Miles de mujeres procedentes de Latinoamérica se enfrentan a diario en España a una triple discriminación por ser mujeres, por ser inmigrantes y por estar empleadas en hogares españoles sin un pleno reconocimiento de sus derechos laborales, denunció en Madrid la ONG Intermón Oxfam.

La organización, que presentó el informe "Mujeres migrantes andinas: contexto, políticas y gestión migratoria", revela que en España unas 859.000 familias disponen de algún empleado en el hogar, aunque sólo están registradas en el régimen especial de la Seguridad Social para este sector unas 295.000 personas, en su mayoría (el 93 por ciento) mujeres y el 61 por ciento de ellas extranjeras.

El medio millón restante está inmerso en la economía sumergida del empleo doméstico y muchas de esas personas son mujeres inmigrantes que afrontan desde esa "invisibilidad" la paradoja que supone partir una familia en origen para propiciar la conciliación del trabajo y el hogar en España.

La ONG denunció, por ello, que el 65 por ciento de esos empleos pertenece a una economía sumergida, esencial y vital, sin embargo, en las economías de sus países de origen, ya que las remesas de dinero que envían duplican por dos y en algunos casos hasta por tres la ayuda oficial al desarrollo que destinan los países desarrollados. El informe de Intermón, que se centra en los cuatro países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), incide en que los derechos de las mujeres inmigrantes empleadas en el hogar son vulnerados "sistemáticamente" por sus empleadores y por las instituciones y en que su poder de negociación ante éstos está anulado porque en su mayoría son irregulares y temen la expulsión del país.

La coordinadora del programa "Abriendo Mundos" que ha puesto en marcha esta ONG, Mónica Corona, incidió en la "feminización" del fenómeno de la migración andina y en que son ellas las que envían mayores y más constantes sumas de dinero a sus países de origen.

Según los datos de esta organización, las mujeres realizan el 60 por ciento de las transferencias de dinero a sus países de origen y reservan para ello hasta el 60 por ciento de sus salarios, frente a los varones, que envían el 14 por ciento de su sueldo.

Pero los responsables de Intermón insistieron en la paradoja que supone la labor de estas mujeres, que contribuyen desde una situación en muchos casos irregular y carente de derechos a mejorar las condiciones de vida de sus allegados en sus países.

Afrontan, además, la "estigmatización" y la culpabilidad por haber migrado, distanciándose así de una familia pero satisfaciendo con su labor las necesidades de miles de familias españolas.

La peruana Donatila Gamarra, que dio testimonio de esa paradoja, incidió en la vulnerabilidad de un colectivo que afronta la separación de sus seres más queridos, pero que es consciente al mismo tiempo de que sin sus aportaciones económicas aquellos no mejorarían sus condiciones económicas y sociales, y sobre todo sus expectativas futuras.

Gamarra denunció la desprotección social que las empleadas del hogar sufren en España, la falta de cobertura para situaciones como enfermedades o embarazos y la ausencia de contratos que regulen sus condiciones laborales, y que esos se limiten en la mayoría de los casos a acuerdos verbales entre la empleada y sus empleadores.

Según las cifras facilitadas por Intermón, el pasado año estaban en España más de un millón de inmigrantes procedentes de los cuatro países andinos (227.000 bolivianos, 292.000 colombianos, 413.000 ecuatorianos y 137.000 peruanos), en su mayoría mujeres.

En Bolivia y en Ecuador, las remesas económicas superan con creces la inversión extranjera directa, y en el caso de Colombia y Perú esas transferencias representan entre el 50 y el 60 por ciento de esas inversiones, según las mismas fuentes.