Puerto maritimo de Guayaquil / eluniverso.com

Contecon, la concesionaria del puerto de Guayaquil, ha solicitado reuniones “con las principales autoridades” con el objetivo de discutir la ampliación de su infraestructura.

Según José Miguel Muñoz, representante de la empresa, han “solicitado una reunión con las principales autoridades con el fin de manifestar las alternativas que el contrato de concesión ya dispone para las ampliaciones del actual puerto de Guayaquil”.

Muñoz indicó en una entrevista vía correo eléctrico que “el contrato por 20 años firmado con el Estado considera la posibilidad de ampliación de las actuales terminales de contenedores y multipropósito mediante un puerto de aguas profundas o terminal oceánico”.

Estas obras agrega “podrán desarrollarse por APG (Autoridad Portuaria de Guayaquil) como una alternativa o complemento a las actuales instalaciones cuando los niveles de carga lo ameriten, el mismo que no tiene ninguna relación con Alinport”.

Esa última empresa fue la autorizada hace siete años para desarrollar el puerto de aguas profundas en Posorja. Pero hasta ahora las obras están detenidas. Actualmente se discute el ingreso de un nuevo inversionista para reiniciar las obras. Sería la empresa dubaití DP World, cuyo socio en el país es el conglomerado Nobis.

Muñoz indica que el objetivo de estas futuras ampliaciones de la infraestructura de Contecon sería “atender la demanda y el tráfico de cargas que lleguen al Ecuador, específicamente al hinterland de Guayaquil, una vez que la capacidad del puerto Libertador Simón Bolívar llegue al tope en un mediano o largo plazo”.

Explicó que “existen 600 metros que pueden ser preparados para la operación de más grúas tipo postpanamax. En cuanto a las zonas de almacenamiento el puerto tiene una extensión total de 110 hectáreas, a las cuales hemos solicitado a la APG la incorporación de terrenos adicionales sobre lo que estamos esperando respuesta”.

Señala que la planificación del Gobierno sobre el puerto, especificado en el Plan de Movilidad 2013-2027, afectaría si la obra se emprendiera al margen del contrato de concesión”. Además destaca que “en el momento actual, las inversiones en infraestructura y equipos, que al término del contrato (en el 2027) le pertenecerán al estado ecuatoriano, deben ser aprovechadas en todo su potencial, porque la capacidad instalada permite movilizar 1,5 millones de TEU y podría ampliarse hasta alrededor de 3 millones de TEU”.