Durante los últimos 23 años, el abogado ha encabezado la lucha jurídica contra la multinacional norteamericana Chevron, causante de un desastre ecológico que sigue cobrándose vidas hoy en día en Ecuador.

elsaltodiario.com

Siendo muy joven Pablo Fajardo Mendoza, abogado y activista ecuatoriano, trabajó para la empresa petrolera Texaco –hoy Chevron– donde pudo observar cómo la multinacional norteamericana contaminaba de manera sistemática la selva amazónica y su región. Entonces comenzó un periplo judicial de denuncia contra la empresa a nivel internacional que ha dado la razón en repetidas ocasiones a los afectados por las prácticas extractivistas de la compañía. Sin embargo, gracias a la impunidad con la que operan las grandes multinacionales, la empresa nunca ha pagado por sus crímenes.

Fajardo visita Madrid en una gira por países europeos que acabará en Ginebra, donde Ecuador preside un proceso para que se cree un tratado internacional vinculante para acabar con la impunidad de las empresas frente a la violación de los Derechos Humanos.  

¿Cómo empezó la lucha que encabezas? 

La empresa Chevron, antes Texaco, obtuvo un contrato para buscar y extraer petróleo de una área de la amazonía ecuatoriana de 1.500.000 hectáreas de selva tropical. Durante 26 años perforó 500.000 hectáreas en una zona donde habitaban distintos pueblos indígenas originarios. Dos de ellos ya se han extinguido. El método de la empresa fue realizar la menor inversión posible para maximizar sus beneficios, a costa del ecosistema y de los pueblos. La empresa vertió más de 60.000 millones de agua tóxica a los ríos de la amazonía, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de caminos y hubo derrames y vertidos frecuentemente. Esos vertidos nunca fueron remediados, si tú excavas ahora mismo en muchos lugares de Ecuador puedes encontrarlos simplemente tapados. También construyeron más de 1.000 fosas o piscinas para tirar los vertidos. Hoy, 30 o 40 años más tarde, esa contaminación se encuentra ahí todavía. Hay quien la compara con otros accidentes medioambientales, pero esto no fue un accidente. Fue una operación diseñada por Chevron para obtener el mayor beneficio con la mínima inversión. 

Además de los dos pueblos extinguidos, esa contaminación ha causado muchas muertes por cáncer y leucemia. Los índices de cáncer de esa región son los más altos de Ecuador, que a su vez son los más altos de América latina. El cáncer de pulmón en la zona es seis veces más alto que el promedio nacional. La leucemia es ocho veces más. Por todo ello arrancamos esta lucha que, en noviembre, cumplirá 24 años. 

¿Qué trabas os habéis encontrado?

Muchas. Primero llevamos el caso a la Corte de Nueva York, ya que la empresa es de Estados Unidos. Pero los jueces dijeron que ellos no eran competentes y que se debería llevar a la Corte en Ecuador. Pero al llevar al caso a Ecuador los argumentos de Chevron fueron que los jueces de allí tampoco eran competentes. Entonces nos encontrábamos en un punto donde no sabíamos dónde juzgarlos. Finalmente se les juzgó en Ecuador y la empresa soltó toda una batería de excusas absurdas y argumentos sin sentido, pero nosotros pudimos demostrar científicamente que esos hidrocarburos estaban causando cientos de muertes. Por lo que este caso es un crimen atroz, no solo medioambiental, sino contra los derechos humanos.

En 2011 hubo una sentencia que la culpaba de aquellos crímenes. Hubo apelaciones y también las ganamos. Pero aquí estaba el truco, Chevron en ese momento había sacado todos sus bienes de Ecuador. No podíamos cobrar la indemnización. Fuimos a buscar el dinero fuera y aquí empezó el juego de Chevron, empezando por ataques al Estado de Ecuador.

¿Qué tipo de ataques?

