La republicana Susana Martínez, de 51 años y nacida en El Paso (Texas), se ha convertido en la primera gobernadora latina de Estados Unidos, tras imponerse a la demócrata Diane Denish en estado de Nuevo México.

Martínez, ex fiscal del condado de Doña Anita, ha logrado un insólito triunfo con su política de 'mano dura' contra la inmigración, en un estado donde el 45% de los dos millones de habitantes tiene sangre  latina. La candidata fue 'bendecida' en su día por Sarah Palin y en sus mítines políticos ha alabado la labor de "los patriotas del Tea Party".

La republicana sucede en el cargo al también latino (y demócrata) Bill Richardson, ensombrecido en la recta final de su mandato por la corrupción.

Susana Martínez, bautizada de joven como la 'abogadita' por su propia abuela, convirtió precisamente la campaña electoral en un personalísimo duelo (en inglés) con Bill Richardson, a quien llegó a retar a un debate televisivo. Diane Denish, hasta ahora vicegobernadora demócrata, se vio lastrada por los últimos escándalos políticos.

En declaraciones a El Mundo, dos semanas antes de su victoria, Martínez admitió que sentía un doble orgullo "como mujer y latina" en el caso de llegar a gobernadora, y prometió luchar por las mujeres (la violencia doméstica ha sido uno de sus campos de batalla) y por los niños de Nuevo México.

Una de sus primeras medidas, anunció, será dejar sin efecto la ley que ha servido para proporcionar el carné de conducir a 50.000 inmigrantes indocumentados en Nuevo México. "Nuestro estado no se puede convertir en un santuario para los ilegales", declaró. "Vivimos al otro lado de la capital mundial del crimen y no dudaré en aplicar la ley".

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un duro comunicado contra la 'caza' al inmigrante 'sin papeles' emprendida por la Policía Nacional en algunas calles de Madrid. A su juicio, las medidas emprendidas por el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba violan claramente el artículo 17 de la la Constitución.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid han recibido órdenes de sus superiores de detener un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que se ha marcado a la Policía Nacional "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia", aunque luego dio marcha atrás y hoy ha negado la existencia de dichos cupos, como se refleja en una nota interna de la Policía.

Los abogados consideran que, con estas iniciativas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa".

Además, el texto asegura que las expulsiones masivas están prohibidas por las normas internacionales. El Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular.

En el comunicado, los abogados dejan claro que "las redadas policiales masivas, la caza del 'migrante' en locutorios, en las filas del paro en busca de personas en situación irregular para cumplir unas determinadas cuotas no resultan conformes con el artículo 17 de nuestra Constitución".

Los letrados de la Subcomisión de Extranjería opinan que este tipo de medidas convierten al inmigrante en un "sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización".

"Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas", explica el escrito.

El Consejo General de la Abogacía exige que estas órdenes, como la de la comisaría de Vallecas, sean revocadas y se felicita de la rectificación final del ministro del Interior.