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En lo alto de la pared cuarteada de un edificio que lleva casi la mitad derrocado, un reloj público marca las siete menos un minuto. Está parado desde hace un mes y se halla en el corazón de la denominada zona cero de Portoviejo, la parte más arrasada por el terremoto de las 18:58 del pasado 16 de abril. Con una magnitud de 7,8 y una duración de 55 eternos segundos, el sismo afectó, sobre todo, a Manabí y una parte de Esmeraldas.

Aquel reloj, ubicado en el ala derecha de lo que era el centro comercial municipal de Portoviejo, señala la hora fatídica para los familiares de las 661 víctimas mortales del terremoto; para las 33.757 personas registradas como damnificadas, para los dueños de 10.924 edificaciones caídas o con daños, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Hoy, a un mes de la catástrofe, aquellas cifras, sin embargo, no son definitivas ni cuadran. La destrucción aún no ha sido contabilizada en su totalidad y según funcionarios del Gobierno central y de gobiernos municipales de la zona afectada, tomará algunos meses.

Así, por ejemplo, el informe de la Sectetaría da cuenta, hasta el pasado fin de semana, de que en Portoviejo se han inspeccionado 2.240 viviendas, de estas han detectado 279 colapsadas y 739 con daños parciales. Pero Johnny Quijano, director de Gestión y Control Territorial del Cabildo, dijo a este Diario que en esa ciudad se han inspeccionado unos 4.000 inmuebles, de 60.000 existentes. De esos, 195 colapsaron, 393 corren peligro de caer, 610 tienen daños parciales y 507 están sin afectación.

En Manta, la Secretaría de Gestión de Riesgos da cuenta de que se han evaluado 295. Hay 146 colapsadas y 124 con daños parciales. Pero el alcalde, Jorge Zambrano, explicó que hasta el jueves 12 tenían más de 500 órdenes de demolición y que la cifra aumentará porque hay más pedidos de asistencia.

Portoviejo y Manta tienen sus zonas cero. En la primera ciudad, esta comprende 32 manzanas y allí está la mayoría de las edificaciones colapsadas, algunas ya borradas. El área es totalmente restringida y es resguardada por 150 militares. Maquinaria y volquetes de dos constructoras trabajan en medio de una densa polvareda.

La demolición también avanza en las otras localidades afectadas, desde Muisne en Esmeraldas hasta Calceta, en el noreste manabita, pasando por Jama, Canoa, Bahía de Caráquez, Charapotó, Rocafuerte, Tosagua, Chone, Jaramijó es lo común en estos días.

A un mes del infausto suceso, el panorama que se repite en las localidades afectadas también es el de miles de personas durmiendo en veredas, en terrenos baldíos o en parques, mientras que el Gobierno se encuentra enfocado en llevarlos a albergues específicos, una especie de campos de refugiados, donde se concentra la atención.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, dijo el jueves a este Diario que son 8.500 familias damnificadas y que el Gobierno busca llevarlas, hasta fin de mes, a los albergues organizados.

Pero aquello no lo aceptan cientos, miles de refugiados, como Omar Figueroa y casi una decena de vecinos del barrio 8 de Enero, de Manta, quienes tienen una hilera de camas en la acera. “Aquí al frente está nuestra casa caída. Si nos vamos, no hallamos nada”, afirma.

También descartan ir a un albergue María Merino y su hija. Duermen en una covacha de plástico y en el día se guarecen en una carpa, donde tienen unas sillas, un escritorio y una bandera del Ecuador en un palo. Es lo que les queda luego de que su edificación de tres plantas quedara inhabitable y la derrocaran. Tenían una imprenta y alquilaban dos cuartos. La pérdida la estiman en $ 400 mil y esperan planes de ayuda.

Bonos para reconstruir a la espera de informes  

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció el jueves en Portoviejo, junto a la ministra de la Vivienda, María Duarte, la entrega de bonos de un promedio de $ 10.000 para vivienda nueva en planes estatales, en terrenos del damnificado, entre otros. No obstante, la construcción de casas no tiene fecha, pues, según Glas, depende de la inspección y aprobación de los terrenos donde se harán lotizaciones con todos los servicios y fuera de las zonas de riesgo.

Ministerio con sistema para informe unificado

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) encabeza la articulación gubernamental para tener el denominado Registro Único de Damnificados. Este concentrará la información sobre damnificados, sobre quienes perdieron viviendas o tuvieron daños y otras consecuencias del terremoto. Uno de los requisitos para acceder a los bonos es el constar en ese registro. Las brigadas que recorren las zonas afectadas ingresan la información al sistema.

Afectados deben seguir norma para demoliciones

Para la demolición, existe un protocolo determinado que establece la gestión que debe cumplir el dueño del inmueble y los lugares donde se arrojan los materiales. Este trabajo lo ejecutan los cabildos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Antes del derrocamiento de la casa o edificio, el dueño debe aprobar esta acción basada en un análisis técnico que indique que el inmueble no se puede recuperar; luego el Municipio emite la orden de demolición.

Evaluaciones se hacen por áreas específicas

Los diversos ministerios se encuentran realizando evaluaciones en sus respectivos campos de acción para determinar las afectaciones. No obstante, hasta esta semana no se han entregado informes definitivos. Pero hay sectores como el comercio formal e informal que manifiestan de que no se los está tomando en cuenta, pues según dueños de negocios, de Portoviejo, por ejemplo, que no han pertenecido a gremios y temen no estar en el registro de afectados.