Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El PP y el PSOE se han mantenido de perfil ante los asuntos que tienen que ver con la Casa del Rey y, muy especialmente, sobre el caso Urdangarin. Ni siquiera la imputación de la infanta Cristina los ha sacado de esa posición de responsabilidad institucional como partidos con opciones de Gobierno, al menos en sus declaraciones públicas.

En privado, la reacción es de suma preocupación por la estabilidad institucional y la imagen de España, en un momento de especial zozobra económica y política y de desafección evidente de los ciudadanos ante las instituciones. Así, diferentes miembros del Gobierno sostenían en vísperas de esa imputación que lo último que necesitaría España en este momento es poner en cuestión la Jefatura del Estado, por más incomodidad que provoquen los escándalos que afectan a la Corona.

Sin embargo, en público el Gobierno y la oposición se remiten al respeto a una decisión de la justicia, obviando que en gran parte la agenda política de ambos se basa en arremeter uno contra el otro cuando un juez imputa a alguno de sus dirigentes. Pero en lo que se refiere a la Corona, el argumento único de los dos grandes partidos es el del respeto a las decisiones judiciales.

Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha limitado a asegurar en una rueda de prensa, nada más conocerse la imputación, que “es una decisión judicial y el PSOE la respeta, como cualquier otra decisión judicial”. El líder de la oposición ha añadido que, en todo caso, es una muestra de que la justicia es igual para todos.

Los dirigentes del PP, como mantienen la costumbre de no celebrar ruedas de prensa, no se han visto siquiera en la obligación de responder ayer sobre este asunto. Además, el PP es especialmente prudente porque sabe que un siguiente paso puede ser la imputación de cargos públicos de su partido que, como Rita Barberá y Francisco Camps, pagaron a Nóos. La imputación de la alcaldesa de Valencia sería otro grave problema para Mariano Rajoy y su partido.

El resto de los partidos con representación parlamentaria han mantenido una posición completamente distinta, celebrando la decisión judicial, dando por hecho que era inevitable y, en algunos casos, pidiendo medidas de respuesta y ejemplaridad similares a las que se exigen para los responsables políticos.

En este último sentido se ha pronunciado Rosa Díez, líder de UPyD, para quien la Infanta debería ser apartada de todas sus funciones. Díez ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que su defensa no la paguemos todos. “Exigimos que la Casa del Rey haga con la Infanta lo mismo que pedimos a los partidos para sus cargos: que la separe temporalmente de todo tipo de actividad y que su defensa no la pague con fondos públicos”, ha asegurado. “Ojalá la Casa del Rey actúe mejor que el PSOE y el PP, y no apele a la presunción de inocencia para hacer como que no pasa nada”, ha añadido la diputada de UPyD.

En esta línea, el presidente del grupo de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña, Joan Herrera, ha pedido que la infanta Cristina renuncie a su estatus como miembro de la Casa del Rey: “Como hemos pedido en otros casos de presunta corrupción, creemos que una persona imputada debe abandonar su cargo inmediatamente”.

En Izquierda Unida, los diputados Cayo Lara, Gaspar Llamazares y Alberto Garzón han expresado su satisfacción por la decisión judicial. El coordinador federal, Cayo Lara, ha asegurado: “Más vale tarde que nunca. Hace mucha falta en este país que haya jueces que se crean de verdad y tiren para delante con la independencia del Poder Judicial, sea quien sea quien tengan enfrente”. Gaspar Llamazares ha pedido que la Casa del Rey colabore con la justicia para esclarecer los hechos. Para Llamazares, “el caso Nóos deja de ser el de un advenedizo para convertirse en el de los negocios de la Casa del Rey”. El diputado de IU ha anunciado su intención de solicitar la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para explicar el recurso a la decisión del juez.

Llamazares, portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia del Congreso, ha sido muy crítico con este recurso.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Alfred Bosch, ha aprovechado para asegurar que con la imputación de la Infanta “el pueblo catalán tiene un nuevo argumento para optar por la república catalana que defiende ERC”.

Bosch también ha cargado contra la Fiscalía por su decisión de recurrir la imputación y se ha preguntado si el Ministerio Fiscal “vela por la lucha contra la corrupción o por la impunidad de la Familia Real”.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha asegurado que “es el momento de que la institución de la Corona sea tratada de la misma manera que el resto de las instituciones”. Para ello, ha reclamado “que esa normalización se refleje en la legislación” que vaya produciéndose en la búsqueda de una mayor transparencia, “sin ningún tipo de privilegio asociado”.