REDACCION / AGENCIAS 22/04/2012

La intención del Ejecutivo de Rajoy de modificar la ley de extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar en el 2000 para garantizar el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes empadronados en España, ha suscitado el rechazo desde sindicatos, como UGT y CCOO, de la organización de consumidores Facua, pasando por agrupaciones como SOS Racismo, o responsables políticos como la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Todos se pronunciaron ayer en contra de una medida que dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no paguen impuestos.

La iniciativa, acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes y anunciada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, no fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a diferencia del resto de acuerdos sobre educación y universidades. En cualquier caso, el presidente de Facua-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán, calificó de "inmoral perversión" negar la sanidad de los inmigrantes sin legalizar que no encuentren trabajo que puede "condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos". Sánchez Legrán tachó de "insulto lleno de cinismo" que se castigue a medio millón de inmigrantes con el argumento de no tener empleo, cuando en España hay más de cinco millones de parados.

Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, calificó de "dura y equivocada" la decisión de restringir el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes que no tengan regularizada su situación. "El camino correcto es luchar contra las mafias y la economía sumergida a través de la transparencia y la legalidad, y eso no se hace cambiando la ley para restringir la sanidad", dijo Zabaleta.

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