Ocho pesos pesados del Senado de EEUU han alcanzado un acuerdo para promover una reforma de la regulación de la inmigración en EEUU que podría abrir la puerta a que 11 millones de ilegales adquieran la nacionalidad estadounidense.

El acuerdo establece que, una vez que EEUU refuerce sus controles fronterizos, se iniciará el proceso de regularización. Se trata de un matiz importante porque hay que identificar, primero, cómo se van a reforzar esos controles. Y, además, desde el estallido de la crisis financiera en 2007, EEUU apenas ha recibido inmigración de América Latina.

El pacto ha sido alcanzado por los senadores Dick Durbin y Chuck Schumer ('números dos y tres' de los demócratas, respectivamente), Bob Menendez (presidente del Comité de Relaciones Exteriores) y Michael Bennet, por el Partido Demócrata. Por el lado republicano están el candidato a la Presidencia en 2008, John McCain; el miembro del Tea Party y presidenciable en 2016, Marco Rubio; y Lindsey Graham y Jeff Flake.

Es la primera vez que la reforma inmigratoria se plantea seriamente desde que en 2007 un plan similar de George W. Bush se estrelló en el Congreso. Ahora, el plan obedece a la necesidad de ambos partidos de lograr el voto latino. La creciente importancia de los hispanohablantes y sus descendientes ha llevado a los demócratas a apostar por ellos en detrimento de los sindicatos, que tradicionalmente se han opuesto a la regularización de los inmigrantes ya que éstos no suelen afiliarse y además 'tiran' de los salarios hacia abajo. A su vez, el catastrófico resultado de los republicanos con esa comunidad en las pasadas elecciones de noviembre les ha llevado a replantearse su oposición a la inmigración.