Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

“Esto es una vergüenza, no puede pasar, exigimos respuestas”, declaró el presidente Correa el sábado pasado durante su habitual informe de labores, donde denunció las ramificaciones de la “Mano Sucia de Chevron” en Ecuador.

El primer mandatario reveló que hasta hace unos días existía una conexión entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la transnacional petrolera Chevron Corporation. Desde 2005 la petrolera estadounidense pagó más de tres millones de dólares a la compañía de seguridad C&S Sepriv Cía. Ltda., que hasta 2010 fue parte de la Dirección de Industrias del Ejército (Dine) y que ahora pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa).

Prestación de servicios

El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se firmó el contrato de “Prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad”.

El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, en su calidad de gerente general de Sepriv entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió, en 1998, el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado.

El contrato estipula que Texpet, filial de Texaco en Ecuador, contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que además Sepriv debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando Chevron-Texaco lo requiriese.

Como parte de este contrato, en 2004 se suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional entre Texpet y la Cuarta División del Ejército “Amazonas”, representado por el exgeneral Gustavo Tapia en el cual se cedía territorio dentro de la Unidad Militar GFE-24-Rayo en Lago Agrio (Sucumbíos) para la construcción de una vivienda que facilitase el alojamiento de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento provendría de los fondos públicos asignados a la brigada.

Por esta razón, el presidente Correa pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría General del Estado como posible delito de peculado, y manifestó: “Esto me puede ocasionar un tiro, ya estarán los conspiradores yendo a defender a las Fuerzas Armadas y al Issfa. Yo me juego la vida, pero no permitiré que sigan pasando estas cosas”.

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), Nelson Herrera Nieto fue el ministro de Defensa, y Jaime Alfonso Andrade, subsecretario de Defensa y jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Éste último consta como el representante legal de C&S Sepriv Cía. Ltda. desde 2005 hasta 2009.

Actualmente figura Óscar Paredes Muñoz, de nacionalidad colombiana, como representante legal de la empresa. Él también dirige el Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria y se ha desempeñado como gerente de Seguridad de los bancos Popular, Pichincha y Produbanco, según la página web de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El pasado 8 de octubre, Sepriv notificó a Chevron-Texaco su voluntad de dar por terminado el contrato de prestación de servicios firmado en 2003.

Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa funcionarios informaron que se está elaborando un informe del tema sobre el cual posiblemente se pronuncie esta semana el viceministro Carlos Larrea, debido a que la ministra María Fernanda Espinosa acompaña al presidente Correa en su gira por Rusia, Bielorrusia y Francia.

Banco general Rumiñahui usa conscriptos

El Banco General Rumiñahui es una entidad financiera de las Fuerzas Armadas y tiene connvenios con Banco del Pichincha, una empresa privada, cuestionó el presidente Rafael Correa el sábado pasado.

El reclamo surgió porque afirmó haber visto a conscriptos aseando las agencias del banco, cuyas instalaciones se encuentran en todos los cuarteles militares.

El artículo 162 de la Constitución establece que “las Fuerzas Armadas solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional, y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la ley”.

Por ello está prohibido por la ley que existan empresas no relacionadas a la defensa en los cuarteles, en este caso, una empresa financiera. Tampoco pueden utilizar el talento humano y recursos del Estado para cuidar o ser parte del personal de limpieza de las agencias bancarias.

“El Banco debe competir como todas las empresas del sector privado, pagando todos sus servicios como cualquier empresa, en este caso es una empresa pública”, dijo el primer mandatario.

La empresa, que fue catalogada por el Presidente como “pública”, pertenece a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en donde Alejandro Rivadeneira Jaramillo figura como gerente general, y Luis Aníbal Garzón Narváez, general de División del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como su presidente.

En la página web del Banco del Pichincha consta como una de sus alianzas estratégicas el Banco General Rumiñahui, al cual describe como una organización de alto rendimiento y excelencia profesional: “Gracias a la alianza entre los bancos Rumiñahui y del Pichincha ha aumentado la cobertura de oficinas y cajeros automáticos a nivel nacional, entre otros beneficios generados a los clientes que permiten garantizar seguridad, y contribuir al desarrollo de Ecuador”.

El presidente Correa pidió explicaciones al respecto a las Fuerzas Armadas.