Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El Gobierno abrió ayer la caja de los truenos. Según anunció Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ejecutará dentro de la hoja de ruta para la puesta en marcha del dividendo digital una sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la última asignación de canales de la era Zapatero. ¿Conclusión? Mediaset perderá dos de ocho frecuencias; Antena 3 se dejará otras tres, y Vocento y Unidad Editorial verán esfumarse la mitad de su oferta de cuatro canales. “Es un golpe muy duro al sector. Con un objetivo. Tenerle en vilo durante todo un año”, apuntaba ayer uno de los afectados.

Y es que según aseguran fuentes conocedoras del acuerdo de Consejo de Ministros, el Ejecutivo abrirá ahora un periodo transitorio de un año, en el que muestra su predisposición a encontrar otras soluciones. Si en 2014 no se ha dado con una alternativa, retirará sin más esos canales a sus actuales propietarios. Una fórmula que era ayer vista por las televisiones como una manera de tener a las cadenas controladas durante ese año, crítico para el PP en pleno affaire Bárcenas. “Si se trataba de ejecutar la sentencia, que lo hubieran hecho ya. Pero se dan ese año para tenernos secuestrados”, apuntaba un ejecutivo del sector, entre indignado y sorprendido.

El Gobierno puede haber abierto con la solución escogida un frente mediático de enormes proporciones. No en vano los dos principales perjudicados, Vocento y Unidad Editorial, son a su vez editores de ABC y El Mundo, lo que les concede una potencia de fuego fenomenal. “No es sólo un problema de las televisiones, es un dominó que afecta a grupos mediáticos enteros”, subrayaban estas fuentes. Además, se trata en ambos casos de grupos financieramente heridos, que pueden legítimamente pensar que el Gobierno Rajoy les ha dado la puntilla a sabiendas. Y morir matando. Incluso Prisa –editora de El País y poseedora de un 17,3% de Mediaset- tiene intereses en juego.

En este escenario, la pregunta es si el Ejecutivo podía hacer otra cosa. Por un lado, el Gobierno puede argumentar con razón que la sentencia del Alto Tribunal no contemplaba la posibilidad de recurso y que apenas tenía margen de maniobra. Sin embargo, no la ejecutó ipso facto. De hecho, el propio Ejecutivo se sentó durante semanas con las televisiones para buscar una salida negociada al fallo. Un gesto que hizo vislumbrar a los diferentes grupos una conclusión más favorable. “Se está trabajando sobre una solución técnico-jurídica que podría encontrar acomodo en la nueva normativa sobre el dividendo digital”, exponían a principios de año fuentes conocedoras de esos contactos.

Gobierno al ataque, medios quebrados

Desde luego, la reflexión ayer en el sector no era generosa con el Gobierno. Y se recordaba que el Ejecutivo había señalado a los medios de comunicación en las últimas fechas. Primero, en público con sus supuestos impagos a Hacienda. Y después, sotto voce. “Estamos recibiendo un ataque por parte de un medio que está quebrado”, se apuntaba sin ambages a principios de febrero en fuentes del propio Consejo de Ministros, en clara alusión al diario El País y a la publicación de los papeles del extesorero del PP. “Nos dicen que somos muy buenos, pero eso se ha acabado”, zanjaba estas mismas fuentes, en una suerte de autocrítica a la autorización a operaciones como la compra por Antena 3 de La Sexta, la cadena más crítica con el Gobierno.

En esta línea, este periódico ya avanzó que el Gobierno planeaba castigar a cadenas que consideraba próximas por su hostilidad ante el caso Bárcenas. Y también que planteaba hacerlo vía reducción de canales, aprovechando la sentencia del Tribunal Supremo y la negociación del dividendo digital. Es más, la ofensiva en marcha rompe radicalmente con la tradicional inacción popular en materia de medios de comunicación. Fuentes del entorno de Mariano Rajoy siempre han dejado claro que el presidente siente como algo ajeno ese mundo y subrayan que nunca ha considerado ni remotamente forjar un grupo mediático afín al Gobierno. Una postura que le aleja de la aspiración que sí tuvieron en otro tiempo –e incluso pusieron en práctica- los González, Aznar o Zapatero. Ayer pareció decir basta.

El fallo del Alto Tribunal, fechado el 27 de noviembre, se retrotrae a la época Zapatero y declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital [ancho de banda que permite la emisión de cuatro canales] de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. El Supremo entendía que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso. La guerra ha comenzado. Sin ir más lejos, el Ejecutivo se expone a una macrodemanda con importantes reclamaciones económicas por parte de los afectados.