Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Younes lleva seis meses sin asistencia sanitaria. Al igual que otras 150.000 personas que viven en España en situación irregular, solo tiene derecho a la atención de urgencias –también parto, posparto y pediatría--, un mal sistema para tratar y controlar la diabetes que padece. Este marroquí de 32 años es solo uno de los rostros de la exclusión sanitaria que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en abril y que hoy cumple medio año en vigor. Desde entonces, Younes, que vive en Madrid, no puede ir al médico ni hacerse pruebas. Tampoco acceder a las tiras con las que se controla el nivel de insulina ni comprar los fármacos que necesita.

El decreto que impone la exclusión sanitaria ha creado, además, un verdadero embrollo administrativo en las comunidades autónomas. Algunas, como Andalucía, Asturias o Cataluña han decidido incumplirla. Otras, como País Vasco, Galicia o Navarra han legislado o creado herramientas normativas para dar cobertura sanitaria a los sin papeles. En el resto de autonomías el panorama es desigual: algunas –como Madrid- acatan la exclusión a rajatabla y otras lo hacen en parte. Pero en aquellas que son estrictas la falta de información clara hace que la atención dependa del hospital, del servicio e incluso del profesional que atiende en cada momento. Tanto, que al no tener ya tarjeta sanitaria ni ningún otro documento que acredite que tienen derecho, a algunos sin papeles –incluso menores-- se les ha enviado la factura de su atención de urgencias.

“Se está vulnerando el derecho a la salud de estas personas. No solo con esta ley injusta, sino además no respetando el escaso paraguas de atención que permite”, critica Rafael Sotoca, facultativo y portavoz de Médicos del Mundo; una ONG que tiene varios programas de asistencia a personas en situación irregular y que ha documentado multitud de casos de exclusión que han hecho llegar a las autoridades sanitarias. A pesar de ello, las administraciones y el Ministerio de Sanidad aseguran que no existen casos de desatención grave. Indican que las facturas son meramente informativas, que ninguna se ha cobrado y que son la fórmula que se emplea para todo aquel que llega al sistema sin tarjeta sanitaria y al que se le da un plazo para que dé cuenta de su situación.

Hoy, el PSOE ha presentado una proposición no de ley en la que define la nueva regulación como “inhumana e injusta” y exige al Gobierno que restituya el derecho a la asistencia normalizada a estos ciudadanos. Además, pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, mientras lo hace, establezca un procedimiento común que asegure su acceso a la atención urgente sin barreras y evite casos de facturación como los que las organizaciones han denunciado. “No puede darse lugar a que estas cosas pasen en España. La ministra de sanidad niega que esté habiendo casos de desatención, pero los hay; y eso la sitúa fuera de la realidad”, afirma José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE. “Puede correr peligro la salud y la vida de estas personas, y ahí la ministra puede llegar a tener responsabilidades penales”, indica.

La propuesta del PSOE se suma a los recursos de inconstitucionalidad que han presentado contra la reforma sanitaria --incluido el peaje sanitario para los sin papeles-- seis autonomías: País Vasco, Asturias, Andalucía, Navarra, Cataluña y Canarias; y también al recurso que Izquierda Unida –que también intentó su derogación en el Congreso-- presentó a la Defensora del Pueblo.

“La confusión en cuanto a la atención a estas personas es generalizada. Esta ley, que vulnera los derechos fundamentales de los inmigrantes, ha creado un desbarajuste tremendo. Cada comunidad, cada centro hacen una cosa”, critica Gaspar Llamazares. El portavoz de Sanidad de Izquierda Unida preguntó dura e insistentemente a la ministra de Sanidad, Ana Mato, durante su intervención en el Congreso el pasado miércoles, por las situaciones de desatención que la exclusión está generando. “Por más que quisiéramos no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que llegan a España”, dijo Mato en la Comisión de Sanidad, a la que llevaba un año sin ir y en la que apenas contestó a las decenas de cuestiones que, durante ese tiempo, se le habían acumulado. Mato, además, habló de “turismo sanitario”.

Silvia V. se indigna cuando escucha esa expresión. Esta uruguaya de 52 años tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y, como no tiene papeles, también es una de las excluidas. Cuenta que desde que llegó a España hace casi diez años, siempre ha trabajado; eso sí, sin contrato, lo que siempre le impidió regularizar su situación. “Tengo una enfermedad crónica que me sobrevino aquí, en España. Y vine a trabajar no a hacer turismo sanitario, como se insinúa. Es increíble que digan que los inmigrantes creamos desequilibrio, ahora parece que la crisis la hemos creado nosotros”, critica por teléfono.

Baleares, la comunidad en la que vive, es una de las que acatan prácticamente a rajatabla el decreto del Gobierno. “Se han hecho dos excepciones con dos tipologías de casos: aquellos que tienen patologías que ponen en riesgo la salud pública y aquellas con trastorno mental grave”, dice un portavoz del Servicio de Salud de Islas Baleares que explica que se ha creado un canal para recibir las quejas y una comisión para estudiar los casos más graves, muchos de enfermos crónicos, como la de la mujer uruguaya. Silvia V. aún no ha recibido contestación sobre su situación como enferma crónica grave. De momento está pagando más de 250 euros al mes en fármacos. “Necesito traes clases de inhaladores, comprimidos… Antes de que me retiraran la tarjeta pagaba el 40% de las medicinas. Ahora las pago enteras y no sé hasta cuando me lo voy a poder permitir. Cuando salgo de la farmacia con la bolsa de medicinas intento hacerme bromas. Me digo a mí misma ‘aquí tengo mis pulmones’, porque han costado como eso, como un pulmón”, cuenta por teléfono.