Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El arraigo es una de las condiciones que permiten a los extranjeros obtener un permiso de residencia en nuestro país. Y tener un hijo de nacionalidad española puede representar, en muchos casos, una prueba de ese arraigo. Sin embargo la ONG Pueblos Unidos, ha detectado que, durante 2012, al menos 11 de los extranjeros que fueron recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) para asegurar su expulsión, tenían descendencia española. Es uno de los datos recogidos en el informe titulado Atrapados tras las rejas, que ese colectivo ha presentado esta mañana en la sede del Defensor del Pueblo.

El informe ha sido elaborado con los datos obtenidos durante las 1.277 visitas que miembros de esa organización han realizado a 328 personas internadas en ese CIE a lo largo de 2012. En ellos son recluidos los extranjeros en situación irregular por un plazo máximo de 60 días con la finalidad de asegurar su expulsión del territorio nacional. A lo largo de un año, solo por el centro de Madrid, unas 3.060 personas pasan por estas instalaciones, según los datos de la ONG.

El informe de 2012 analiza, sobre todo, las condiciones de ingreso en el CIE. Y llega a la conclusión de que el Ministerio del Interior, utiliza estos centros de forma arbitraria cuando el marco internacional y la normativa española que lo regula establece que la privación de libertad debería ser el último recurso.

Por el contrario, el documento elaborado por Pueblos Unidos, ha detectado, según su coordinadora, Cristina Manzanedo, que a estas instalaciones llegan muchos inmigrantes con arraigo en España, que están tratando de regularizar su situación ante las autoridades españolas o que ya han tenido el permiso de trabajo y residencia anteriormente y lo han perdido por la falta de empleo generada por la crisis económica.

“A la hora de ordenar el ingreso, la policía no tiene en cuenta las circunstancias personales de cada interno, que no se contienen en el expediente de expulsión”, ha asegurado Manzanedo, que subraya algunas de las situaciones de especial vulnerabilidad que se han encontrado en el CIE de Aluche, como mujeres potenciales víctimas de trata o personas que han iniciado los trámites para obtener asilo político en España.

Los autores del informe también denuncian la supuesta estrategia de criminalización de las personas que ingresan en estos centros que, dicen, lleva a cabo Interior. Niegan veracidad a la cifra facilitada por el Gobierno que fija en el 87% los internos con antecedentes penales y aseguran que, en su trabajo de campo en el CIE de Madrid, el porcentaje de extranjeros recluidos con condenas penales no superó el 27%.

Pueblos Unidos asegura que en el porcentaje del 87% que facilita el Ejecutivo se refiere al total de expulsiones, que no se realizan necesariamente desde un CIE, y no a las personas que pasan por estos centros de reclusión. El informe afirma, además, que el procedimiento de “expulsión cualificada” aplicado a los autores de delitos graves, se extiende también a procesos penales en los que aún no hay sentencia (lo que afecta al derecho a la presunción de inocencia) o a personas que simplemente se encuentran en situación de “estancia irregular”.