Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el mitín que celebró ayer en Guayaquil. / REUTERS

En las calles de la capital de Ecuador no se respira mucho ambiente de elecciones. Y, sin embargo, dentro de un par de días un hombre se puede convertir en el dirigente que más poder haya acumulado en las últimas décadas. El jueves se cerró una campaña electoral donde el ritmo de los temas a debatir y —sobre todo— a no debatir estuvo en manos de la misma persona que ganó las elecciones de 2006, que impulsó una nueva Constitución en 2008, revalidó el cargo en 2009 y a quien las encuestas señalan como favorito en las presidenciales del próximo domingo. Rafael Correa, el economista de 49 años que alcanzó el poder hablando de “revolución ciudadana”, se encuentra en la mayoría de los sondeos a más de 35 puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo de los otros siete candidatos, el exbanquero del Opus Dei Guillermo Lasso.

Las presidenciales se celebrarán en dos tandas, el 17 de febrero y el 7 de abril. Pero si en la primera vuelta un candidato obtiene la mitad de los votos válidos más uno, o bien consigue el 40% de los sufragios y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con respecto al segundo candidato, será nombrado presidente. Todo apunta a que Correa accederá a un segundo mandato que le permitirá gobernar hasta 2017. Si no lo logra el próximo domingo, lo hará el 7 de abril.

La verdadera incógnita de estas elecciones consiste en saber si Alianza País, el movimiento que encabeza Correa, conseguirá por primera vez la mayoría absoluta en las elecciones legislativas que también se celebran el domingo. “Se necesitan 69 diputados de los 137 que hay en la Asamblea para tener mayoría. Pero las encuestas nos dan unos 80”, explica el portavoz de la formación, Galo Mora. Y esa mayoría abriría la puerta a Correa para aprobar cuestiones que antes le fueron vetadas como la reforma del código penal o una ley de comunicación que los principales medios privados tachan como una amenaza sin precedentes a la pluralidad democrática. “La ley permitiría, entre otras cosas, un mejor reparto de las frecuencias radioeléctricas por parte del Estado. Y la derecha se ha opuesto porque es dueña de muchas emisoras”, argumenta Galo Mora.

Pero en la campaña electoral apenas se ha hablado ni de la ley de comunicación, ni del desempleo, ni de la inseguridad ciudadana. La ONG Participación Ciudadana ha seguido a los candidatos en 23 medios y su conclusión es que el tema más tratado ha sido el del procedimiento electoral en sí mismo, los pros y contras de la ley D’Hondt. O sea, el tema predilecto de Correa. “Se han dejado al margen cuestiones que interesan mucho más a la gente como la salud, la seguridad, la libertad de expresión o la cuestionada independencia judicial”, explica la directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. “Tampoco se debatió nada sobre algo tan candente en Ecuador como la extracción de mineral y el medio ambiente”, añade.

Hidalgo lamenta la “inmadurez democrática” que se está reflejando en el proceso electoral. “Tres de los ocho candidatos crearon sus partidos para estas elecciones. Y uno de ellos dijo que su objetivo era solo medir su presencia electoral. O sea, usa los comicios como una encuesta que le sale gratis. Los opositores se han definido más por su anticorreísmo que por los postulados ideológicos propios”, indica Hidalgo.

“No ha habido un tema central de discusión y ese ha sido uno de los errores de la oposición”, señala el politólogo Simón Pachano. “Tampoco hay un liderazgo alternativo creíble al de Rafael Correa. Ningún opositor ha logrado explicar al elector por qué no debería votar a Correa: ni en términos económicos, ni de libertades, ni de valores”.

La gran baza de Correa en su campaña ha sido la bonanza económica del país. Los altos precios del petróleo en los últimos años se han traducido en mayores subsidios para las familias pobres, inversiones en infraestructuras, sobre todo en carreteras, aumento de salarios, empleos públicos… Su política de subsidios hacia las clases más desfavorecidas se asemeja a la de Hugo Chávez en Venezuela y Cristina Fernández en Argentina. “Pero la gran diferencia respecto a esos países es que en Ecuador se adoptó el dólar como moneda oficial en el año 2000. Y eso te impide utilizar al Banco Central, como en Argentina, para imprimir dinero y financiar la economía. Con lo cual la inflación está controlada y este Gobierno se ha privado de cometer los excesos que se han visto en Argentina y Venezuela”, explica el economista Pablo Lucio Paredes.

El economista indica que el Gobierno ha aumentado el gasto público desde un 15 a un 50% respecto a la inversión privada. “Y eso ha dado sus frutos, pero supone un problema a medio y largo plazo. Un país no se puede sostener alejando a los inversores privados. El problema es que si hubiéramos tenido otro Gobierno, probablemente habría pasado lo mismo. Lo único es que este ha tenido la habilidad de agregarle a ese chorro de petróleo una gran capacidad de propaganda. Y ha ejercido un control casi absoluto sobre la justicia y el poder electoral”, concluye Paredes