El Gobierno andaluz está trabajando en "una iniciativa legislativa de protección del deudor vulnerable", una ambiciosa reforma legal que busca "defender de forma más intensa" a las principales víctimas de la crisis.

El plan se sustenta en cuatro medidas de fuerte impacto: primero, "elevar el mínimo inembargable que permita garantizar una renta vital digna" a los ciudadanos. El Estatuto de los Trabajadores estipula que si un empleado está sometido a un proceso de embargo por el impago de una hipoteca, el juez no podría embargarle todo el sueldo, sino que debería respetar un límite, que actualmente está fijado en el salario mínimo interprofesional (645,30 euros). Lo que plantea ahora la Junta es aumentar ese tope, recuperando así una iniciativa que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, cuatro meses antes de perder las elecciones generales. Zapatero aumentó el mínimo de ingresos familiares no embargables en una ejecución hipotecaria de 705 a 961 euros.

La segunda medida va dirigida a los autónomos y pymes, que conforman el 98% del tejido productivo andaluz. A ellos "se les permitiría que, en una situación de imposibilidad para hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas queden extinguidas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero". La batería legislativa que abandera la Junta fue presentada con detalle por el presidente José Antonio Griñán, el jueves pasado, en una conferencia en el Club Información de Alicante. La idea para proteger a las pymes pasa por una especie de condonación o una quita para que en los procesos de quiebra no se vea expuesto el patrimonio no afectado por dicha quiebra. "Esta medida existe desde hace décadas en Estados Unidos y ha sido una de las causas del resurgimiento de la actividad profesional y empresarial en este país", aseguró Griñán en la conferencia.

La tercera medida pretende proteger los derechos de los asalariados ante posibles despidos o expedientes de regulación de empleo, para lo cual se "reforzarán los privilegios salariales y de la indemnización por despido en la ejecución singular o concursal, pues la condición de asalariado concurre en muchísimos casos con el deudor vulnerable". Esta medida es la de "más difícil encaje legal", porque choca con las directrices de la reforma laboral, que establece la indemnización por despido en 20 días por año. La Junta es la administración que debe autorizar un ERE en Andalucía, pero no está claro hasta dónde podría ejercer su autoridad en ese proceso.

Por último, con la cuarta medida se estudia la posibilidad de la "extensión retroactiva", del 2011 al 2008, de una ley más proteccionista con los consumidores de productos financieros. "Ni que decir tiene que la aplicación de todas estas medidas exige la buena fe del deudor vulnerable y la ausencia de fraude de acreedores", concluye Griñán.

DUDAS LEGALES Estas iniciativas de protección al deudor vulnerable podrían ir enmarcadas en el decreto ley de lucha contra la exclusión social, que será aprobado en Consejo de Gobierno la semana que viene. Pero el gabinete jurídico de la Junta aún estudia hasta dónde puede llegar sin rebasar el límite de sus competencias. La iniciativa legislativa que presentó Griñán introduce "modificaciones en la legislación de derecho privado, fundamentalmente, derecho civil, mercantil y laboral". Se trata de "construir un derecho privado que sea realmente coherente con el artículo 1 de la Constitución (...) que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", dijo Griñán.

Fuentes de la Junta explican que si alguna de estas medidas "se escapa del Parlamento andaluz y de las competencias autonómicas, se llevará al Congreso" a través de una iniciativa que tendría que presentar el PSOE federal. "Pero el trabajo que se está haciendo para buscar una solución integral al problema parte de la Junta", apuntan. El propio Griñán, en una entrevista publicada ayer, reconocía: "No sabemos aún si abordaremos estas medidas a través de una normativa o impulsando una iniciativa en el Congreso".

La iniciativa legislativa complementará el decreto ley contra la exclusión social, que también persigue extender la red de cuidadores de personas en situación de dependencia, actualizar la renta básica para personas sin ningún tipo de ingresos o garantizar tres comidas al día a los niños que vivan por debajo del umbral de la pobreza. En la entrevista, Griñán también defendió el decreto antidesahucios ("no es un parche", dijo), que permite expropiar pisos a los bancos para evitar desalojos, y avanzó que el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2013/2016 será aprobado en primavera.

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