Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

En la imagen, una estación de servicio de la compañía Chevron. EFE/Archivo / EFE

La comunidad de la Amazonia ecuatoriana, que ha ganado batallas judiciales en su país y Estados Unidos en una demanda contra Chevron por daño ambiental entre 1964 y 1990, quiere ahora embargar los activos de esta petrolera norteamericana en Argentina y Colombia. La Unión de Afectados por Texaco (empresa que en 2001 se fusionó con Chevron) ha conseguido un fallo de segunda instancia en Ecuador para que la petrolera desembolse 14.803 millones de euros para reparar la contaminación del llamado caso del Lago Agrio y el pasado 9 de octubre logró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificara esa sentencia y habilitara embargos en cualquier parte del mundo.

El 15 de octubre un juez de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Wilfrido Erazo, ordenó que se embargaran los pocos activos de Chevron en ese país sudamericano, pero lo que no se sabía hasta este miércoles es que también dispuso que se congelaran los que esta empresa tiene en Colombia y Argentina. A partir de este jueves, los abogados del colectivo de Ecuador se presentarán ante la justicia de los otros dos países sudamericanos para que se ejecute la medida sobre la base de que los tres Estados han firmado la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares Dictadas en el Extranjero.

El abogado defensor de los ecuatorianos en Argentina, Enrique Bruchou, calculó que en este país Chevron cuenta con activos por 1.542 millones, sobre todo, en pozos de crudo. La petrolera estadounidense tiene además en estudio planes para ampliar sus inversiones en Argentina porque en septiembre pasado firmó un preacuerdo con YPF para explotar juntas el petróleo no convencional de Vaca Muerta, el rico yacimiento descubierto por Repsol. Un alto ejecutivo de YPF ha dicho que espera firmar un convenio definitivo con Chevron u otra empresa para explotar Vaca Muerta en el primer trimestre de 2013.

¿En qué medida una asociación entre la petrolera estadounidense y la estatal argentina, que antes controlaba Repsol, podría verse perjudicada por esta petición de embargo del colectivo ecuatoriano, integrado por indígenas, mestizos e inmigrantes? “Yo creo que no debería afectarla en nada”, respondió el abogado ecuatoriano de los afectados, Pablo Fajardo Mendoza, en diálogo con la prensa. “No queremos que esto se politice”, añadió Bruchou. “Chevron tiene recursos suficientes para afrontar la demanda sin afectar los recursos en Argentina”, añadió el abogado argentino. Los activos en Colombia son aún más considerables que en Argentina, aunque los demandantes no dieron cifras. “Chevron tiene en Colombia una mayor proyección de inversiones”, explicó Fajardo. Los representantes de la comunidad amazónica optaron por buscar embargos fuera de EE UU porque en ese país Chevron tiene menos de un cuarto de sus ventas, beneficios, activos y reservas, según Bruchou. En cambio, decidieron iniciar las peticiones de embargo contra esta petrolera— cuyo valor en el mercado asciende a 169.620 millones y en 2011 ganó 20.046 millones— en Canadá, porque “es un país de transparencia altísima”, y Brasil, el segundo país latinoamericano con más activos de Chevron (el primero es Venezuela) y que ha firmado, al igual que Ecuador, la Convención Interamericana de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, según explicó Bruchou. El año pasado Chevron protagonizó en el Estado de Río de Janeiro otro vertido de crudo.

A diferencia de los procesos iniciados en Canadá y Brasil, los de Argentina y Colombia supondrían embargos inmediatos, según esperan los abogados de los afectados. La respuesta de Chevron no se hizo esperar: difundió un comunicado de prensa en California en el que insistió en que el fallo judicial ecuatoriano es “resultado de sobornos y fraude” y opinó que “si los abogados de los demandantes creyeran en la integridad de su sentencia, buscarían la ejecución en Estados Unidos, donde Chevron tiene su sede”. También afirmó que Texaco remedió antes de 1992 los daños ambientales y por eso la zona ya “no representa un riesgo significativo para la salud humana ni para el ambiente”.