Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Bajo el alero de una choza usada como cocina está atada una decena de filudas lanzas de unos tres metros de largo. César Nihua, indígena huaorani de 30 años, dice que estas son parte de las armas con que cuentan los comuneros para defenderse y atacar, si fuera necesario.

Él es coordinador de jóvenes y ancianos de las comunidades huaoranis Tigüino y Bataburo, en el límite de Pastaza y Orellana, en la selva ubicada a casi dos horas de Coca. Nihua asegura que él está asumiendo el liderazgo de Babe, guerrero huao que falleció hace dos años y quien dirigió varios ataques, entre ellos aquel que acabó con la vida de 26 indígenas taromenanes.

Señala que la etnia está en alerta. Decenas de jóvenes y mujeres así lo demuestran cuando un extraño llega a su zona. Hablan en su idioma y vigilan de lejos, paso a paso, a los visitantes. Los dirigentes esperan que se archive un juicio que, por sabotaje y terrorismo, se les sigue a siete nativos en el Juzgado II de lo Penal de Puyo. Es por una protesta que los comuneros de Tigüino y Bataburo hicieron en marzo del 2011 contra la empresa transnacional Petrobell, que extrae petróleo en esa zona indígena.

Los huaos dan plazo hasta el 15 de marzo próximo para que se archive ese proceso. Esperan además atención gubernamental a sus proyectos y que la petrolera les dé más empleo.

El pasado 26 de diciembre hubo otra demostración de su ira: cerraron el acceso a un pozo de Petrobell, en Cuchiyacu, cerca de Bataburo, para reclamar a la empresa porque disminuyó las plazas de trabajo para los comuneros, para exigir que se apure la ejecución de 67 viviendas por parte del ente estatal Ecuador Estratégico y que el Ministerio de Educación entregue puestos a docentes huaos.

Un centenar de policías y militares, con personal de Petrobell, ingresaron para abrir la ruta y permitir que el tanquero de la empresa evacuara el crudo que dejó de extraerse durante casi un día y medio.

Aquel 26 de diciembre hubo forcejeos y gases lacrimógenos. Con sus lanzas, los huaos dominaron a los uniformados. Les quitaron los escudos, toletes, armas y hasta uniformes. Tres carros en los que ellos llegaron quedaron con los vidrios rotos y llantas ponchadas.

El gobernador de Pastaza, Carlos Lugo, y el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, Fernando Proaño, acudieron a pedir que los huaos se calmaran y devolvieran los pertrechos. Lo lograron. Luego se formó una comisión de diálogo para canalizar los requerimientos de los nativos.

Desde entonces, dirigentes de ambas comunidades y de la NAWE (Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador) han mantenido tres reuniones con las autoridades del Gobierno. En estas han acordado que Petrobell establezca plazas de trabajo adicionales a las que tenía para Tigüino y Bataburo. Esta semana empezaron a laborar doce miembros de esas comunidades como jornaleros, ganando el salario básico.

Sobre los docentes, la dirigencia de la NAWE envió, a través de la Gobernación de Pastaza, a la Zonal 3 de Educación, once carpetas de profesionales indígenas para que se emitieran los nombramientos. Y desde el 2 de enero se retomaron los trabajos del plan de vivienda.

No obstante, dos días después de los incidentes de diciembre, la IV División denunció la reacción de los nativos en la Fiscalía de Orellana. Allí se indica que los indígenas se apoderaron de una escopeta, 20 cartuchos de escopeta, 2 granadas de Trufly, 6 cascos, 4 escudos, 3 chalecos, 15 granadas de gas lacrimógeno. La Policía informó a la Fiscalía sobre la destrucción de dos vehículos de la entidad en Orellana y una camioneta alquilada por la petrolera.

La Fiscalía de Orellana transfirió el caso, el pasado miércoles, a la misma entidad en Pastaza, donde se ventila ahora una indagación previa a cargo del fiscal Jorge Gil. Si esta progresa, otro proceso inquietará aún más a los huaoranis.

“Lo que hacemos es reclamar nuestros derechos. Queremos atención del Estado a nuestros planes y respeto a nuestra forma de vida”, dice César Nigua.

Roberto Ima, otro joven huao dirigente de Bataburo, indica que el descontento surge desde la vigencia de unas reformas a la Ley de Hidrocarburos. Allí se eliminan los convenios de cooperación que firmaban directamente las petroleras con las poblaciones aledañas a las instalaciones de extracción. Ahora esas regalías van al Estado y este debe canalizar los recursos a las comunidades.

“Las compañías dicen que pidamos al Estado. Los diversos ministerios nos piden proyectos, pero cuando presentamos no nos atienden”, afirma.

Como parte de esa gestión, el Miduvi ejecuta el plan de 67 viviendas a un costo de 2,4 millones de dólares. Pero esa obra no tranquiliza a los huaoranis.

“Este no es un regalo del presidente ni del Gobierno. Es un derecho que nos corresponde porque por 40 años han sacado el petróleo y no nos han dado nada”, afirma Nihua, quien pide, además, mejorar la atención en salud, que ahora brindan un médico y dos auxiliares. También becas estudiantiles, programas de ecoturismo, agua potable y hasta alcantarillado.

El dirigente refiere que eso es importante, pero dice que lo que ellos rechazan, sobre todo, es que se criminalice la protesta. Se enfurecen por el juicio. Y mucho más por el nuevo proceso. “En vida huaorani no existe esa palabra terrorismo. Un huao guerrero sí hay, pero el huao no sabe lo que es terrorismo, nadie sabe…”.

Ustedes están contra las leyes, ¿están conscientes de eso? “Muchos jóvenes sabemos lo que es la ley, pero nuestros abuelos, nuestros padres, tíos saben que ley es atacar, coger y matar. A una persona extraña cogen, matan y botan al río. Nosotros defendemos nuestra cultura y nuestras leyes son internas, todo es en nuestro territorio y deben respetarnos”, dice Nigua, quien detalla que poseen lanzas, cohetes artesanales y más.

El juicio por sabotaje y terrorismo, por los hechos de marzo del 2011, donde se vieron afectados Petrobell y el Ministerio de Energía, está en el Juzgado II de lo Penal de Pastaza. La fiscal del caso, Maribel Barreno, solicitó, con fecha 21 de diciembre del 2012, que establezca fecha y hora de audiencia preparatoria de juicio. Aún no hay respuesta a ese petitorio.

Ante un requerimiento de este Diario, hace seis días, el gobernador Lugo refirió que se privilegiarán los diálogos.

Una postura similar mantiene el vicepresidente de la NAWE, Gilberto Nenquimo.