Ni sindicatos ni Gobierno se atreven a dar cifras precisas, pero una lectura comparada del número de los inmigrantes que dicen trabajar, en la Encuesta de Población Activa (EPA), y los que cotizan a la Seguridad Social, arroja un balance de 800.000 desaparecidos, es decir, que no cotizan, aunque dicen estar trabajando. "Nosotros no nos atrevemos a señalar un número concreto", dice Paloma López, secretaria confederal de Inmigración y Empleo de Comisiones Obreras. El sindicato se limita a consignar el dato que da el Consejo Económico y Social sobre el porcentaje que representa la economía sumergida, que rondaría el 20% del PIB español.

"Tampoco nos convence la comparación que se hace con las cifras de inmigrantes empadronados, porque tienen una movilidad enorme. Se van allí donde encuentran trabajo y puede ocurrir que estén empadronados a la vez en varios municipios. Porque necesitan inscribirse en los ayuntamientos para conseguir la tarjeta sanitaria, por ejemplo", dice López. A esta responsable sindical le preocupa sobre todo el perfil del inmigrante sin empleo, forzado a sobrevivir trabajando a salto de mata, que puede terminar perdiendo su permiso de residencia. "El problema está en los que han logrado una situación legal, después de mucho esfuerzo, y están pasando a una irregularidad que llamamos sobrevenida. El año pasado fueron 20.000 personas, y en lo que va de año, el ritmo de los que pierden su permiso es de 1.700 personas al mes".

Fuentes del Ministerio de Trabajo rebajan la cifra a la mitad, pero aun así, el Gobierno ha considerado el problema lo suficientemente grave como para cambiar, a principios de julio, el Reglamento de Extranjería. A partir de ahora, los inmigrantes como Washington podrán renovar sus papeles siempre que hayan cotizado a la Seguridad Social nueve meses por cada año de estancia en el país. No es una medida baladí. La ley de Extranjería vigente considera una falta grave permanecer en España con un permiso caducado. La pena para el inmigrante es una multa, de 300 a 6.000 euros, y un plazo para abandonar el país que oscila entre 15 y 90 días. Pero salir de España, después del esfuerzo invertido en obtener una reglamentación en regla, es algo que los inmigrantes no están dispuestos a hacer.

Que se lo pregunten a Washington. "Llevo aquí 10 años. Trabajé seis sin contrato y luego un señor que tenía una empresita con cuatro empleados, un autónomo, me contrató y conseguí mis papeles. Pero este hombre quebró en diciembre y dejó de pagarnos y de cotizar por nosotros un mes antes. Estamos en juicios", explica este ecuatoriano soltero, que sobrevive ahora como puede. "Trabajo no hay. Vivo con otros compatriotas, y hoy pinto una casa aquí, mañana ponemos un suelo en otra de allí...".

Empleo no hay. No como hace tres años, cuando la economía española bullía como una caldera bien alimentada. Pero los inmigrantes, aunque en menor medida, siguen llegando. "Las demandas de empleo se han duplicado con relación al año anterior, y sin embargo, las ofertas se han desplomado, hasta un 83% menos", dice Maika Sánchez, responsable de empleo de Cruz Roja. Esta organización tiene un programa especial para ayudar a encontrar empleo a los inmigrantes que lo han perdido o que no lo han encontrado. "Muchos son gente nueva, otros son personas que ayudamos a colocarse en 2001. Tenemos cursillos de aprendizaje y capacitación, y también damos clases de idioma. Hablar y escribir correctamente es importante para encontrar trabajo", dice Sánchez, quien asegura que en este programa han atendido casi a 80.000 inmigrantes.

Cruz Roja no ampara a los que optan por una vía de supervivencia al margen de la legalidad. Pero muchos españoles y muchos inmigrantes en situación precaria viven entre dos aguas, entre la economía limpia y la sumergida. Como Marilena (nombre supuesto), una ecuatoriana de 33 años, casada y madre de dos hijos, que vive en España desde hace nueve. Marilena tenía peluquería propia en Ambato, a media hora de Quito, pero dice que algunos conocidos le metieron los perros en danza y la vendió para venir a España. Después de años trabajando de empleada doméstica y de empaquetadora en una fábrica ha vuelto a su antiguo oficio. "Me hice unas tarjetas y las repartí en locutorios y a las vecinas. No gano mucho, sólo para los gastos de la casa, y lo hago porque tampoco me voy a estar mano sobre mano. Voy a casa de las señoras que están mayorcitas y no van a la peluquería. Les lavo, les peino, les corto el pelo. El alquiler de la casa son 500 euros, y luego está la luz, el butano... Muchas cosas".

Marilena no se da por vencida aunque la crisis apriete. "Tengo que buscarme las maneras de seguir viviendo como sea". Recuerda con nostalgia los primeros tiempos en España. Aunque ella, que llegó primero, y su marido, que vino después, venían con visados turísticos, en el plazo de unos meses tenían los dos los papeles en regla y hasta les sobraban las ofertas de trabajo. El último empleo lo encontraron ambos en una misma empresa de patatas fritas y aperitivos. Ella era empaquetadora, con contratos renovables; él, carretillero, con contrato indefinido. Los dos se quedaron en la calle hace un par de años. Marilena dejó de cobrar los 700 euros mensuales del paro hace ocho meses, a su marido se le acaba en septiembre.

La pareja tiene dos hijos, un niño de 14 años y una niña de 6 "que nació acá". "Ahora estamos pensando igual en volvernos". La crisis no es, sin embargo, la única responsable de que haya aumentado la economía sumergida. Los deseos de progresar deprisa y de labrarse un futuro cuanto antes han llevado a muchos extranjeros a tener una doble vida, como trabajadores asalariados, cotizando a la Seguridad Social, y como trabajadores en negro, al mismo tiempo.

Es el caso de Estefan, rumano, de 31 años, que vive en España desde hace seis años, está casado y tiene un hijo de casi siete años. Estefan conduce un camión para una empresa de transporte. Cubre rutas nacionales y tiene contrato indefinido con un sueldo mensual de unos 1.600 euros. "Los fines de semana hago trabajos de mecánico también, porque no tenemos bastante, y saco unos 300 o 400 euros más. Con la crisis salimos menos", dice Estefan, que habla despacio, buscando cuidadosamente cada palabra, como si el español fuera un terreno resbaladizo. Su mujer cuida del hijo de ambos y atiende a una señora impedida. "Va tres veces al día o así, para llevarla al baño, darle de comer. No gana mucho, unos 320 euros al mes, y no tiene contrato".

Estefan y su mujer, cuatro años menor, invierten lo que ganan en su futuro. El alquiler del piso que comparten no supera los 350 euros al mes, "pero pagamos otro tanto casi en Rumania, porque compramos un chalé para alquilarlo y ahora tenemos la hipoteca". La idea que les llevó a desembolsar 80.000 euros por un chalé de 300 metros cuadrados más una parcela de 500 metros cuadrados en Transilvania era la misma que ha llevado a decenas de miles de españoles a comprar pisos por todo el país. Aprovechar los créditos baratos para invertir en ladrillo con la perspectiva de hacer un gran negocio.

"Nosotros queremos quedarnos aquí, pero no podíamos pagar un piso en España. Cuando suban los precios en Rumania venderemos aquello y compraremos una casa propia aquí". Un sueño que parece, en estos momentos, difícil de cumplir. -