Patricia Villarruel | MADRID

Desde que se inauguró en marzo del 2011, el único avión que se ha podido ver en las pistas del aeropuerto de Castellón es uno de aluminio que corona la escultura en honor a su mentor, Carlos Fabra, expresidente de esa diputación y que está acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. La inversión ascendió a $ 185 millones, pero aún no ha aterrizado ni un solo vuelo y la sociedad creada para su gestión acumula $ 123 millones de deuda y otros $ 30 millones de pérdidas. Es solo un ejemplo (hay decenas similares), pero el caso ilustra a la perfección la senda del despilfarro que ha marcado el último lustro de la historia de España y que la ha colocado en el despeñadero. El país gastó por encima de sus posibilidades y ahora no le queda otra alternativa que pagar las facturas. La situación es dramática.

El último organismo en confirmarlo: el Fondo Monetario Internacional (FMI). De los grandes países, España será el que tenga la peor evolución. Su economía retrocederá en el 2013 el 0,6% (antes estimaba un leve crecimiento del 0,1%). La recesión se ahonda.El economista Mariano Guindal, autor de la obra Los días que vivimos peligrosamente, responsabiliza de la debacle a “políticos, banqueros y constructores unidos a la corrupción y a la codicia”. La crisis, insiste, no ha llegado por contagio, sino “porque los españoles no han sabido gobernar”. El Estado ha fallado. El Tribunal de Cuentas es muy lento y controla muy parcialmente. Los analistas coinciden en que la reconducción de las finanzas públicas hacia el camino de la estabilidad, amén de los ajustes fiscales aprobados por el actual gobierno de Mariano Rajoy, no son suficientes para que el país sortee el riesgo de un rescate forzado. Apelan (también el FMI) a una intervención del Banco Central Europeo, pese al rechazo de Alemania y sus aliados, para que despliegue una estrategia agresiva destinada a comprar deuda y disuadir a los mercados de emprender acciones hostiles.

Es que España no genera confianza. Los mercados se niegan a invertir y, según declaró el pasado miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el sueldo de los funcionarios depende de los impuestos. “Si no sube la recaudación, estamos en riesgo de no pagar esas nóminas”, subrayó en el Congreso de los Diputados. Sus palabras provocaron que la prima de riesgo pase de los 558 a los 576 puntos.Pero no hay alternativa. El drástico recorte del gasto de las administraciones es imposible de evitar porque nadie está dispuesto a seguir financiándolo.España, seguramente, no olvidará el pasado 11 de julio. El presidente Mariano Rajoy anunció el “ajuste más duro” de su historia reciente. El Ejecutivo confía en ahorrar $ 80.000 millones (30.000 en el 2012 y 50.000 en el 2013). La población, sobre todo funcionarios públicos y los desempleados, se ha echado a la calle. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra Izquierdo, estima que los burócratas han perdido el 30% del poder adquisitivo.“Somos un colectivo maltratado, una vez más. Sufrimos una rebaja en el 2010 y dos congelaciones consecutivas en el 2011 y el 2012. A esto hay que sumar las reducciones por parte de las comunidades autónomas”, señala Borra.

Ahorrar. Recortar. Las políticas de austeridad no han dejado de sucederse. El 10 de mayo del 2010, el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio abocado a aprobar el mayor recorte social de la democracia para evitar el colapso financiero (le han seguido tres paquetes de medidas más que permitirían un ahorro de $ 193.400 millones). Con el primer recorte buscaba ahorrar $ 18.000 millones en 18 meses. Los burócratas vieron cómo sus salarios se redujeron en el 5%, se congeló el reajuste de las pensiones, se contrajo la inversión en obras públicas, se eliminó el cheque bebé (ayuda de $ 3.070 a las madres con recién nacidos) y se elevó el impuesto del valor añadido (IVA) del 16% al 18%. El crecimiento de España que hasta ese momento se había basado en el sector del ladrillo (se llegaron a edificar 800.000 viviendas al año) se vino abajo. Guindal lo define claramente: “Se construyó un Estado de bienestar con leyes carísimas como la de Dependencia (ahora se pretende ahorrar $ 6.000 millones) sobre arenas movedizas”. La quiebra fue cuestión de unos meses. En agosto del 2011, Zapatero volvía a tomar las tijeras para hacer más recortes. Rebajó el gasto farmacéutico, privatizó aeropuertos y exigió a las grandes empresas adelantar el pago del impuesto de sociedades.El 30 de diciembre del 2011, Mariano Rajoy tomó el relevo. El nuevo Ejecutivo del Partido Popular cerró ese año con su primer paquete de reformas estructurales destinado a corregir el déficit público. Entonces dispuso una subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y varios ajustes en sanidad y educación.

Fue el primer incumplimiento de su programa electoral (en campaña se había comprometido a no subir los impuestos). El 11 de julio pasado lo enterró por completo.“Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”, señaló Rajoy. Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, cree que las medidas acentuarán la recesión. “Con un crecimiento débil no se puede crear empleo (4.615.269 desempleados) y así no se tira del consumo ni de la inversión”.

España enfrenta una crisis de deuda y de confianza.“Las políticas de austeridad deben buscar el equilibrio entre el control del déficit y el crecimiento económico”, opina Patricia Gabaldón, de IE Business School. “No se sale gastando más sino ahorrando más”, agrega Guindal.El endeudamiento exterior de España asciende a $ 1 billón 166.000 millones. “Es el PIB de un año. Nos hemos consumido el crédito de dos generaciones”, insiste.

A esta cifra, dice, habría que añadir los $ 123.000 millones del rescate al sistema financiero a cambio de la cesión de la soberanía a Europa. Las imposiciones llegan a cuentagotas. Lo cierto es que el gobierno prevé hasta final de año aprobar una veintena de leyes para ahondar en los recortes que se han traducido en el aumento del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, fin de las deducciones fiscales a la compra de vivienda. Los analistas creen que se tiene que acometer una reforma al sistema de pensiones y al estado de las autonomías, porque “generan gastos imposibles de pagar”. Al país aún le esperan dos años muy dolorosos. Afronta una recesión que va a durar cerca de 20 trimestres.