SOS Racismo, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) o el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (Cedehu) son algunas de las organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones y colectivos), todas ellas agrupadas en la Red por el Derecho a Tener Derechos, que firmaban un manifiesto en el que expresaban su rechazo al reglamento, aprobado por el Consejo de Ministros, que desarrolla la Ley de Extranjería al valorar que no contempla a la población inmigrante más vulnerable.

La regularización de las personas sin papeles y la desaparición de los centros de internamiento es la principal petición que se formula en el manifiesto, para extender la protección también a los inmigrantes más vulnerables. También apuntan a que con el reglamento aumentan y se hacen más complejos los trámites burocrácticos.

En cuanto a las redadas, cuya prohibición expresa se solicita desde estas entidades, el reglamento deja un vacío. Por otra parte, para conseguir el arraigo se exige que el inmigrante disponga de un contrato de un año de duración, medida duramente criticada por estas organizaciones, y se deja abierta la posibilidad de modificar las condiciones exigidas mediante orden ministerial.

Desde el Gobierno se destaca que el reglamento alienta el retorno voluntario, al contabilizar los derechos adquiridos a lo largo de los años trabajados en España de cara a un posible regreso en el futuro. Asimismo, recoge que se valorará el "aprendizaje"  de las lenguas oficiales por parte de los extranjeros -antes se exigía el "conocimiento"- a la hora de renovar el permiso de residencia, valorando así el esfuerzo realizado en lugar de los resultados obtenidos.  Además, extiende la protección en cuanto a violencia de género también a aquellos inmigrantes que se encuentren en una situación de irregularidad en España.

La integración de inmigrantes en los países de la UE