suceso se produjo a pocos kilómetros de donde ocurrió el año pasado la matanza de Curuguaty. En aquella masacre de junio de 2012 murieron once campesinos y seis policías en una ocupación de tierras de un latifundista colorado.

Aquella refriega fue el argumento que usaron senadores colorados y liberales para destituir a Lugo por un supuesto mal desempeño de sus funciones. La desigual distribución de la tierra y la falta de reforma agraria, promesa incumplida por el exobispo, provocan permanentes tensiones en Paraguay. La Policía dijo que esta vez estaba acompañando a un terrateniente que había pedido custodia para fumigar ante el temor de que la manifestación campesina se lo impidiese. Los policías detuvieron entonces a cinco de los 250 agricultores que protestaban y, a partir de entonces, las versiones son contrapuestas. Las fuerzas de seguridad defienden que los militantes de la Federación Nacional Campesina y el Partido Paraguay Pyahura los atacaron y que por eso ellos dispararon. Los agricultores dicen que solo protestaban.

Octubre también había sido un mes de manifestaciones callejeras, aunque contra algunas medidas concretas tomadas por el presidente Cartes. Entonces habían organizado protestas los docentes por un recorte salarial, los empleados públicos afiliados al PLRA por los despidos que contra ellos dispuso el Gobierno colorado y los sindicatos y organizaciones sociales por la ley finalmente aprobada para fomentar la inversión privada en infraestructuras y servicios públicos, que fue tachada de privatización encubierta.