"María" recibió una notificación de cobro tras su paso por el hospital.
Ella es cubana y vive en Madrid, pero aún no tiene permiso de residencia. Esto hace que tampoco tenga tarjeta sanitaria. La llamaremos María para preservar su identidad. Como al resto de "sin papeles", la última reforma la dejó sin cobertura de salud.
Pero la misma norma dejó la puerta abierta a ciertas excepciones. Entre ellas, los servicios de urgencias. Sin embargo, según denuncia la ONG Médicos del Mundo (MdM), hay centros públicos que están requiriendo el cobro de este servicio a los indocumentados. "Esto genera una persecución que los disuade de ir a los centros de salud, los ahuyenta", explica Rafael Sotoca en representación de la organización.
En diálogo con BBC Mundo María contó que semanas atrás sintió un dolor "insoportable" por una fisura anal y decidió concurrir al Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
"La atención de los médicos fue realmente excelente", deja en claro, pero al salir le fue entregado un papel donde decía que tenía 20 días para presentar la cartilla del seguro, algo que como inmigrante sin permiso de residencia, no tiene.
De lo contrario "le pasaremos la factura a Ud. directamente", se lee en el papel. Ella volvió al hospital antes del plazo estipulado. Le dijeron que el costo eran 120 euros. "Si los hubiera tenido, los hubiera pagado, es que yo no conozco la ley de aquí", confiesa.
Esa ley que desconoce dice que la atención que recibió, por ser de urgencias, es gratuita. Para el doctor Sotoca esto "va contra la ética profesional, además de ir contra la legislación vigente".
Efecto disuasorio
En la ONG tienen documentados alrededor de 140 casos similares al de María, desparramados en diferentes regiones del país como Madrid, Navarra, Valencia y Castilla-La Mancha. Aseguran que son muchos más pero que no llegan a su conocimiento directo, dado que sólo tienen presencia en cerca de la mitad de las capitales de provincia de España.
Los médicos creen que las administraciones de la Comunidades Autónomas, prestadoras de los servicios de salud, no van tras el dinero en sí. "Lo que el intento de cobro produce es un efecto disuasorio para no hacer uso de las urgencias", explica Sotoca a BBC Mundo. "Es un mensaje a esa parte de la población, muy vulnerable, de que lo mejor que podrían hacer es dejar el país", concluye.
Parte de ese efecto de disuasión se puede ver en María. "Me lo pensaré dos veces antes de ir un hospital", asegura.
El galeno también señala el miedo que genera en los afectados. "Tienen miedo de salir en los medios de comunicación. Tiene miedo de mostrar su cara, tienen miedo de caer en un centro de internamiento de extranjeros", enumera. BBC Mundo ha podido comprobar ese temor en tres casos más.
Esta problemática la destapó el diario El Mundo, dando a conocer casos como el de una marroquí a la que le facturaron 2.000 euros por el parto. Rápidamente se generó una tormenta política en el Congreso de los Diputados. Casi todo el arco opositor pidió explicaciones.
Para el diputado Gaspar Llamazares "más que el cobro lo que intentan generar es que el inmigrante no se acerque a los servicios de salud". El portavoz del Grupo de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad, que además es médico, siempre calificó la reciente reforma como un apartheid sanitario. "Y con esto se ve la naturaleza del apartheid", explica a BBC Mundo.
Respeto a la normativa
Rosa Díez, diputada de por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), critica que el Gobierno está incumpliendo su propia reforma, donde las urgencias quedan taxativamente dentro de la cobertura de la seguridad social. "La falta de rumbo y de respeto a la palabra dada es lo peor que puede hacer un gobernante", manifiesta a BBC Mundo. "El único interés del Gobierno de Rajoy es hacer caja", añade.
El Grupo Socialista, por su parte, pidió la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, quien por estos días se vio salpicada en los medios por un caso de una supuesta trama de corrupción en el que está imputado su exmarido.
El diputado José Martínez Olmos considera que "en la medida en que estas personas vean que les puedan pasar una factura será una barrera que les puede alejar de los servicios sanitarios". En declaraciones a BBC Mundo el legislador socialista subraya que en la práctica esto endurece aún más una reforma de por sí "xenófoba e inhumana". "Ni siquiera en urgencias pueden estar tranquilos", considera.
"Un centro de salud ante una persona que no tiene una tarjeta sanitaria tiene que facturar a priori (...) No se puede saber si es un inmigrante irregular o si es simplemente un extranjero en otra situación como un turista"
Ministerio de Sanidad
Desde el área de Comunicación del Ministerio de Sanidad niegan que se trate de una medida disuasoria. Aducen que "un centro de salud ante una persona que no tiene una tarjeta sanitaria tiene que facturar a priori". "No se puede saber si es un inmigrante irregular o si es simplemente un extranjero en otra situación como un turista", ejemplifican.
"Nos consta que se está respetando la normativa", aseguraron a BBC Mundo. Y se esfuerzan por dejar en claro que si el paciente demuestra que es un inmigrante irregular no se le cobra nada.
En el departamento de Prensa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, responsable del hospital donde se atendió María, dan explicaciones similares. "La urgencia se atiende y no se factura, y en estos casos se ha confundido lo que es el requerimiento de un documento administrativo con una cuestión económica", le explican a BBC Mundo.
Desde los partidos opositores califican estas explicaciones como simples excusas. Lo mismo piensan en MdM y por eso insisten en que los inmigrantes deben concurrir a Urgencias cuando lo necesiten. "No les tienen que cobrar nada", dejan en claro.
"Pero la realidad es la que es, el efecto lo vemos todos los días, es el temor", dice el médico Rafael Sotoca. María corrobora ese diagnóstico: "La próxima vez veré si pido ayuda a Cáritas o a Médicos del Mundo".
