Asociacion Sudamericana Ecuador de Córdoba

Aminta Buenaño, embajadora de Ecuador en España. / Álvaro García (EL PAÍS)

Lo primero que hizo Aminta Buenaño cuando se enteró de los planes del Gobierno español de dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular fue enviar una carta de protesta. “Estábamos muy preocupados”, dice esta mujer, que está al frente de la Embajada de Ecuador en España desde diciembre de 2011. Nacida en Santa Lucía, un cantón del centro de Ecuador —en un año que prefiere no revelar—, Buenaño llegó a la política en 2007 después de años dedicada a la literatura y al periodismo.

“Sanidad nos dice que en España hay 438.559 ecuatorianos oficialmente, que supongo que serán más de medio millón. También les preguntamos cuántos estaban inscritos en el paro, y nos dijeron que 49.493. Es un porcentaje bajo para el conjunto de la población, y eso nos da tranquilidad”, comenta.

Pero esta calma no la distrae de su mensaje principal. “Ninguna persona, sean una, diez o cien, debe quedarse sin atención sanitaria. Es un derecho humano”. Además, la situación de sus compatriotas le parece aún más injusta, si cabe. “Ningún ecuatoriano llegó a España por la puerta de atrás. Todos venían con trabajo, pero muchos se encuentran en una situación de irregularidad sobrevenida. Por la crisis se quedaron sin empleo, y esa situación les priva del derecho de residencia”, explica. Pero hasta en esa situación “contribuyeron a fortalecer la Seguridad Social con sus impuestos. Además, son personas muy jóvenes, que salvo por embarazo no van al médico. Ningún anciano quiere venir a trabajar”.

Como representante de la primera comunidad latina en España, Ecuador tiene 13 consulados en el país. “No nos constan, hasta ahora, problemas con la atención sanitaria”, admite la embajadora. Pero no piensa quedarse de brazos cruzados. “Hemos revisado el real decreto y hay espacio para firmar convenios, y eso es en lo que estamos trabajando. Cuando el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, visitó Ecuador en julio, le expresamos nuestro temor y voluntad de firmar un acuerdo de asistencia mutua o asistencia recíproca. Así se podría solucionar la asistencia de los 11.000 españoles que están en Ecuador, y que hasta ahora tienen que firmar un seguro”.

Las cifras ayudan al acuerdo. Después de contabilizar los ecuatorianos que tendrían derecho a asistencia en España aunque estuvieran en situación irregular (“las embarazadas, los menores de 26 años que viven con sus padres, las mujeres sin trabajo, pero que están o han estado casadas”, enumera Buenaño), la embajadora calcula que hay “entre 10.000 o 15.000” de sus compatriotas en una situación comprometida, de riesgo Una cifra muy similar a la de españoles en Ecuador, lo que debería facilitar el acuerdo. “Nosotros ya hemos hecho el primer borrador; ahora falta discutirlo con el Gobierno de España”, dice. Ella espera que se pueda firmar este octubre, cuando venga su ministro de Asuntos Exteriores.

No es su única iniciativa. “Con la crisis hemos activado líneas de retorno. La emigración es una oportunidad, pero también una herida abierta. Las familias quedan divididas. Además, desde la diáspora de hace 12 o 15 años Ecuador ha progresado enormemente, y ahora podemos ofrecerles mejores condiciones. Y tenemos que respetar su voluntad. Se habla mucho del pobrecito emigrante, pero también hay quien ha arraigado; emprendedores que han salido adelante y aportan tanto a España como a su país. Y quieren quedarse”. También cita la campaña Ecuador saludable, vuelvo por ti, médicos que han hecho la especialidad en España y retornan a Ecuador con trabajo.