Pese a que la ACP asegura que reembolsa a tiempo al consorcio, varios subcontratistas reclaman el pago por servicios ofrecidos y materiales suministrados.

El pasado miércoles, la empresa envió a los empleados a sus casas, con el compromiso de pagar los salarios completos de la quincena. LA PRENSA/Roberto Cisneros

07/02/2014 - Los proveedores y empleados de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) enfrentan con incertidumbre el segundo día de paralización de labores en el proyecto del tercer juego de esclusas, el contrato más importante en el programa de ampliación del Canal de Panamá.

Se estima que el consorcio, integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Cusa, ha trabajado con unos 300 proveedores, con los que la empresa habría acumulado una deuda millonaria por su declarada insolvencia.

Entre los subcontratistas de GUPC hay otras empresas de construcción, proveedores de materiales y maquinaria, de contratación de personal, de comunicación, así como arrendadores de vehículos. Por su parte, los sindicatos calculan que alrededor de 3 mil trabajadores no tienen asegurado su futuro laboral con el grupo, el principal contratista del Canal.

El pasado miércoles, la empresa envió a los empleados a sus casas, con el compromiso de pagar los salarios completos de la quincena.

Los sindicatos aseguran que exigirán a la empresa el pago de las prestaciones laborales y reclaman a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una responsabilidad solidaria.

Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP, ha señalado que, por el momento, GUPC sigue estando en la obra y que debe hacerse responsable de los empleados y los subcontratistas.

Aunque desde el miércoles la actividad en la obra es prácticamente nula, el consorcio constructor no ha notificado formalmente a la ACP del abandono de las obras.

Es por eso que la entidad que regenta la vía emitió una carta al consorcio contratista solicitando explicaciones precisas por el cese de labores, escenario que, sin embargo, se vislumbraba desde que el pasado 30 de diciembre GUPC envió un preaviso de paralización de las obras si la ACP no reconocía los sobre costos que unilateralmente calculó en $1,600 millones.

Aunque al concluir el plazo final de negociaciones, el 4 de febrero, las partes escenificaron un fuerte distanciamiento, el mismo jueves los abogados internacionales que dirigen las conversaciones mantenían una línea de comunicación abierta en busca de una vía de entendimiento. Fuentes cercanas a la negociación apuntaron que los abogados conocen las posiciones de sus clientes y que si se plantea alguna alternativa viable, la trasladarían a sus representados para una evaluación