Los jueces de Primera Instancia de Córdoba, responsables de la ejecución de los desahucios, anunciaron ayer la puesta en marcha de una medida que, en la práctica, supondrá la "suspensión" de los lanzamientos de viviendas. Los magistrados quieren de esta manera dar respuesta al "limbo legal" existente desde que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo declarara ilegal el sistema español de desahucios, según explicó ayer el juez decano, José Carlos Romero Roa.

Los togados cordobeses, en una junta celebrada hace unos días, barajaron varias posiblidades, como suspender todos losprocedimientos hasta que se apruebe una nueva ley o paralizar las causas en el momento concreto de la ejecución del desahucio. Los jueces acordaron, finalmente, habilitar un trámite -no incluido en la ley procesal- que permite escuchar a los deudores para que estos expliquen si sus hipotecas incluyen cláusulas abusivas, dijo Romero Roa. Los jueces insistieron en un comunicado en que, en la práctica, esto va a suponer la "suspensión de los procedimientos hasta tanto se resuelva la cuestión o la reforma de la legislación hipotecaria, prevista por el gobierno, permita el establecimiento de criterios de interpretación que ajusten el contenido de la regulación legal" a la sentencia del tribunal europeo.
El acuerdo de los jueces de Primera Instancia se refiere exclusivamente a las personas físicas y no a las jurídicas que se ven amenazados por un lanzamiento de su primera residencia. A partir de ahora, los magistrados darán conocimiento a los afectados de que tienen un plazo de 20 días para alegar que se enfrentan a cláusulas abusivas, lo que supondrá de facto un aplazamiento del desahucio.

Romero Roa explicó que, con este mecanismo, los jueces intentan dar respuesta a lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que apuntó a dos puntos conflictivos: la imposibilidad del deudor a oponerse y ofrecer su punto de vista y, por otra parte, la existencia de cláusulas abusivas. Los jueces cordobeses, a partir de ahora, no quieren tomar ninguna decisión "sin que se oiga a los ejecutados", dijo el juez decano. Los magistrados actúan así "con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y para evitar que la tramitación del procedimiento pueda producir perjuicios de imposible o difícil reparación", según consta en la providencia. El escrito recuerda a los afectados la posibilidad de recurrir a la asistencia jurídica gratuita, lo que les permite "obtener el nombramiento de procurador y abogado de oficio".

A principios de mes, el Juzgado de Primera Instancia número de 2 paralizó por primera vez en Córdoba un desahucio en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El lanzamiento, que afectaba a una mujer separada de 35 años que no podía pagar su hipoteca, debía haberse ejecutado el 4 de abril, pero quedó provisionalmente aplazado después de que los abogados que han llevado el caso presentaran ante el Juzgado de lo Mercantil una demanda de nulidad del préstamo hipotecario por contener clásulas abusivas.

La vivienda de la afectada salió a subasta y fue adjudicada a una entidad financiera. La sentencia europea da luz verde a los jueces españoles para que paralicen todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria en los que consideren que las hipotecas firmadas por los afectados contienen cláusulas o condiciones abusivas, como intereses de demora o vencimientos anticipados del préstamo. El fallo del tribunal europeo es aplicable desde el 14 de marzo, aunque su aplicación es irregular en todo el territorio español debido al "limbo jurídico" existente -en palabras del juez decano- y a que, en última instancia, cada magistrado tiene la posibilidad de actuar según su criterio.