Conde-Pumpido. | Efe/Juan Carlos Cárdenas

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha cifrado en 849 las investigaciones iniciadas en España en relación a los casos de robos de recién nacidos entre 1950 y 1990, 162 de ellos ya judicializados. Además, otros 38 se han archivado.

Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones al término de la junta de Fiscales Superiores, celebrada por primera vez en Valencia, y que ha reunido a los responsables del Ministerio Fiscal en las 17 autonomías.

La Fiscalía ha acordado unificar criterios para estos delitos que, según Conde-Pumpido, son de detención ilegal con el agravante de sustracción de menores en base al artículo 165 del código penal. Asimismo se aplicarán dos protocolos, uno dirigido a la atención de las víctimas, y un segundo para practicar pruebas de ADN.

Las investigaciones abarcan un tiempo "prolongado" de espacio y en algunos casos se han detectado tramas organizadas como responsables de los mismos, pero Conde-Pumpido ha descartado que el conjunto de los robos pueda atribuirse a una única organización.

Según ha develado, el proceso está más avanzado en la Línea de la Concepción (Cádiz), donde ya se han realizado dos exhumaciones. En la Comunidad Valenciana, son 45 las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, dos de las cuales, en Gandía y Valencia capital, ya han sido judicializadas. En Cataluña son 140 las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público.

Vigilantes con Bildu

Preguntado por las informaciones que apuntan a que Bildu ha prohibido la entrada de escoltas en los ayuntamientos donde gobierna, el fiscal general del Estado ha asegurado que la institución que dirige permanecerá atenta a Bildu para evitar que se cometan hechos delictivos. "Hicimos todos lo posible para que Bildu no estuviera en las instituciones", ha asegurado.

Sobre los últimos violentos relacionados con los 'indignados', Conde-Pumpido ha insistido en que es necesario diferenciar entre el movimiento pacífico del 15M y las actuaciones violentas tras los sucesos acaecidos esta semana en Barcelona.

La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, ha abogado por la tolerancia cero con cualquier ataque y ha confirmado que se han iniciado diligencias penales. Al respecto, ha señalado que hay dos tipos de detenidos, en función de los delitos cometidos. Por un lado, aquellos que impidieron la entrada de los diputados en el Parlamento, que se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de prisión; y los que se enfrentaron directamente con la policía.

Preguntada por la acción de los Mossos de Esquadra, Compte ha asegurado que se actuará si los agentes del orden cometieron abusos, aunque ha precisado que por ahora no hay indicios de que esto ocurriera.