Por ejemplo en el ámbito económico y comercial. Chevron ha boicoteado que Estados Unidos haga acuerdos comerciales con Ecuador como castigo por este caso. También han llevado el caso a tres arbitrajes internacionales como represalia, campañas mediáticas de desprestigio... Cuando se quería llevar el caso a Ecuador, la empresa decía que nuestros jueces eran los mejores del mundo. Pero cuando fallaron en su contra montaron una campaña de desprestigio hacia todo nuestro sistema judicial. Y lo más grave, ataques contra las víctimas: casos de espionaje, chantaje, amenazas físicas y cientos de demandas. Yo mismo tengo decenas de ellas en Estados de Ecuador y en EE UU. Persecuciones cibernéticas. No hay una de nuestras comunicaciones que no sea interceptada por Chevron.

Pero no contentos con esto, lo que están usando es todo un entramado de empresas para eludir la responsabilidad y están usando los juzgados internacionales sabiendo que no hay un juzgado de los derechos humanos que les pueda juzgar por sus crímenes. Usan empresas subsidiarias para tratar de evitar las responsabilidades. Usan su poder económico para contratar a ejércitos de abogados y usan las cortes norteamericanas que defienden a la corporación. Existen sentencias norteamericanas que invalidan el uso de nuestras sentencias en su país.

¿Cómo sería ese juzgado internacional que podría acabar con esa impunidad?

Es un tema complejo, porque cualquier sistema judicial podría ser cooptado por lo poderes corporativos. Debemos dar pasos. El primero es que los pueblos tengamos acceso a esa justicia. Lo segundo es que esa declaración de que los derechos humanos están por encima de los derechos económicos debe ser real. Ahora mismo es al contrario. Queremos un sistema de justicia que permita juzgar a las corporaciones y que, en la medida de lo posible, vaya acotando el poder corporativo. Que no permita que las empresas abusen de los Estados pequeños. Un sistema judicial al que podamos acceder todos y de una manera práctica y real.

La semana del 23 de octubre se celebran unas reuniones en Ginebra para avanzar en un tratado vinculante que se presentará a las Naciones Unidas sobre las multinacionales. ¿Qué confianza tienes en este tratado?

Va a ser complicado. Tenemos la oposición de Estados Unidos por un lado. Pero también tenemos la de la Unión Europea con su doble moral. Que presume de ser el continente donde se cometen menos delitos contra los derechos humanos pero permite que sus empresas los violen en otras partes del planeta. Algo avanzaremos, aunque la correlación de fuerzas es adversa. Son más los países que están en contra, o mejor dicho, los gobernantes, porque estoy seguro que la ciudadanía estaría a favor de este tratado. Por lo que necesitamos una sociedad civil fuerte, aquí en Europa, que exija que sus gobernantes persigan y juzguen los delitos que cumplen sus propias empresas en otros países. 

¿Solo afecta a los países del sur?

Para nada, es un problema global. Lo primero es que las empresas que operan allí son de aquí. Y si se traen los beneficios, también se deberían de traer los problemas. Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur.

Por otro lado, aquí también se cometen crímenes como estos por parte de las multinacionales. Me viene a la cabeza el vertido en Andalucía de la empresa sueca Boliden hace 19 años y por el que todavía no ha pagado nada. O el caso del Prestige. Pero hay otro tipos. España tiene una tasa de suicidios muy elevada. Un gran porcentaje lo hace por motivos económicos. Deudas con sus bancos que les asfixian. ¿Y qué son los bancos?, multinacionales.

"Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones"

¿Qué pasos crees que debe dar la sociedad civil para que progresen estos tratados contra esa impunidad?

Hay varios frentes donde hay que trabajar. Lo primero es la comunicación. La ciudadanía tiene que enterarse de que esos crímenes ocurren cada día y que todos somos víctimas globales. Lo segundo es crear una masa intelectual, porque ahora mismo los medios y gran parte de las universidades están creando una masa intelectual que favorece el sistema de las corporaciones.

Por otro lado, en el plano político, debemos exigir y practicar una democracia real. Que no se limite al día que vas a depositar el voto. La gente debe participar en aquellos procesos políticos que afecten a sus vidas. Trabajando estos tres frentes podremos encaminarnos hacia un cambio político y social real.

¿Está la democracia y la soberanía amenazadas por las multinacionales?

No están amenazadas, están cooptadas completamente. Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones. La gente es víctima de ello. Con la democracia pasa exactamente lo mismo. La democracia, las administraciones, las empresas públicas, las privadas, la academia, todo está cooptado y eso hay que romperlo.