Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

ECUADOR RECHAZA DISCRIMINATORIA LEY SOBRE SEGURIDAD EN ITALIA PDF Imprimir E-mail
Viernes, 10 de Julio de 2009 00:00

El Gobierno del Ecuador, a través la Cancillería de la República y la Secretaría Nacional del Migrante, manifiesta su más profundo rechazo ante la adopción definitiva de la Ley sobre seguridad, adoptada de manera definitiva tras recibir el visto bueno del Senado el pasado día 2 de Julio, al entender que esta norma supone un claro y dramático avance de la política migratoria de Italia hacia prácticas violatorias de los derechos humanos en general, y de  aquellos de las personas migrantes en particular.

El Gobierno del Ecuador considera que el cuerpo legal adoptado instituye como delito el derecho a la libre movilidad de las personas, endurece paradójicamente las condiciones para facilitar una inmigración regularizada y aumenta gravemente las penas contra las personas indocumentadas, contraviniendo incluso la  Constitución de la República italiana.

Entre algunos de los aspectos más preocupantes de la norma figuran los siguientes:
  • se establecen multas para los inmigrantes indocumentados de entre 5.000 y 10.000 euros;
  • se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días, y fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas;
  • se establece la obligación para los funcionaros públicos de denunciar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en Italia; tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación;
  • se fija una tasa de entre 80 y 200 euros para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana.
  • se endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país
  • se establece que el cónyuge extranjero sólo podrá obtener la nacionalidad tras residir dos años en Italia después del matrimonio, mientras que en el caso de que la pareja viva fuera del país tendrá que esperar a que pasen tres años.
  • se legalizan las llamadas "rondas" de ciudadanos, que podrán indicar a las fuerzas del orden situaciones relacionadas con personas inmigrantes y que, presumiblemente, denoten un riesgo para la seguridad pública;
  • se prevé el castigo con penas de entre seis meses y tres años de cárcel a aquellos ciudadanos que alquilen una vivienda a personas inmigrantes sin papeles
  • El texto adoptado, que ha conocido durante todo su período de gestación una fuerte oposición por parte de la oposición política, de los movimientos sociales y asociaciones de defensa de los derechos humanos en Italia y en Europa, y de la Iglesia católica, es especialmente perverso en la medida en que alimenta la espiral de violencia xenófoba que padece Italia en los últimos meses, a la vez que favorece el surgimiento de prácticas de control y represión social, que sin lugar a dudas vulneran tanto los derechos de las personas migrantes así como los derechos fundamentales de los ciudadanos italianos.

    Situada en la estela marcada por las últimas legislaciones aprobadas en el seno de la Unión Europea, la Ley sobre Seguridad desconoce el aporte fundamental que ha realizado y realiza la población inmigrante para el sostenimiento de la economía y el Estado de bienestar italianos.

    Por todo ello, el Gobierno ecuatoriano:

    • condena la adopción de esta Ley, que consagra definitivamente la regresiva política del gobierno italiano en materia de respeto a los derechos humanos;
    • estudia la adopción inmediata de medidas para el fortalecimiento de la garantía de los derechos de sus nacionales en territorio italiano;
    • se solidariza con las personas inmigrantes en Italia, independientemente de su origen y situación administrativa;
    • reconoce el gesto de rechazo a la Ley, por parte de partidos de la oposición, movimientos y organizaciones sociales, religiosos, estudiantiles y gremiales, en Italia y, en general, en toda Europa;
    • por último, responsabiliza al Gobierno italiano por toda actuación de arbitrariedad administrativa o de violencia social que afectare a cualquier ciudadano ecuatoriano que se encuentre en Italia.

     

    Fuente: Migranteecuatoriano

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