Así lo han puesto esta mañana de manifiesto las delegadas del Gobierno y Salud y Bienestar Social, Isabel Ambrosio e Isabel Baena respectivamente, en rueda de prensa.Concretamente, Ambrosio ha destacado que la Junta quiere ayudar a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro.

La iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La delegada ha explicado que estamos viendo en el día a día, como la exclusión social está alcanzando ya a las clases medias, y afecta a personas que nunca antes habían precisado recurrir a los servicios sociales. El decreto hace especial incidencia en dos colectivos muy vulnerables como los mayores y los niños.

Isabel Ambrosio ha afirmado que se trata de desarrollar una serie de medidas paliativas, de carácter temporal porque nuestra obligación como administración pública comprometida con las personas, es ayudar dentro de nuestras posibilidades a las familias que están soportando el azote del paro y la crisis. Para la delegada hay cosas básicas que no pueden esperar ya que la situación del país es muy grave y no se puede cerrar los ojos ante esta realidad. Por ello, el presidente de a Junta quiera plantear al Gobierno de la nación la necesidad de llevar a cabo una estrategia nacional contra la exclusión social.

Por otro lado, dentro de esta primera línea de actuación, la Junta destinará otros 2,5 millones como financiación complementaria del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con necesidades de soporte de sus actividades y tareas que no se encuentran en situación de dependencia. Se estima, que en Córdoba estos 2,5 millones ayudarán a que 265 personas, en su mayoría mujeres, puedan mantener su trabajo y que, por otro lado, se pueda atender a 2.000 cordobeses que en estos momentos no tienen derecho a la ley de dependencia.

Concretamente, estos 2.000 cordobeses son personas que venían beneficiándose de las ayudas que su ayuntamiento les aportaba a través del presupuesto que el Ministerio destinaba de manera directa a las corporaciones locales en el Plan Concertado. Sin embargo, como el Gobierno central ha reducido en un 68% su aportación a este Plan, los Ayuntamientos no pueden hacer frente a las necesidades de estos vecinos que hasta ahora venían disfrutando de estas ayudas.

Asimismo, entre los 2.000 cordobeses se encuentran personas con dependencia moderada que, tras la aprobación por parte del Gobierno de Rajoy de manera unilateral del Real Decreto Ley el pasado verano, no pueden incluirse en el sistema de atención a la dependencia hasta 2015. Con la aportación de la Junta de Andalucía, se intenta que estas personas puedan hacer frente a sus necesidades más básicas. De estos 2,5 millones, la Junta estima que por ejemplo, la Diputación disponga de un total de 1,5 millones para que los 67 municipios que gestiona eviten dejar en la calle a las personas que se verán afectadas por la reducción de la intensidad horaria del servicio de Ayuda a Domicilio; o, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba dispondrá de otros 600.000 euros para este mismo fin.

Red de solidaridad y garantía alimentaria

El segundo de los ejes del Decreto Ley es el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, dotado con 16 millones de euros que se suman a los 4 millones ya recogidos en el presupuesto de la Junta. En Córdoba, este presupuesto se eleva a los 1,5 millones de euros.

Este plan consta de dos vertientes. La primera de ellas, a cargo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros y se dirige a apoyar a las entidades de voluntariado relacionadas con la recogida, acopio y distribución de alimentos, así como a las entidades locales para financiar servicios de almacenamiento y distribución de alimentos con fines solidarios. Asimismo, se pondrán en marcha mecanismos para el aprovechamiento con fines solidarios de los excedentes de productos perecederos, mediante acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución.

La segunda iniciativa, que gestionará la Consejería de Salud y Bienestar Social con un presupuesto de 12 millones de euros en Andalucía, según ha explicado Baena, se articulará a través de cuatro acciones específicas: la constitución de la Red Solidaria Alimentaria; el reforzamiento de las bonificaciones de los precios públicos de los servicios de aula matinal y comedor escolar; la ampliación del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores y la ampliación del Programa de Ayudas Económicas a las Familias.

La Red de Solidaridad Alimentaria integrará a todas aquellas entidades, organismos y colectivos interesados en proporcionar comida a las familias que lo necesiten. Se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos, incluidos los servicios de comedor en las escuelas de verano de las Zonas de Transformación Social. La dotación económica del programa es de 5,5 millones. En Córdoba, se estima que unos 5.000 menores se beneficiarán de estos servicios.

Refuerzo de las bonificaciones

También se reforzarán las bonificaciones de los precios públicos de los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar de los centros docentes públicos. Esta iniciativa tendrá un presupuesto de 2 millones de euros y para determinar los menores a los que se garantizará esta prestación será necesario un informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar. Se prevé que de los 72.000 menores que actualmente tienen bonificado el 100% del almuerzo, 46.800 puedan beneficiarse también de manera gratuita del desayuno y la merienda.

El Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, donde los mayores ya cuentan con menús a muy bajo precio, se amplía además a 12 nuevos centros. Alrededor de 12.700 personas accederán a estas ayudas durante el presente año (7.500 más que el año pasado).

La ampliación de las Ayudas Económicas a las Familias beneficiará a 17.000 hogares y 33.000 menores, con lo que esta prestación atenderá a un total de 22.552 familias y 45.259 niños. Las ayudas, con un presupuesto de 4 millones de euros, son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social

Finalmente, el Decreto Ley aprobado por el Gobierno andaluz se completa con diversas modificaciones normativas para agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, unas peticiones que se han ido incrementando en los últimos años y que han supuesto en 2012 un total de 11 millones de euros que se han repartido entre 4.761 cordobeses. Aunque no hay partida provincial de esta partida, ya que depende del número de solicitudes que se presenten, de acuerdo con el Decreto Ley, esta cantidad se verá reforzada con una dotación extraordinaria de casi 44 millones de euros.

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