Los inmigrantes que llevan tres años viviendo en España tienen opción a regularizar su situación. Con el PP en el poder, no podrán hacerlo si su situación en el país era ilegal, por más que, como permite ahora el Reglamento de la Ley de Extranjería (aprobada en 2009 y en vigor desde el 30 de junio), puedan acreditar su arraigo social, tras residir tres años, y tengan un contrato de trabajo en el momento de solicitar legalizar su estancia.

Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP en materia de Inmigración, ha avanzado que el PP modificará el sistema actual para evitar que los inmigrantes en situación irregular "tengan los mismos derechos que las personas que vienen legalmente a nuestro país". Los populares, según Hernando, concretarán su "ajuste vía reglamentaria" cuando hayan "meditado" la medida con los responsables autonómicos en este ámbito. Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, pide al PP que "respete la normativa actual" y espera que en esa consulta Hernando cambie de opinión, porque, asegura, "por suerte dentro del PP hay corrientes sociales y progresistas, siempre pegados a la norma y a la Ley", como la propia asociación.

"Lo que corresponde es pensar en las personas que están viviendo en España y no tienen documentos -calcula que pueden ser entre 600.000 y 700.000, aunque otras estadísticas apuntan a un millón-, y se mantengan los arraigos social y laboral", apunta Paspuel. Como señala, son muchos los inmigrantes que están trabajando y contribuyendo a sacar a España de la crisis, y otros, han perdido precisamente sus papeles por culpa de la situación económica. “Pedimos que se tenga cuidado y no se intenten lanzar unas afirmaciones que desestabilizan la sociedad y a la inmigración”.

"Esperamos que el país empiece a tener una estabilidad económica, y cuando empiece a crecer, necesitará mano de obra", apunta Paspuel. Recuerda, además, que parte del crecimiento económico que vivió España se debió en parte al trabajo de los inmigrantes, y que "según Naciones Unidas e informes hechos por la UE, en Europa harán falta 40 millones de inmigrantes para garantizar su sistema de bienestar".

En la misma linea se ha pronunciado el responsable económico de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Gilberto Torres Martínez, que se muestra "perplejo" por el anuncio, aunque admite que lo veían venir. Para Torres, esta medida sería "una violación más de los derechos fundamentales de los inmigrantes" y un error, porque "en lugar de buscar una integración, por el contrario, con este tipo de política se ahonda más en el sufrimiento y en la situación del emigrante que por razones muy personales y por la situación económica, social y política en el país de origen, han tenido que venir a España". "Lo más preocupante es que se coarte el derecho para poder tener una estancia permanente en España desde la figura del arraigo", subraya, lo cual impide al emigrante "tener un documento que le acredite como parte de la población". Recuerda, como Paspuel, que la regularización de inmigrantes en 2005 "contribuyó significativamente, con sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda, a que hubiera una economía más solvente en ese momento".

Inmigración circular

El Gobierno de Mariano Rajoy "vinculará la inmigración al empleo" y facilitará la entrada, asegura Hernando, de quienes vienen a buscar un empleo o quienes firmen un contrato en origen, al tiempo que garantizará su retorno a sus países de orígenes cuando finalice su contrato de trabajo. Es lo que se denomina "un sistema de inmigración circular". Según Hernando, los populares consideran que el modelo actual incentiva la entrada de personas "sin cumplir los requisitos" necesarios, y fomenta la inmigración ilegal.

“La inmigración circular nos preocupa porque el sistema resta derechos a las personas”, responde Paspuel, que subraya que “experiencias de otros países como Alemania o Inglaterra han fracasado”. La mayoría de los inmigrantes, cuando llegan a un país, se asientan y se quedan, como es el caso de la población turca en Alemania, relata el presidente de Rumiñahui por teléfono, antes de añadir que lo peligroso es no hacer un proceso de integración plena, laboral, política y social.

Para garantizar que los extranjeros que vengan lo hagan para trabajar, el PP creará un visado de entrada y búsqueda de empleo, que pretende evitar que lleguen con un visado turístico y una vez aquí, trascurridos tres años, acrediten "arraigo social" para regularizar su situación. Este visado se conseguiría solo si pueden probar que tienen un contrato en origen o una oferta de empleo. Paspuel insiste, sin embargo, en que la mayoría de los extranjeros que llega ahora a España, que son cada vez menos, lo hace “necesariamente con visado de trabajo”.

Si trascurrido un tiempo el inmigrante no consigue el empleo, el PP plantea que deberá regresar a su país, aunque según Hernando, conservará el permiso de residencia para que si vuelve a encontrar empleo "regrese tranquilamente sin ningún trámite burocrático". El sistema se basará en las listas del INEM de ocupaciones de difícil cobertura, aunque los puestos solo se pondrán a disposición de extranjeros cuando ningún español cubra la vacante. Hernando ha señalado que en profesiones como la de temporero, es decir, trabajos temporales en la agricultura, siempre hay demanda de obra de mano extranjera.

"Pedimos otras alternativas que permitan que España sea un país progresista, que salga adelante, como hemos venido haciendo, participando de todos los procesos políticos, económicos y sociales. Hoy más que nunca, en la crisis, debemos trabajar como un solo hombre para sacar adelante el país", solicita Gilberto Torres, de FERINE.